Lo amenaza el narco

Foto: Especial Zeta.- Carlos Alberto Flores Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación
 
Reportajez lunes, 3 febrero, 2020 01:00 PM

El resultado de un cateo realizado por elementos de la GESI en Viñas del Mar el 6 de enero, es el origen de los ataques a los elementos de la Guardia Estatal y de las narcomantas del 24 de enero en las que acusan corrupción del comisionado de la GESI, Carlos Flores; del coordinador de Agencia Estatal de Investigación, Luis Flores Fierro; y del coordinador Antonio Cruz Medina. Autoridades aseguran, fue porque se negaron a entregarle la droga a “Cabo 20”, y entre la tropa circula la versión extraoficial de que los uniformados robaron droga y dinero

El presunto  robo de cocaína y dinero en un cateo en el fraccionamiento Viñas del Mar, y la venganza del narcotráfico por la captura de Daniel Aurelio González García “Dani” y Edgar Castillo Cabrera “Rocky”, integrantes  de “la estructura financiera y logística del Cártel Arellano Félix (CAF), son las dos hipótesis en torno a las cinco narcomantas colgadas en diversos caminos de Tijuana el viernes 24 de enero en contra de  Carlos Alberto Flores, comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).

Por lo menos cinco mensajes de presuntos criminales, manifestando con palabras altisonantes su odio en contra de Flores, en los que sugieren actos de corrupción generalizada.

“Les dieron más poder y permiso para robar”, y acusan directamente a dos de los mandos traídos de Ciudad de México: Luis Flores Fierros, coordinador de la Agencia Estatal de Investigación y José Antonio Cruz Medina, coordinador de la GESI.

Además, cuestionan al “señor” gobernador Jaime Bonilla Valdez, el fiscal general Juan Guillermo Ruíz Hernández y  al fiscal central del Estado, Hiram Sánchez Zamora, por traer al comisionado a Baja California y dejarlo trabajar.

TITI RUIZ Y HIRAN SANCHEZ ZAMORA CALMEN A SU PUTA *CARLOS FLORES* YA SABEN COMO SE HACEN LAS COSAS AQUI EN TIJUANA, USTEDES SON DE AQUÍ O SE CALMAL O LES  HACEMOS UN COCHINERO”, se leyó en la primera narcomanta.

La siguiente fue más extensa:

“CARLOS ALBERTO FLORES NO VAS A VENIR A HACER TU DESMADRE COMO LO SUCEDIDO EN CULIACAN EN CONTRA DE OVIDIO Y A LA CIUDADANIA AQUI TE TOPAS RECUERDA QUE TIENES FAM. EN BAJA CALIFORNIA Y USTEDES *JOSE ANTONIO CRUZ

Agentes de GESI, fuera de peligro; presuntos responsables, vinculados a proceso

 Una semana después del ataque armado del que fueron presa los agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Jorge Alberto Velázquez Ornelas, Rubén Moreno Germán, Rogelio Estrada Pérez, Hugo Leonardo Muñoz Galván y José Manuel Camacho Vázquez, estos e encuentran fuera de peligro y en espera de indicaciones sobre las nuevas tareas que les serán asignadas. Mientras que los probables responsables fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los días consecutivos a la agresión sufrida la noche del miércoles 22 de enero afuera de un local de hot dogs, ubicado en Bulevar Díaz Ordaz y Bernardo O’Higgins, cada uno de los agentes fueron dados de alta del Hospital Issstecali, adonde habían sido llevados para ser atendidos. Aunque ninguno de ellos con lesiones de gravedad, todavía están en espera de estudios médicos que confirmen su estado de salud.

Algunos recibieron lesiones en hombro y pecho, como Velázquez Ornelas, en brazo y rozones de proyectiles en cara, Estrada Pérez; en tanto que Camacho Vázquez y Moreno Germán recibieron impactos de arma de fuego en las piernas. Muñoz Galván solo resultó lesionado en una oreja.

En el incidente, el agente de la GESI, Marco Antonio Reyes Nahon, de 36 años; y el comerciante Jesús Héctor Cabrera Mendoza de 56, fueron privados de la vida.

Ocho días después, miércoles 29, se realizó la audiencia de vinculación a proceso en contra de los presuntos responsables: Christian Alejandro Zamudio Martínez, Juan Ramón Salazar de la Cruz, también identificado como David Salazar, Juan Manuel González Velázquez; y Bryan Salvador Rocha Rojo (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).

