La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Jaime Bonilla y a la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, por la posible violación a los derechos humanos del agua de los bajacalifornianos, con la instalación de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali.
Esto con el fin de defender los intereses de los habitantes de Mexicali, pero especialmente de los agricultores de la zona rural del municipio, debido a que se estima que tan solo en el primer año, la empresa utilizará hasta siete mil millones de litros de agua, lo que podría tener un daño irreversible para las generaciones futuras en Baja California.
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El Ayuntamiento de Mexicali tiene en sus funciones brindarle el permiso de urbanización a la empresa, autorización que hasta este 12 de febrero no ha otorgado. La alcaldesa de la capital del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que a menos que le entreguen los estudios requeridos donde se explique que no se tendrá ningún problema con el agua, este no se brindará.
Por otro lado, los grupos que desde hace poco más de tres años luchan a favor de los derechos del agua, celebraron este exhorto por parte de la CNDH y exigen que los resultados sean transparentes, pues lo que más temen es que Mexicali se convierta en un municipio en donde su campo no pueda volver a producir.
Sin embargo, representando a la parte empresarial, el presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), Ernesto Elorduy Blackaller, afirmó que no es posible que una empresa exterior pague los platos rotos de la administración antigua de gobierno, y que este tipo de acciones solo alejan a las nuevas empresas de Baja California.
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La CNDH exhortó a la secretaria nacional de la Comisión del Agua a hacer trabajo en conjunto con Conagua para realizar un estudio y reflejar cuánta es el agua que hay en Mexicali en números reales.
Asimismo, se le solicita a Jaime Bonilla Valdez elaborar un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo, por parte de las comisiones estatales de servicios públicos; en este se deberá de prever si hay suficiente recurso natural para que la empresa trabaje en la entidad sin causar daño alguno.
