La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación solo es posible con el apoyo de autoridades de diversos niveles. Hoy, un magistrado federal, un ex gobernador y un ex fiscal estatal son perseguidos por brindar protección o complicidad, o lavar dinero para miembros del grupo delictivo más violento del país. Muchos son los detenidos, pocas son las sentencias condenatorias contra miembros del CJNG. Asesinatos de policías es el sello de los huestes de “El Mencho” Oseguera, líder de la empresa criminal
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal aparentemente más combatida por las autoridades federales. Bienes y recursos financieros han sido asegurados, algunos de los militantes están detenidos y otros fueron sentenciados. Sin embargo, el líder visible, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, continúa libre. Su hija Johanna ganó un amparo para descongelar su cuenta bancaria y la violencia creciente de sus células persiste en diversas regiones del país.
Nemesio Oseguera Martínez, “El Mencho”
Las acciones emprendidas por el gobierno, desde las ofensivas militares hasta las de inteligencia policial y financiera, no logran frenar la operación de los grupos dependientes de este cártel. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz están inmersos en la ola de crímenes que sangran a policías, militares, sicarios y población civil.
El poderío y la importante expansión del CJNG -en tan solo una década- no sería posible sin una red de complicidades que va desde el ámbito político, judicial y policial, hasta el encubrimiento por parte de comunidades completas, ya por miedo, ya por beneficios que reciben sus habitantes en los estados del Bajío. Prueba de ello son las imputaciones que pesan sobre magistrados, ex gobernadores, fiscales y policías, algunos de ellos encarcelados.
Meter en prisiones a líderes o jefes de plaza del cártel tampoco ha garantizado justicia, pues unos son absueltos, otros se fugan y los menos son asesinados por reclusos rivales o por ajustes de cuentas internos. En el primer año y meses del sexenio en curso, ha habido detenciones de este tipo de personajes en Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Puebla, CDMX y San Luis Potosí.
Mientras que agencias de inteligencia norteamericanas aseguran que se mantendrá la violencia en México por la fragmentación de las organizaciones criminales, incluido el CJNG, al que consideran el más agresivo de todos, las autoridades mexicanas minimizan el dato, al señalar que no existe un cártel que domine en la república y que solo se trata de grupos delictivos con asientos regionales, como el que encabeza “El Mencho”.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) da seguimiento puntual al desarrollo del CJNG y pretende detener a Nemesio Oseguera, del que se asegura, se esconde en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, sin permanecer estático en un solo lugar. Apenas hace unos días, la agencia antidrogas aseguró que este y otros cárteles utilizan monedas virtuales para lavar dinero ilícito, lo que dificulta su rastreo.
El amparo de “El Flaquito”
Después de concederle la suspensión provisional en un juicio de garantías, a cambio de exhibir una garantía por 10 mil pesos, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, le negó la suspensión definitiva al presunto narcotraficante Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”.
Se aclaró que, de existir la orden privativa de libertad por delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión otorgada producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido con motivo de dicha orden, pero si el delito es grave, de nada le valdrá la referida medida cautelar.
La función que tiene la garantía fijada es vigilar que el juzgador federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiéndose de la Ley.
A través de sus abogados, el 31 de enero presentó la demanda de amparo 86/2020, en contra de actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Oral, con sede en Ensenada, del fiscal general del Estado, agentes del Ministerio Público y al encargado del cumplimiento de mandamientos judiciales, entre otras autoridades
La demanda señala lo solicitado: “De las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadoras (juez), reclamo la orden de aprehensión, detención, presentación y/o cualquier emitido tendiente a privarme de la libertad, violentando mis garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras (de Fiscalía y policías), reclamo cualquier acto tendiente a ejecutar el mandamiento emitido por las autoridades mencionados como ordenadoras, violentando mis garantías individuales”.
El juez de amparo dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, y solicitó tanto del Juez de Control de Ensenada, como del fiscal general del Estado y otras autoridades, los informes justificados del acto reclamado.
En el tribunal federal fueron autorizados como defensores de Pablo Edwin Huerta Nuño, los abogados Elías Alberto López Gastélum y José Alberto Souza Montero, quienes tramitaron el incidente de suspensión provisional para su cliente.
El juicio de protección de la justicia federal podría resolverse el 28 de febrero, cuando se desahogue la audiencia constitucional, sí es que no se difiere la misma.