Los testimonios recolectados de cuatro de los cinco agentes sobrevivientes, dejó de manifiesto que la noche de la agresión, los responsables viajaban en un vehículo Honda Pilot color guinda que contaba con reporte de robo, disminuyeron la velocidad cuando estaban a la altura de los agentes. Por las ventanas del vehículo, tres de los tripulantes sacaron la mitad del cuerpo y dispararon en repetidas ocasiones, para huir hacia la calle Jauja, donde fueron detenidos.

A los imputados se les encontró en posesión de dos armas largas, AR-15 y AK-47, además de dos chalecos antibalas color olivo y una llave para abrir esposas. Los cuatro tienen antecedentes por el delito de robo.

La juzgadora Claudia Pamela Tom Jiménez determinó la vinculación a proceso, otorgándoles prisión preventiva como medida cautelar y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

La defensa a cargo de Felipe Alfredo Vázquez Vara, señaló arbitrariedades en el caso, como el posible uso de la fuerza en contra de los imputados, además de la detención de Juan Manuel González Velázquez, a quien testigos consultados identificaron como recolector de basura.

Argumentó que sus clientes fueron violentados por los abogados de oficio, quienes permitieron se les hiciera la prueba de Rodizonato de Sodio para detectar los niveles de pólvora, la cual resultó negativa, pero debió ser solicitada por un juez.

MEDINA Y LUIS FLORES FIERRO* DEJEN DE ANDAR DE ALCAHUETES Y DEJEN DE COBRARLE PLAZA A GENTE QUE NO ES SUYA COMO LOS FAYUQUEROS DE ENSENADA PINCHES ‘CHILANGOS’”.

La dirigida al gobernador refirió incluso una promesa de campaña:

“SEÑOR BONILLA SE TRAJO A CARLOS ALBERTO FLORES QUE HIZO EL COLIACANAZO LOS PEPOS HOY GUARDIA ESTATAL MICHOS AÑOS SE LES PERMITIÓ TORTURAR Y ROBAR A LA GENTE DE TIJUANA EL GOBIERNO ENTRANTE PROMETÍO DESAPARECER LA PEP Y SOLO LES DIO MAS PODER Y PERMISO PARA ROBAR”. Las otras dos, informaron, iban en el mismo sentido.

“Son los mismos responsables del atentado”, respondieron desde los mandos de la GESI, “es el resultado del combate a grupos delictivos”, dijeron al ser cuestionados respecto al móvil de las mantas el mismo viernes.

Se refirieron al ataque armado cometido la noche del miércoles 22 de enero, atribuido por las autoridades a la célula encabezada por Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito” con David López Jiménez “Cabo 20” y José Cristian Gómez Rosales “El Pitey” como operadores delictivos, socios criminales de “Dani” y “Rocky”.  Atentado criminal en el que fueron heridos los agentes  Rubén Moreno Germán, Hugo Muñoz Galván, Jorge Alberto Velázquez Ornelas,  José Manuel Camacho Vázquez y Rogelio Estrada Pérez, y asesinados el agente Marco Antonio Reyes Nahon y el civil Jesús Héctor Cabrera Mendoza, frente a un puesto de hot dogs  en la delegación La Mesa en Tijuana.

Horas después surgió una versión extraoficial entre la tropa. Las frases  recurrentes fueron “Se comieron algo” o “Se robaron, mita y mita”, para después explicar que sucedió en el operativo realizado el 6 de enero, pero cuyos resultados se plasmaron en un comunicado emitido el 9 de enero, informando de un cateo realizado en un inmueble de la colonia Viñas del Mar, donde Sedena, GESI, AEI, GN Y  SSPM Tijuana habían decomisado 360 kilos de cristal y marihuana. Versión que fue rechazada desde las áreas operativas de la GESI.

 

CARLOS FLORES, ATAQUES POR DETENCIONES

Se conversó muy brevemente con el comisionado de la GESI, Carlos Alberto Flores, respecto a los señalamientos en las mantas, de entrada respecto a Luis Flores Fierros, coordinador de Agencia Estatal de Investigación (AEI) y José Antonio Cruz Medina, coordinador de la GESI.  “No encuentro relación, ni vínculos -delictivos- hasta este momento”, precisó.

