Trafican cocaína en API Ensenada

Fotos: Especial Zeta
 
Edición Impresa lunes, 3 febrero, 2020 01:00 PM

Cinco trabajadores ejecutados en cinco meses, todos empleados del puerto, desataron temor entre el personal; muchos renunciaron o no se han presentado a trabajar. Investigaciones apuntan a una guerra por la plaza. Administración Portuaria Integral enfrenta problemas para operar, al tiempo que mantiene un operativo de seguridad

 

El control por el tráfico de cocaína vía marítima tiene enfrentados a dos cárteles de la droga en el recinto portuario de Ensenada, donde cinco empleados de Administración Portuaria Integral (API) han sido asesinados a disparos en los últimos cinco meses.

La pugna inició el 22 de agosto de 2019, con la aparición de cinco narcomantas en la ciudad de Ensenada, dirigidas a Víctor Manuel Padilla “El Chatarras” y agentes de diversas corporaciones.

De acuerdo con información que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), Padilla recibe la cocaína que baja en contenedores que llegan al puerto de Ensenada y siguen la ruta de  distribución bajo contrato con empresas transportistas.

Un personaje apodado “El Marino” ha intentado cobrar piso a Padilla y, al negarse, comenzaron las amenazas y atentados.

El año pasado, “El Chatarras” libró la muerte tras ser atacado en dos ocasiones con arma de fuego, desde entonces mantiene un séquito de cuatro agentes de la Fiscalía como escoltas particulares.

 

CAPTURAN A HOMICIDAS DE ENCARGADO DE CÁMARAS

Jesús Ramón Flores Sánchez, originario de San Quintín, tenía 28 años de edad; estudiaba Derecho y en diciembre había cumplido un año trabajando en Baja Corp, dentro de la terminal de contenedores, donde se encargaba de monitorear las cámaras del lugar.

Trabajadores del puerto lo identificaron como tierra a bordo (encargado de enganchar los cajones para bajarlos del barco y asegurarlos cuando los suben).

El jueves 23 de enero se levantó a las 5:45 am para arreglarse e ir a trabajar; minutos antes de las 7:00 am, circulaba a bordo de su bicicleta sobre Avenida Ryerson y Siete, cuando Manuel Enrique Villa Flores, de 37 años y Jesús Daniel Sánchez Serrano, de 29, se le emparejaron en una camioneta Cherokee y le asestaron seis disparos calibre .45 en tórax y abdomen.

Acorde con las primeras indagatorias, el arma utilizada en el crimen ha sido vinculada con por lo menos cinco homicidios perpetrados en el puerto.

Homicidio frente a la casa del Alcalde Armando Ayala Robles.

A las 6:42 am, los disparos irrumpieron la tranquilidad de la zona, justo frente a la casa del alcalde Armando Ayala Robles Uno de sus escoltas fue testigo presencial del ataque y el primero en reportar el hecho al C4. Fue también quien brindó las características del vehículo y del hombre que alcanzó a ver sacar medio torso del vehículo para disparar contra Flores Sánchez.

Mientras iniciaba la búsqueda de los atacantes, agentes acordonaban el área y paramédicos determinaron el fallecimiento del joven. Las cámaras del Centro de Operaciones Policiales detectaron la unidad sospechosa, con placas 7DOV573 del Estado de California, hasta que una patrulla de la Policía Municipal le dio alcance en Calle Primera, entre 20 de Noviembre y Francisco Villa, en El Sauzal.

Al intervenir a los sospechosos, agentes de la Municipal encontraron una pistola Glock calibre .45 con serie limada, un cargador abastecido con tres cartuchos, un cartucho en la recámara del arma, un par de guantes y un teléfono celular. En el vehículo viajaban ambos sujetos, quienes fueron detenidos.

Un par de horas después del crimen, la pareja sentimental de la víctima, con quien procreó una niña de 3 años de edad, vio en Facebook que habían asesinado a un hombre en Ryerson y Siete. En principio lo reconoció por la ropa, acudió al sitio y confirmó; más tarde lo haría en el Servicio Médico Forense.

Ambos detenidos fueron presentados ante el Juez de Control, Ernesto Flores Gallegos, el 25 de enero, como parte del asunto CP00187/2020 bajo Número Único de Caso 01-2020-01163. En la misma audiencia, el juzgador decretó legal la detención y la Fiscalía General del Estado formuló imputación por homicidio calificado con ventaja, premeditación y alevosía, por lo que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La vinculación a proceso se concretó el miércoles 29 de enero.

Los agentes del Ministerio Público encargados del caso expusieron al juez la cronología de hechos, estableciendo que Jesús Daniel Sánchez Serrano viajaba de copiloto y fue quien disparó contra la víctima, mientras que su cómplice, Manuel Enrique Villa Flores, conducía el vehículo en el que escaparon.