Cabe mencionar que “El Flaquito” ya había pretendido ampararse en dos ocasiones anteriores, pero en ambos casos, las autoridades negaron la existencia de mandamientos judiciales privativos de la libertad en su contra.
La primera vez fue en agosto de 2016, cuando presentó demanda de garantía ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, en contra de una posible orden de detención, búsqueda, localización o presentación. La segunda, en agosto de 2018 ante el Juzgado Tercero de la materia, contra orden de aprehensión y su ejecución. En ambos asuntos se decretó sobreseimiento.
“El Flaquito” es señalado por autoridades locales y federales como generador de violencia en los últimos años en esta frontera, al sostener enfrentamientos a balazos y perpetrar homicidios en agravio de células delictivas rivales.
Se estima la participación de Pablo Edwin en la autoría intelectual del ataque armado del 22 de enero en Tijuana contra seis agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, en el que murieron un elemento y un civil.
REDES Y RELACIONES
El Gobierno de México ha establecido que no habrá guerra contra el narcotráfico, pero sí labor de inteligencia y que se combatirán las estructuras financieras del crimen organizado. Así inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A seis días de tomar la primera magistratura del país, se conoció de la primera denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la aún Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, FGR) por lavado de dinero, en contra del CJNG. En su momento se informó que la red de lavado involucra a una cadena de empresas manejadas por la familia de “El Mencho”.
Sería en los meses de abril y mayo de 2019 cuando se vieron acciones contra personajes de “alto calibre”, que presuntamente formaron parte de esa red de apoyos al grupo delictivo. Uno es el magistrado de circuito Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de favorecer con sus fallos judiciales a la familia de Oseguera Cervantes, y el otro, el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de proteger en su entidad a la organización criminal.
Primero, el 4 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló del cambio de adscripción del magistrado Avelar Gutiérrez de un Tribunal de Guadalajara a uno de Chilpancingo, debido a señalamientos de corrupción. Se dijo que Avelar se habría reunido con capos del CJNG y otorgó un amparo para liberar al hijo de “El Mencho”, acusado de delincuencia organizada. El 14 de mayo, la UIF reveló que congeló las cuentas bancarias del magistrado de Jalisco, quien según Santiago Nieto, recibió depósitos por 78.5 millones de pesos en sus cuentas, de los cuales 50 millones no pudieron ser acreditados.
Sobrino de Caro Quintero, extraditable
Por su probable responsabilidad en el delito de conspiración internacional para fabricar y distribuir drogas, así como de posesión ilegal de armas de fuego, el Departamento de Justicia de Nueva York acusó a Ismael Quintero Arellanes de participar en una organización vinculada al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, ex líder del Cártel de Guadalajara.
Los cargos en contra de Quintero Arellanes estaban resguardados en el sigilo, pese a que desde julio de 2018 fue acusado por los fiscales del caso. Sin embargo, al conocerse de su detención por parte de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional el 29 de enero, autoridades estadounidenses descodificaron la información.
La justicia de la Unión Americana pretende solicitar la extradición del imputado al gobierno mexicano para llevarle ante la Corte Federal para el Distrito de Brooklyn, Nueva York, donde sería juzgado en el mismo tribunal que Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera.
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusó que Quintero Arellanes “conspiró con miembros de la organización de narcotráfico de Caro Quintero para inundar Estados Unidos con grandes cantidades de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana”.
El fiscal federal Antinarcóticos de la DEA, agente especial Ray Donovan, afirmó que los muros se están cerrando para la organización criminal de Rafael Caro Quintero, quien se encuentra libre injustificadamente desde el 9 de agosto de 2013, cuando magistrados de un tribunal colegiado y un tribunal unitario, decretaron su libertad al creer que eran incompetentes y pretender que el asunto fuese del fuero común.
La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, cumplimentaron orden de captura y trasladaron al detenido a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
Autoridades mexicanas informaron que la detención se hizo posible gracias al intercambio de información con autoridades de EU, pues se tuvo conocimiento que esta persona es probable integrante de una organización criminal.
Después, el 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al ex mandatario nayarita Roberto Sandoval y al propio magistrado Avelar en su lista negra por su relación con el cártel. En la Unión Americana y en México, las cuentas bancarias de ambos, así como de sus familiares, fueron congeladas.