De las acusaciones en su contra, puntualizó que es por el trabajo y que él se remite a la sucesión de capturas que la GESI ha realizado,

 

DEL CATEO Y EL “BAJE”

De acuerdo a policías del Estado,  el lunes 6 de enero -sin precisar hora- la patrulla balizada de la GESI, con número 1093, estaba en las inmediaciones de la colonia Viñas del Mar. Minutos más tarde, llegaron más elementos de la GESI en camionetas blancas; la presencia de camionetas sospechosas fue denunciada, pero no hubo reacción del resto de las corporaciones porque el grupo estaba en operativo oficial.

En el transcurso de la noche, surgieron versiones de testigos que aseguraron haberlos visto “entrar y sacar bultos, y meterlos a los carros blancos”, pero no a la patrulla. “El reclamo criminal es porque aseguran que entre esos bultos se llevaron gran cantidad de cocaína y dinero, además, al día siguiente no informaron nada en la Mesas de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y la Seguridad”.

El cateo tuvo lugar en Privada Emilia frente a la Casa Club del fraccionamiento Viñas del Mar. La GESI lo anunció tres días después -9 de enero- en un boletín:

“Con la información obtenida tras la detención de integrantes del citado grupo criminal, se generó la detección de un predio donde presuntamente se resguardaba droga.

“Tras liberarse el mandamiento judicial se ejecutó la orden de cateo, lo cual fue resultado de la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Atención al Narcomenudeo, tras lo cual las corporaciones decomisaron lo siguiente:

“184 kilogramos de marihuana y 176 kilogramos de ‘cristal’, así como libretas, pagos de recibos varios, báscula gramera y llaves del inmueble”.

Calcularon que el decomiso provocó un  daño económico contra el grupo delictivo estimado en 4 millones 631 mil 578 dólares.

En cuanto a quienes presuntamente recibieron y repartieron las ganancias de lo robado a los criminales, mencionaron al agente León Beltrán, quien no ha tenido problemas al

Por detención ilegal dejan libre a hermano de “El Pitey”

 Diego Armando Gómez Rosales, hermano de José Cristian Gómez Rosales “El Pitey”, operador delictivo de la célula de David López Jiménez “Cabo 20”, fue liberado la tarde del jueves 30 de enero, tras audiencia de vinculación a proceso en la que se determinó, la suya y de cuatro hombres más la noche del 22 de enero, fue una detención ilegal.

Además de Gómez Rosales, quedaron en libertad  Samir Isaí Almonte Salinas “Sucro” o “Talibán”, presunto sicario de “Cabo 20”; José Luis Rivera Alatorre “El Negro”; Sergio Fernando Araujo Torres y Antonio Alejandro Jaramillo Cruz, quienes fueron detenidos en posesión de dos armas largas, dos armas cortas, siete portaplacas balísticos, 495 envoltorios de marihuana, 518 envoltorios de un polvo blanco, una bolsa con la droga conocida como cristal y 20 cargadores de diversos calibres.

En la audiencia llevada a cabo ayer jueves en el Centro de Justicia Penal Federal de Baja California por el Juez de Distrito, Fausto Ronaldo González Urzaiz, el abogado defensor Felipe Alfredo Vázquez Vara presentó la declaración de los imputados, así como el testimonio de seis testigos entre vecinos y familiares que indicaron que los cinco asegurados fueron sacados de sus casas por agentes de la Policía, quienes los detuvieron de forma ilegal; presuntamente los torturaron la madrugada del 23 de enero.

Durante la audiencia, Vázquez Vara exhibió una serie de testimonios en los que se sustentó que hubo un operativo por parte de policías entre la una y siete de la mañana del 23 de enero en la colonia Sánchez Taboada. Durante esa operación, los oficiales ingresaron a las casas de cada uno de los detenidos, quienes sí se conocían entre sí, pero fueron trasladados a la autoridad de manera individual.

El proceso no ha finalizado, por lo que un agente del Ministerio Público se encargará de la investigación para recabar evidencias y testimonios para la siguiente audiencia.

interior ni denuncias graves. A  la fecha su expediente solo contiene una investigación por abuso de autoridad. “Él repartió y reparte hacia arriba”, y se refirieron al coordinador de la GESI, Antonio Cruz.

“Pero el problema es más grande porque Fierro -Luis Flores Fierros, coordinador de la AEI ya le estiró la mano a Sinaloa”, específicamente a René Arzate, “y fue gente local la que lo contactó”, expusieron desde el interior de la Fiscalía General del Estado.

VENGANZA DEL CAF, DE  “EL FLAQUITO”

Los mandos y grupos operativos de la GESI coinciden en que el tema del cateo está relacionado con las narcomantas “y con el ataque a los policías el 22 de enero”.