Como parte de los datos de prueba expuestos en la audiencia de control, figuran el Informe Policial Homologado, entrevista con el escolta y testigo presencial del asesinato, declaraciones de la pareja sentimental y hermana de la víctima; certificado de necropsia, acta de procesamiento y administración de la escena del crimen; acta de procesamiento y administración del vehículo utilizado por los presuntos homicidas.

De igual manera, los dictámenes de Rodizonato de Sodio practicados en las prendas que vestían los dos imputados, resultaron positivos, así como la verificación de disparo de arma a la pistola Glock .45.

En contraparte, la defensa particular solicitó decretar ilegal la detención al argüir que la búsqueda de los sospechosos se vio interrumpida durante once minutos, lo que llamó un “espacio muerto”. El juez dio la razón a la Fiscalía.

En la audiencia del 29 de enero, el juez Flores Gallegos vinculó a proceso a los dos imputados, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.

La FGE informó que durante ese plazo entablaría pláticas con la defensa para tratar de alcanzar un acuerdo y cerrar el asunto de manera anticipada.

LOS ASESINATOS DE EMPLEADOS DE API

El delegado del Sindicato del Puerto, Julio César Soto Murillo, de 43 años de edad, fue atacado a balazos el martes 21 de enero a las 00:30 am, en Privada Puertecitos del fraccionamiento Lomas de la Presa.

Su cargo consistía en mantener las cámaras de los llamados tierra a bordo para enganchar los cajones, descender del barco y posteriormente tramitar el arribo del mismo.

Otro empleado asesinado era  José Ignacio Ponce, quien afirman, fungía como cabecilla de los trabajadores y fue amenazado de muerte, por lo que cambió su domicilio a Playas de Rosarito y en diciembre de 2019 sufrió una agresión a balazos en la Vía Rápida de Tijuana.

Era, además, cuñado de Said Cortez Bojórquez, de 24 años, asesinado a tiros la noche del sábado 18 de enero cuando circulaba sobre las calles Jesús Fisher y 16, Colonia Loma Linda, en un pick-up Ford color blanco, junto a dos menores de 7 y 9 años de edad, quienes resultaron heridos por esquirlas.

La víctima arribó al hospital con exposición de masa encefálica y murió minutos después.

Una de las versiones, es que este grupo de trabajadores fue obligado a cambiar de bando y seguir las órdenes de una célula del Cártel Arellano Félix en Tijuana, la cual también opera en el sector norte de Ensenada.

El 2 de septiembre de 2019, también fueron asesinados a balazos Omar Alejandro Martínez Juárez y Carlos Meza Hirales, al circular a bordo de una camioneta Jeep Nitro color negro sobre Avenida Soto,

“El Quieto” será procesado por secuestro

Foto: Cortesía.- José Luis Escudero Escandón alias “El Quieto”, alias “El Pelos”

Luego de ser capturado en Cancún, Quintana Roo, José Luis Escudero Escandón alias “El Quieto” y/o “El Pelos”, identificado por autoridades como cabecilla del Cártel Arellano Félix en el Estado, se encuentra en el penal de Ensenada por el delito de secuestro.

La orden de aprehensión girada en su contra, se concretó el 27 de enero por parte de elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por el delito de delincuencia organizada. El mismo día arribó a Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El  nombre de Escudero y de un familiar de apellido Huerta Nuño, fueron mencionados en varios expedientes recientes, incluido el ataque a policías estatales la noche del miércoles 22 de enero en la delegación La Mesa de Tijuana, donde murieron el oficial de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Antonio Reyes, y el civil con antecedentes penales Héctor Cabrera.

También fueron señalados como presuntos responsables de la serie de narcomantas colgadas en diferentes puntos de Tijuana el 24 y 25 de enero, acusando corrupción de las autoridades locales y amenazando las vidas de diversos jefes policíacos.

En otro expediente relacionado con fuerzas del orden, el grupo de Escudero fue investigado como responsable del secuestro y lesiones de un agente de inteligencia de la SEIDO cometidas en enero de 2018. Fue privado de la libertad en plena Zona Río porque buscaba a un criminal en las inmediaciones de un centro de rehabilitación en el número 10851 de Avenida Eusebio Kino en Tijuana. El oficial fue rescatado.

A Escudero y Huerta se les abrió otro expediente en Ensenada por el asesinato de dos pescadores en Isla de Cedros, por una pugna criminal por el tráfico de la planta Siempre Viva.

Detienen a sobrino de Caro Quintero

Tras un operativo militar en el que incluso un helicóptero aterrizó en una zona residencial de Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Ismael Quintero Arellanes, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Quintero Arellanes fue aprehendido el miércoles 29 de enero por elementos de la Secretaría de Marina durante un operativo solicitado por la Fiscalía General de la República en el fraccionamiento Stanza Toscana de Culiacán.

Según medios locales, los marinos llegaron en dos helicópteros artillados MI-17 y realizaron sobrevuelos en el fraccionamiento, así como en otro aledaño, Valle Alto.