El ex gobernador desmintió la versión, al asegurar que es inocente y que está tranquilo, por lo que demostrará que su administración fue transparente y no se ampararía. Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que a Sandoval se le vigilan montos y movimientos que incluyen vehículos de lujo, tarjetas de crédito y depósitos.
Un día después, el CJF suspendió temporalmente y sin goce de sueldo, por seis meses, al magistrado Isidro, con el objetivo de realizar una investigación sobre la serie de operaciones dentro del sistema financiero nacional que alertó que el funcionario judicial estaría obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, Roberto Sandoval, quien aseguró no se ampararía, presentó dos demandas de garantías el 3 de junio, para liberar las cuentas bancarias que le fueron congeladas. A finales de ese mes, obtuvo una suspensión que dejaba sin efecto la inhabilitación de sus recursos, pero horas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las cuentas bancarias del ex gobernador se mantendrían bloqueadas, pues la medida fue a petición del gobierno de Estados Unidos.
La UIF dio a conocer que mantiene congeladas 533 cuentas bancarias del CJNG por un monto de 109 millones pesos y, el 22 de noviembre de 2019, Avelar Gutiérrez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por elementos de la FGR. Le trasladaron al penal Altiplano, en el Estado de México, donde un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito por 12 millones 20 mil pesos que le fueron depositados en su cuenta bancaria personal en 2011.
El 27 de diciembre del año próximo pasado, Santiago Nieto explicó que el impartidor de justicia operaba mediante un despacho no registrado fiscalmente, que recibía recursos financieros en pesos y en dólares, además de bienes muebles e inmuebles. En el caso de Sandoval, este se encuentra no localizable y no ha sido detenido.
Recientemente, el 31 de enero fue destituido de su cargo el titular de la Fiscalía de Narcomenudeo en Quintana Roo, Julio César Moreno Orendain, luego de la evasión del preso Bryan “Z”, líder del CJNG en esa entidad federativa. Otros funcionarios fueron incluidos en la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. El capo se fugó de una sede de la Fiscalía General en Cancún, adonde ingresó apenas unas horas antes.
CAPTURAS Y SENTENCIAS
Muchos son los detenidos, pero pocos los sentenciados de esta empresa criminal en tiempos de López Obrador. Entre las escasas condenas figura la de 54 años de prisión para el ex policía municipal de Vista Hermosa, Michoacán, José Ángel Alcalá Ramírez, por los delitos de delincuencia
organizada, privación ilegal de la libertad, robo calificado y portación de arma de fuego. El ex servidor público fue detenido en 2014 cuando se encargaba de vigilar a soldados y marinos desplegados en Jalisco y Michoacán.
También fue hallada responsable por delitos contra la salud, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Rosalinda Carrillo Ochoa “La Estrella”, lideresa del CJNG en la región Valles, a quien un juez federal sentenció a 15 años de prisión. Fue detenida en 2012 en el municipio de Tequila, junto con su jefe de escoltas.
Los hermanos Arnulfo y Ulises González Valencia, cuñados del líder del CJNG y miembros de la familia de Los Cuinis, fueron condenados a penas de cinco y seis años de prisión, respectivamente, como responsables de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y posesión de armas de fuego. Ambos permanecen en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, donde forman parte de la cúpula del autogobierno carcelario.
Las detenciones del sexenio, tanto por autoridades locales como federales, iniciaron en febrero de 2019 con el líder del CJNG en Oaxaca, Adalberto Soto Segura, acusado por tentativa de homicidio y posesión de armas de fuego. El 2 de julio siguiente, el sujeto escapó de un hospital de San Juan Bautista Tuxtepec, donde recibía atención médica tras haber sido trasladado del reclusorio. Pese a que era vigilado, el individuo se evadió y ya no fue localizado.
El 16 de marzo, en Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, fue detenido Heleno Madrigal Virrueta “El 20″, jefe de plaza del CJNG en la región Costa Sur. Cinco colaboradores fueron apresados, asegurándoles cuatro automotores, 18 armas de fuego, tres cargadores, 4 mil 700 cartuchos, casi 100 cargadores y 340 gramos de metanfetamina. “El 20” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y acopio de armas, e internado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, donde el 20 de agosto fue localizado sin vida, pendiendo de una de las vigas del dormitorio, en un aparente suicidio por estrangulamiento.