Lo primero, porque los detenidos que “dieron la ubicación de la casa del aseguramiento, diciendo que había droga”, fueron precisamente los operadores financieros de “El Flaquito”: Daniel Aurelio González García “Dani” y Edgar Castillo Cabrera “Rocky”, detenidos el 6 de enero, Día en que ingresaron a la casa.

Ambos fueron identificados como  “… parte de su estructura financiera y logística, encargados de mover grandes cantidades de dinero, de pagos de sobornos y la administración de cuentas bancarias, cobro y venta de droga, extorsiones, entre otras actividades”.

Y con relación al atentado,  porque una de las unidades baleadas en el ataque del 22 de enero fue la 1093, la misma que estuvo en el cateo, al igual que el agente asesinado en ese atentado, Marco Antonio Reyes Nahon.

Pero este agente originario de la Policía Estatal no participó de manera directa en el cateo. “Respondió a un  llamado ese lunes,  porque estaba cerca de la zona y cumplió con la orden de dar seguridad perimetral en la zona, fue lo único que hizo, él no entró a la casa”, explicaron, además de aclarar que los oficiales que realizan operativos y cateo proceden de la Policía Federal.

“El domicilio se mantuvo resguardado y nadie ingresó previo a obtener la orden de cateo,

nadie esperaba encontrar tales cantidades de droga -184 kilogramos de marihuana-, todo lo que se encontró se puso a disposición”, aseveraron.

Fuga de lujo: tres reos son apoyados por custodios y huyen en vehículo oficial

La fuga quedó grabada en video. Tres custodios del Reclusorio Sur,  ayudaron en el escape y huida en un vehículo oficial de Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud; además de Yael Osuna Navarro, proveniente de Nayarit y acusado de asociación delictuosa.

De acuerdo a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, eran las 7:45 am del 29 de enero cuando se realizó el pase de lista, y a las 8:00 am, durante el inicio del tercer turno, se reportó la falta de los tres internos, activándose el protocolo correspondiente.

“La información muestra que hubo colusión de custodios del segundo turno, ya están sujetos a investigación en la Fiscalía”, expresó ante medios de comunicación la funcionaria, aclarándoles que las autoridades capitalinas pidieron la renuncia del director del penal, así como del encargado de seguridad y custodios.

Rodríguez indicó que las cámaras de seguridad instaladas en las áreas 1 y 2 captaron el momento en que se daba una “situación irregular a todas luces” entre cinco internos y tres custodios. Tras una revisión física en las celdas, se descubrió que las esclusas y puertas que comunicaban las celdas de los ahora prófugos estaban sin candados y abiertas.

“Se cortó un barrote de seguridad donde se infiere que los evadidos descendieron 1.5 metros a un área común, y con cizallas cortaron la malla para salir a la parte superior del muro perimetral del reclusorio, para de ahí bajar al área de vehículos”, complementó.

Para las cinco de la mañana del miércoles, se registró la salida de un vehículo de traslado del penal, el cual partió rumbo al Hospital Rubén Leñero, adonde se llevaría a un recluso. Después, la unidad regresó al centro penitenciario.

“Nosotros no hacemos ningún compromiso ni acuerdo con mafiosos, llegaremos a las últimas consecuencias en este caso. Quiero que se muestre toda la información que tenemos, qué ocurrió, para que se conozca, se haga toda la investigación y se llegue a sus últimas consecuencias”, enfatizó por su parte  la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras que el Presidente Andrés López Obrador señaló en conferencia matutina que la fuga de los tres reos “estuvo muy rara” y deberá investigarse.

Víctor Félix Beltrán, uno de los fugados, es identificado por las autoridades mexicanas como el principal operador financiero de los hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, además de cuñado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

“El Vic” fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal la madrugada del 26 de octubre de 2019, en el complejo habitacional B-Grand Lomas. El 30 de octubre, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en CDMX concedió a Félix Beltrán una suspensión en el juicio de amparo 889/2017 contra cualquier orden de extradición a Estados Unidos.

Actualmente hay 160 agentes de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP) en una lista para revisión interna, nadie esperaba encontrar tales cantidades de droga -184 kilogramos de marihuana-, todo lo que se encontró se puso a disposición”, aseveraron.

Actualmente hay 160 agentes de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP) en una lista para revisión interna, “se dice que agarran dinero, que roban droga, que tienen acuerdos, pero no hay elementos de prueba suficiente”.