La captura se dio tras una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, ya que Ismael es requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el detenido Arellanes es integrante de la organización criminal liderada por el capo sinaloense Rafael Caro Quintero -ex líder del extinto Cártel de Guadalajara-, asociado con el Cártel de Sinaloa y dedicado a la fabricación y distribución de marihuana, heroína y metanfetaminas para posteriormente introducirlas de manera ilegal a Estados Unidos.

Quintero Arellanes será trasladado y puesto a disposición del Juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En videos tomados por residentes de la zona, se puede observar a los marinos sobrevolando, incluso uno de ellos aterriza en un lote baldío ubicado entre las casas del fraccionamiento.

También se puede observar que los marinos llevaban bajo custodia a una persona, quien se presume es el propio Quintero Arellanes, para después subirlo al helicóptero de la Marina.

Cabe mencionar que en este operativo, de media hora de duración, no se realizó algún disparo ni se presentaron incidentes, a diferencia de lo ocurrido durante la captura de Ovidio Guzmán López, que culminó en su liberación.

En su momento, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,  informó que se sugirió liberar al apodado  El Ratón” e hijo del narcotraficante  Joaquín “El Chapo” Guzmán porque se habían suscitado enfrentamientos en la Capital sinaloense.

entre Tercera y Cuarta. El primero falleció en la Clínica 8 del IMSS, a dos cuadras del sitio del ataque, punto donde el segundo murió al instante.

 

DESBANDADA Y AUSENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

La posibilidad de recibir una orden que afecte la seguridad de los trabajadores en el puerto de Ensenada ha llevado a más de una docena a renunciar.

Un empleado que omitió su nombre por cuestiones de seguridad, comentó a ZETA que en la última semana renunció un grupo de personas, y el día del homicidio de Jesús Ramón se corrió la voz y faltaron por lo menos tres checadores.

El sábado 25 de enero había fila para renunciar y, el lunes 27, faltaron a trabajar alrededor de 40 personas.

Actualmente API no tiene personal suficiente para operar la terminal y, de igual forma, trascendió que se colocaron antenas para monitorear conversaciones del personal.

Se cree que algunos de los homicidios recientes tienen relación con un buque que arribó al puerto con cocaína y a las horas lo dejaron ir: el Adrian Schulte.

 

SCHULTE TRAJO COCAÍNA Y ZARPÓ IMPUNE

El buque portacontededores Adrian Schulte fue liberado por la FGR el 11 de junio de 2019, día en que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en Ensenada, hallaron y aseguraron un cargamento de 79 kilogramos de cocaína a bordo.

Tras participar en la Mesa de Seguridad a la que acudió personal de la Aduana Marítima de Ensenada y de la Marina, con la ausencia de la propia FGR, mediante una transmisión en vivo en la red social Facebook, a finales de septiembre el entonces gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, denunció lo ocurrido en el muelle número 2 de la Terminal Internacional de Ensenada.

Fuentes portuarias indicaron a ZETA que el barco zarpó del puerto de Ensenada a las 8:30 pm del 11 de junio, horas después del aseguramiento, luego que la FGR supuestamente entrevistó a toda la tripulación del buque: croatas, rusos y de algunos otros países, sin la presencia de un perito traductor. No hubo personas detenidas.

Dos horas después, la FGR cambió de parecer e intentó detener el barco, pero ya había zarpado del puerto, revelaron las mismas fuentes.

Con bandera maltesa, el Adrian Schulte es uno de los 18 barcos que realiza una ruta normal por Ensenada, saliendo desde Sudamérica y terminando en Asia, es decir, ha seguido arribando al puerto bajacaliforniano sin problema.

Asimismo, el 11 de junio, elementos de la Segunda Región Naval aseguraron dos maletas en el interior del buque, con 70 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado a 79 kilogramos.

Según el comunicado 026/19 difundido por la Segunda Región Naval, el buque provenía de Manzanillo, Colima.

La carga asegurada fue puesta disposición de la FGR para la determinación del peso ministerial, pruebas correspondientes e integración de la carpeta de investigación.

Durante la Mesa de Seguridad llevada a cabo el 25 de septiembre de 2019, se sugirió que el barco pudo permanecer fondeado durante 72 horas para no afectar la operación del puerto y continuar con las indagatorias o solicitar órdenes de aprehensión.

Al respecto, el gobernador Bonilla se dijo preocupado por el tema del barco con droga al que se le permitió la salida sin mayor trámite, y advirtió: “Vamos a llegar al fondo tarde que temprano”.

En tanto que la FGR en la Capital del país “está preocupada”, al no ser posible que se incaute la droga y se libere el barco en el que era transportada. “Ese buque debió ser detenido, boletinado y requisado, desde mi punto de vista”, insistió molesto Bonilla.

ZETA solicitó una explicación y postura a la delegación regional de la Fiscalía General de la República, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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