En el mismo Estado, el 9 de abril, en un consultorio médico de Jardines de la Patria en Zapopan, federales detuvieron a Adrián Alonso “N” alias “El 8”, uno de los más cercanos operadores de “El Mencho” en la región de Los Altos de Jalisco y el Sureste de Guanajuato. Contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro. Durante un cateo, autoridades aseguraron más de cien armas de fuego largas, entre estas, 41 fusiles de asalto y once granadas calibre 50. Además de diez paquetes con droga sintética, una caja fuerte con un millón de pesos y otra caja metálica con 279 mil dólares en efectivo. “El 8” fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 en Gómez Palacio, Durango.
Un grupo de 16 presuntos narcotraficantes del CJNG detenidos en Parácuaro, Michoacán, el 2 de mayo, fueron vinculados a proceso por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército con la agravante de grupo armado. Los imputados fueron privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social en Charo, Michoacán. Seis días después, en Puebla cayó preso el jefe de plaza en el Estado de Morelos, Raymundo Isidro Castro Salgado “El Ray”. Fue asesinado el 29 de octubre en una riña que dejó por lo menos siete muertos en el penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos.
En CDMX, en mayo y junio de 2019 capturaron a miembros del CJNG. Así le echaron el guante a Aldo Jesús Azcona “El Enano”, jefe de plaza en la Capital, junto con tres de sus colaboradores, a quienes se atribuye la venta y distribución de droga y armas, así como la generación de violencia en el Valle de México. Posteriormente, en la Alcaldía Cuauhtémoc, tres narcomenudistas intentaron sobornar a sus aprehensores, ofreciéndoles 300 mil pesos si les dejaban libres.
El 4 de agosto, la Unidad de Operaciones de Alto Impacto detuvo en San Luis Potosí a Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Cabo 8” o “El Caimán, uno de los líderes del CJNG en Baja California, quien cuenta con orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Con él fue detenida la modelo Maine de la Cruz. Ambos enfrentan acusaciones por delitos contra la salud.
En San Juan de los Lagos, el 12 de septiembre, fuerzas federales aprehendieron a Alexis “N” alias “El Chofo”, jefe de plaza en esa región Altos Norte. Le señalan como autor intelectual del homicidio del comisario de Seguridad Pública del municipio vecino de Lagos de Moreno, Vany Gutiérrez Méndez. También se le relaciona con el asesinato de un policía municipal y contaba con orden de aprehensión por el delito de robo de vehículos.
A finales del mismo mes, agentes de la FGR detuvieron a cuatro miembros del CJNG durante un cateo efectuado en el fraccionamiento Jardines Universidad, donde aseguraron 22 armas largas, seis pistolas, 70 cargadores, dos lanzagranadas, un tubo de cañón y cuatro cañones para lanzagranadas. Además ocho granadas calibre 40, más de 2 mil 600 cartuchos y 18 paquetes que contenían la droga sintética conocida como cristal. Carlos “N” alias “El Chicken”, uno de los capturados, fue reconocido como reclutador de nuevos integrantes para la organización criminal y encargado del trasiego de droga de Centro y Sudamérica hacia EU.
En enero de 2020, la Fiscalía del Estado de México detuvo a los integrantes del CJNG Ignacio “La Niña”, José “N” alias “El Chocolate” y Anastasio “N”, investigados por el delito de homicidio calificado. Fueron ingresados a la cárcel de Otumba.
En Coatzacoalcos, Veracruz, la Marina detuvo en posesión de droga, a Daniel Ortega Castillo “El Comandante Meca”, lugarteniente del líder del CJNG en esa entidad; y a Jesús Adolfo Baños Salomón “El 50”, autor intelectual del ataque armado al bar Caballo Blanco en agosto de 2019, donde murieron 32 personas.
En ese mes, en Chavinda, Michoacán, fueron aseguradas siete armas de fuego, siete vehículos, cinco de ellos robados y uno blindado, y un dron. No hubo detenidos. Y en Cortázar, Guanajuato, soldados y policías estatales capturaron a 13 presuntos sicarios del clan criminal en la colonia Del Valle, en poder de armas, drogas
“El Cholo Iván” contra su extradición
El trámite del juicio de amparo de Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”, hombre de confianza del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en contra de una eventual extradición internacional a Estados Unidos, continúa su curso en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca, Estado de México. Aunque parece ser que el acto reclamado no existe y su juicio causaría sobreseimiento.
