El viernes 29 de noviembre de 2019, en las páginas de ZETA publicamos el caso de la corrupción en la administración del gobierno de Jaime Bonilla Valdez. El primero en el primer gobierno de Movimiento Regeneración Nacional en Baja California.
Se trató del caso que había estado comentándose, pero no investigándose, de los moches que un trío de funcionarios públicos habían pedido a empresarios locales durante el tiempo de transición y una vez iniciado el gobierno, para presuntamente hacer obras a nombre del Voluntariado Gente Como Tú con Bonilla, a cambio de entregarles contratos con el Gobierno del Estado.
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El mismo viernes 29 de noviembre dimitió la entonces secretaria de Bienestar, Cinthya Gissel García Soberanes, aunque molesto por la revelación, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó públicamente que esta había “caído en coma” debido a las publicaciones. Más adelante se sabría que ciertamente ingresó al hospital privado Del Prado, pero por un ataque de pánico. Si los tiempos son como presumen en el gobierno de Bonilla, desde su cama de hospital, García solicitó licencia a su cargo.
Al día siguiente se separó de la titularidad de Oficialía Mayor, otro de los funcionarios mencionados en la trama de los moches, Jesús Núñez. A este ex funcionario no lo enfermaron, le aceptaron la renuncia y hasta ahí.
Solo un funcionario no fue separado del cargo, ni por voluntad propia, ni por la del gobernador Jaime Bonilla: Amador Rodríguez Lozano.
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Para el 1 de diciembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya había iniciado una carpeta de investigación sobre la corrupción en el gobierno de Bonilla. El fiscal general Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, comisionó a Pedro Mendívil, vicefiscal regional en Mexicali, para hacerse cargo de la investigación.
Sin embargo, apresurados los trabajos en el Congreso del Estado, el 20 de diciembre eligieron de entre una terna, a Olga Elizabeth Mayoral como titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, una suerte de órgano autónomo, tanto al gobierno como a la Fiscalía, para investigar los actos de corrupción en el Estado. En ese momento, refiere la Fiscalía General del Estado, cerró la carpeta de investigación sobre los moches (también la que presentó ante esa instancia el propio Amador Rodríguez contra Francisco Vega por facturas falsas por más de 2 mil millones de pesos), porque ya era facultad de la Fiscalía Anticorrupción.
Claramente, el fiscal dejó de investigar los moches. Y también muy evidente fue que la Fiscalía Anticorrupción no los investigó. Vaya, que ni siquiera solicitó la carpeta de investigación para continuar Mayoral la indagación.
Total, de ser cierta la versión de la Fiscalía, del 20 de diciembre de 2019 al 29 de enero de 2020, cuando la fiscal Anticorrupción renunció al cargo luego que no obtuvo apoyo por parte del Gobierno del Estado (de donde saldría el recurso para sostener su entidad), ni del Congreso (que no le proporcionó personalidad jurídica), ni de la FGE (de dónde saldrían los bienes y el personal para la Fiscalía Anticorrupción), en la investigación de los moches no se movió una hoja.
Ahora explican que ante la falta de fiscal Anticorrupción, la investigación de los moches (y la de “Kiko” también), regresa a la Fiscalía General del Estado, o mejor dicho, reabren la carpeta que habían dejado en el olvido “porque ya no era su facultad”. ¿Se entiende?
En este galimatías legal lo que intentan decir es que durante más de un mes no se investigó nada respecto los actos de corrupción en la administración de Jaime Bonilla, y que esto se hará en tanto el Congreso del Estado no nombre a un nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, que existe pero no existe, está en el papel pero no físicamente.
Ahora el fiscal estatal iniciará otra batalla de poder contra el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, por la Fiscalía Anticorrupción. Ha dicho el abogado, a quien se lo ha preguntado, que la Anticorrupción debe estar en la estructura de la FGE, que así es como aparece en la estructura de la Fiscalía General de la República (en la cual se basaron en los estados), pues no puede haber un órgano autónomo del autónomo. O sea, si la FGE ya es autónoma, ahí debe estar la Anticorrupción.
Pero en la dinámica local de la lucha por el poder, Rodríguez Lozano modificó la iniciativa original de creación de la FGE, retirando de su facultad el Sistema Estatal Penitenciario (se quedó con este) y las fiscalías Anticorrupción y contra Delitos Electorales (donde pretende ubicar a los suyos).
El fiscal Ruiz Hernández ha dicho que pedirá al gobernador que envíe una iniciativa para que las dos fiscalías, Anticorrupción y contra Delitos Electorales, sean integradas a la FGE, como fue el plan original de Morena en Baja California, pues con el fracaso de la Anticorrupción, está demostrado que ni existen las leyes, ni los diputados hicieron el reglamento, ni se tienen los recursos, ni la infraestructura, ni el personal para hacer otras dos fiscalías autónomas a la ya existente.
Y mientras se ponen de acuerdo en si las dejan autónomas de la autónoma, o las envían a la estructura de la FGE, siguen sin existir en Baja California, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía contra Delitos Electorales, y por lo tanto, casos como los moches en el gobierno de Bonilla, que ya causaron la baja de dos funcionarios de primer nivel, se mantienen en la impunidad. Más de lo mismo, pues.
A los suyos no los investigan, aunque en el caso del gobernador Jaime Bonilla, ni a los ajenos, pues al igual que la investigación de los moches, la de las facturas falsas de “Kiko” Vega también estuvo en la congeladora.
A ver qué pasa, pero de que hay corrupción e impunidad, hay…