Vehículo de Derek fue localizado en Ensenada

Derek Lamar Brinker.

El vehículo de Derek Lamar Brinker, una de las presuntas víctimas localizadas en la casa de la colonia Obrera en Tijuana, fue encontrado desmantelado en Ensenada. Al parecer fue vendido por el presunto multihomicida Santiago Rizo Avelar.

Información obtenida por ZETA refiere que el vehículo fue ubicado el miércoles 29 de enero por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE). La camioneta del estadounidense ya se encontraba desmantelada y los propios agentes están interrogando a las personas que compraron la unidad para robustecer la investigación.

Lo que los agentes no han podido confirmar hasta el momento, es si Rizo Avelar robó el vehículo, pero cuentan con información que por lo menos fue él quien lo vendió a una tercera persona.

Incluso, otra fuente asegura que el norteamericano se enteró que Rizo Avelar tenía su vehículo en un domicilio de la colonia Obrera, por lo que fue a reclamar para que se lo regresara. Esta versión no fue confirmada por la autoridad.

El hallazgo de los cuerpos

Al hacer un cateo en un domicilio ubicado en la calle Donato Guerra número 145, Colonia Obrera segunda sección, las autoridades descubrieron los cadáveres de cinco personas, entre ellos los de Jesús Rubén López Guillén, de 70 años de edad, María Teresa López, de 65; María Guadalupe García, de 53, y Guillermo Cabezas Melgoza, de 57.  Se presume que el quinto cuerpo encontrado allí, corresponde a Derek Lamar Brinker, de 60 años, reportado como desaparecido en diciembre de 2019,  ya que en el sitio fueron encontrados documentos a su nombre.

La FGE está en espera de los resultados de las muestras biológicas, pero hay datos que coinciden para presumir que se trate de Lamar Brinker, originario de Los Ángeles, California y residente de Tijuana desde hace varios años, aunque laboraba en su país de origen.

Santiago Rizo Avelar fue detenido por ser el presunto responsable del asesinato de cinco personas localizadas al interior del predio. Fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.

Reyes Nahon había participado el 14 de enero en la captura de Manuel Gutiérrez y Juan Pacheco, ex militares operadores de  “Cabo 20”, asegurados con un arma de fuego y quienes amenazaron la vida del oficial durante el operativo de captura.

 

“CABO 20”, INCONFORME PORQUE NO LE REGRESARON LA DROGA

De la molestia de los operadores del CAF por la detención de González y Castillo, así como por el cateo, existe constancia en un expediente ministerial, porque la esposa de “Rocky” comunicó al Ministerio Público con un hombre que se identificó como David López Jiménez “Cabo 20” o “El Lobo”, quien pedía le regresaran su droga del cateo; estaba en altavoz.

“Como no se accedió, hizo muchas amenazas, ante las agresiones le colgaron, pero se inició un expediente. Se sabe que a finales del año pasado la Policía Municipal de Tijuana, por orden de uno de los jefes, le regresó muchos kilos de droga a uno de sus operadores conocido como ‘El Negro’, su reacción ahora es porque no pudo hacer lo mismo”, concluyó uno de los investigadores.

“Suponemos que pueda haber algún elemento que sí estaba beneficiándose de proteger la zona de Viñas del Mar donde se cateó, y al momento de realizar el operativo hubo una repuesta, pero esos acuerdos, si los tienen, no es con ninguno de los agentes que intervinieron en el aseguramiento”.

En este sentido, saben de la existencia de un grupo de policías dedicados a robar droga y extorsionar punteros y tiradores, reúnen la droga, luego la venden y uno de ellos reparte el dinero entro todos. Ejemplificaron con Jesús Fernando Ramírez Castro “Chicharito”, capturado el 22 de enero presuntamente en un intercambio de droga y dinero del CAF.

Fue liberado porque el abogado presentó un video en el que probó que al momento de redactar el Informe Policial Homologado, el ministerial estaba en un sitio distinto al mencionado, así que la detención se calificó de ilegal porque la información de la Fiscalía “presentó inconsistencias en cuanto la detención de los imputados”.

 

CRIMINALES SIGUIERON A LA UNIDAD 1093

A las dos de la tarde del 22 de enero, día del atentado, la patrulla 1093 llegó a la base del C4 de Tijuana; dos horas más tarde la movieron dentro de las instalaciones, y hasta las 9:30 pm salió a la calle. Fueron directo al puesto de hot dogs, usaron la unidad solo para ir a comer.