El juzgador otorgó desde enero una suspensión de plano del supuesto acto, como corresponde en todos los juicios de amparo de esta naturaleza; sin embargo, con el paso de los días, al tener certeza de la existencia o no del acto reclamado, el tipo de suspensión varía, al igual que su otorgamiento o negativa.
Gastélum Ávila fue detenido el 6 de enero de 2016 junto a su jefe “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa Actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, pidió el amparo y protección de la justicia federal contra “la extradición, deportación o expulsión del país”. Como autoridades responsables señaló a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al fiscal general de la República, entre otras.
El despacho de los abogados Castillo, que también representó a Guzmán Loera cuando estuvo en el penal federal de Almoloya de Juárez, no solo patrocina al “Cholo Iván”, sino a otros reos que se autoconsideran “extraditables”, quienes presentaron demandas de amparo, como Javier Pineda Chávez, Luis Felipe Sánchez Tinajero, José Omar Vázquez Lara y Jesús Girón Arvayo Mendoza.
Trascendió que de los informes justificados rendidos al juez de amparo por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, no existe ninguna solicitud de extradición por “El Cholo Iván”, por lo que en audiencia incidental resolvió negar la suspensión definitiva al quejoso. Sin embargo, el asunto continúa y en breve podría decretarse el sobreseimiento del mismo.
y equipo táctico. También fueron detenidos once miembros del antagonista Cártel Santa Rosa de Lima.
CUOTA VIOLENTA
El actual sexenio inició como acabó el anterior, de manera cruenta. A cuatro días de la toma de protesta, sobre el Kilómetro 221 de la autopista Puebla-Orizaba con dirección a Ciudad Mendoza, se localizaron cinco cuerpos baleados. Los fallecidos estaban a la orilla de la carretera junto a mensajes escritos en papel, presuntamente firmados por el CJNG. El 24 de enero de 2019, el jefe de plaza de Jalisco en la zona Oriente del Estado de México, conocido como “El Chino”, fue asesinado a tiros cuando comía en una taquería de la colonia Arbolada Ixtapaluca. Sujetos le dispararon desde un automóvil.
El 9 de marzo, en un centro nocturno de Salamanca, Guanajuato, fueron acribilladas a balazos 15 personas presuntamente integrantes del CJNG. El hecho fue adjudicado al Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez “El Marro”. Seis días después, dos balaceras en la zona de Joachín, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, entre sicarios del CJNG y la fuerza civil, dejaron saldo de un policía y cuatro criminales muertos.
El ataque armado en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz, tuvo un saldo de 14 muertos el 14 de abril, entre ellos un niño de un año de edad y cuatro lesionados. Miembros del CJNG llegaron preguntando por “El Beky”, presunto integrante de Los Zetas en esa ciudad, al parecer por una disputa en la venta de drogas.
El 11 de mayo, en un puente vehicular de Salamanca, Guanajuato, fue ejecutado el subsecretario de la Confederación de Trabajadores de México, Gilberto Muñoz Mosqueda, quien quedó a bordo de su camioneta. A través de una narcomanta, el CJNG se atribuyó el crimen y amenazó al ex alcalde del lugar, Antonio Arredondo, a la actual presidenta municipal Beatriz Hernández y al ex comisario de Seguridad Pública, Juan Duarte Ramírez.
El 23 de mayo, un enfrentamiento entre CJNG y Los Viagra concluyó con diez muertos y tres lesionados en calles de la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera Uruapan-Lombardía en Michoacán. Tres días después, por la madrugada, integrantes del CJNG balearon a elementos de la Policía Municipal de Zamora, con saldo de cuatro muertos y nueve lesionados, entre ellos dos civiles. Cinco patrullas fueron dañadas por las balas. Videos muestran que el convoy de pistoleros era integrado por 24 camionetas de lujo con logotipos del CJNG y hombres armados a bordo.
En un acto vergonzoso, en La Huacana, Michoacán, el 27 de mayo militares fueron obligados por presuntos líderes de autodefensas a devolver armamento decomisado en un operativo militar. Los soldados fueron retenidos y grabados en video. Finalmente los liberaron.
Tres días más tarde continuaron las balaceras entre Los Viagra y CJNG en la comunidad de Peña Colorada y en El Aguaje, municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente. También hubo balazos en la colindancia con Coalcomán, sin que hubiere lesionados. Nueve días después, hubo más enfrentamientos entre ambos grupos delictivos en Aguililla, Buenavista y Paracho, donde murieron nueve personas, hubo un herido y tres detenidos.
El 8 de julio en Pénjamo, Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional se toparon con integrantes del CJNG en la comunidad de El Infiernillo, colindante con Michoacán. Un agente salió herido y tres personas fueron detenidas. El día 25 del mismo mes, en un restaurante de Plaza Artz Pedregal en la CDMX, fueron asesinados dos israelíes con antecedentes penales. La Policía detuvo a una presunta gatillera, quien dijo, fue contratada para matar a sus víctimas por 5 mil pesos y que participaron tres individuos más.
Días después trascendió que el doble homicidio fue por diferencias con el Cártel Jalisco, al que le lavaban dinero a través de empresas en Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro y la Capital del país. El 12 de febrero de 2020 se informó de la detención de Carlos “N” alias “El Viejón”, quien presuntamente coordinó el operativo para matar a los extranjeros. En cateos a dos domicilios en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, fueron aseguradas más de diez armas largas, 2 mil balas y algunas granadas.
El 31 de julio, en un restaurante de hamburguesas del centro comercial Plaza Galerías fueron asesinados dos individuos, uno de ellos identificado como Martín Arzola Ortega “El 53”, miembro fundador del CJNG que estuvo preso durante varios años en el penal federal Altiplano por homicidio.
Los cuerpos de 19 presuntos miembros de Los Viagra aparecieron colgados y algunos desmembrados el 9 de agosto en puentes vehiculares de Uruapan, Michoacán. Habrían sido asesinados por el CJNG. En su momento se supo que 14 personas fueron detenidas por la Marina y la Policía Estatal, entre ellas, dos menores de edad. Ya no se conoció del destino de los aprehendidos.
Ese mismo mes, el día 13, en Tepalcatepec, el CJNG anunció a través de un video, la cacería emprendida en contra de su ex socio Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, fundador de los grupos de autodefensas. Agosto cerró con balaceras en esa región de Michoacán, y en el último día de mes, un ataque dejó nueve muertos y once heridos, por lo que el alcalde de Tepalcatepec, Felipe Martínez, pidió a las autoridades reforzar la seguridad en su municipio. Algunos de los cadáveres fueron remitidos a la morgue de Ciudad Guzmán, Jalisco.
El 14 de octubre, en una de las mayores tragedias policiales ocurridas en Michoacán, 13 policías estatales murieron, tres resultaron heridos y seis desaparecidos, en una emboscada en El Aguaje, municipio de Aguililla. Los atacantes, unos 30 sicarios del CJNG, viajaban armados en vehículos blindados. Días más tarde, en Tocumbo se reportaron enfrentamientos entre civiles armados de Jalisco y la agrupación conocida como Nueva Familia Michoacana. Sujetos con ropa tipo militar, cubiertos del rostro y con armas de grueso calibre, bajaron a pasajeros de un autobús urbano e incendiaron la unidad, iniciando una serie de bloqueos en vialidades. La aterradora situación obligó a las autoridades a suspender clases en las escuelas. Hubo réplicas en municipios como Los Reyes.
En una semana, en diciembre de 2019, doce policías fueron asesinados en los municipios de Villagrán, Celaya, León e Irapuato, en Guanajuato, por disputas entre el Cártel Santa Rosa de Lima y Jalisco por el control del tráfico de drogas, extorsiones y huachicoleo.
La violencia también regresó a Zamora, Michoacán, con balaceras y secuestros por miembros del CJNG. En tanto, el 17 de enero de 2020, grupos de autodefensa y pistoleros del mismo cártel se enfrentaron en varias comunidades del municipio de Zirándaro, Guerrero, con por lo menos diez muertos y tres personas decapitadas.
El 4 de febrero último, en un negocio de videojuegos en Uruapan, Michoacán, nueve jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, fueron acribillados a tiros por sujetos armados. Las autoridades atribuyeron el caso a la disputa entre el CJNG y Los Viagra.