Detenidos como presuntos responsables tras la balacera, Christian Alejandro Zamudio, Jorge Ramón Salazar Cruz,  Juan Manuel González Velázquez y Brayan Salvador Rocha Rojo, informaron que recibieron las armas en la colonia Sánchez Taboada. Se las entregó Isaí Almonte Salinas “El Sucro” y/o “El Talibán”  identificado por las áreas de inteligencia

como homicida al servicio de “Cabo 20”. Desde esa zona, durante 15 minutos siguieron instrucciones telefónicas que los fueron guiando hasta que los llevaron frente a la patrulla y les dijeron que dispararan.

“Por la movilidad de la patrulla suponemos que alguien les avisó cuando la unidad salió de C4 y adónde llegó”, se informó.

Los presuntos implicados explicaron que las armas usadas contra los uniformados fueron traídas de Ensenada. El análisis pericial determinó  que están vinculadas en seis carpetas de investigación por homicidio calificado: cinco en Tijuana -cuatro de estas en Sánchez Taboada- y el sexto asesinato en Ensenada; uno perpetrado en 2018 y los otros cinco en 2019.

Descubrimiento de narcotúnel en San Diego no ha producido arrestos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer el hallazgo de un túnel transfronterizo, considerado “el más largo” que se ha descubierto en San Diego, California.

Con 1. 3 kilómetros de longitud, el pasadizo tiene origen en Tijuana, Baja California, “aproximadamente un kilómetro o media milla al Oeste del Puerto de Entrada de la Garita de la Mesa de Otay”.

Su acceso se localiza entre el Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez” y un negocio de venta de gas. El conducto se despliega a una profundidad promedio de 21.3 metros. Mide 1.68 metros de alto y 0.61 metros de ancho. Está provisto de elevador, rieles, ventilación, cables y paneles eléctricos, así como “un complejo sistema de drenaje”.

De acuerdo con el jefe de patrulla adjunto, Aaron M. Heike, se trata de un narcotúnel “de alto nivel”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que tras meses de investigación, “el equipo que combate túneles transfronterizos en San Diego (SDTTF), integrado por agentes de USBP, HSI, DEA y USAO, dio con la ubicación del pasaje”.

Un desvío del túnel fue encontrado a 3 mil 529 pies de la frontera con México, mientras que la supuesta salida (del eje principal) se ubicó en otra cuadra de la ciudad, en el distrito de almacenes de Otay Mesa, California, donde agentes hallaron costales de arena tapando el presunto escape.

Posterior al descubrimiento, el cual se produjo a finales de agosto de 2019, autoridades mexicanas localizaron la entrada al conducto y SDTTF comenzó a evaluarlo desde territorio mexicano.

En septiembre, medios locales dieron a conocer la localización de un narcotúnel en un predio presuntamente destinado al “almacenamiento de tráileres”, sobre Avenida Aeropuerto. Heike confirmó que se trata del corredor en cuestión.

En conferencia de prensa, el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), John W. Callery, señaló que ante el reforzamiento de la seguridad en la franja sur de la frontera estadounidense, los cárteles mexicanos se han visto obligados a contrabandear narcóticos letales por vía subterránea.

Detalló que el túnel constituye una drástica señal de lo serio que es el problema de la droga y de cómo las organizaciones delictivas se arriesgan e invierten grandes cantidades de dinero para introducir sustancias como fentanilo y metanfetamina a Norteamérica.

Alertó que el martes 28 de enero se registró un caso de sobredosis de heroína en Carlsbad, en el Condado de San Diego.

A su vez, Aaron M. Heike mencionó que no podía confirmar qué cártel o cárteles pudieron haber usado el pasaje. En ese sentido, reconoció que tampoco ha habido detenciones.

Justificó que las autoridades norteamericanas no dieron a conocer el hallazgo desde que este tuvo lugar, en un afán de proteger la investigación, aunque también admitió que las indagaciones aún no concluyen.

Para concluir, Heike dijo a ZETA no tener idea exacta de cuánto costó desarrollar el túnel, como tampoco del equipo implementado para construirlo, aunque según compartió el vocero de la Patrulla Fronteriza en San Diego, Fabián Carvajal, construcciones de esa índole superan el millón de dólares.

Desde 1990 se han encontrado 71 túneles en San Diego. Previo al descubrimiento dado a conocer el reciente 29 de enero, el túnel más largo era el localizado en 2014, de una longitud de 904 metros.

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