Autoridades consideran que el brote de violencia se dio tras la captura de “El Pacquiao”, advirtiendo la presencia de Los Villavicencio. Familiares de desaparecidos temen que los grupos criminales que ahí operan, están detrás de los levantones; entre el 16 y el 20 de enero se registraron siete ejecuciones
La captura de Luis y/o Cristian “N” alias “El Pacquiao” o “El Lee” el 11 de enero en el municipio de Mulegé, fue el causal del brote de violencia en la zona de Vizcaíno y Guerrero Negro.
En consecuencia, la Mesa de Seguridad sesionó en el municipio del norte, donde se llegó a la conclusión que la captura del entonces líder de plaza de la zona norte desató una ola de violencia; por un lado, los nuevos encargados de la plaza, y del otro, quienes planeaban recuperarla.
“El dominio que tenía el Cártel de Sinaloa se vio comprometido una vez la captura de ‘El Pacquiao’, eso obligó a que miembros de más alto rango bajaran desde Ensenada, Baja California”, expresó a ZETA una fuente de la Mesa de Seguridad Pública, advirtiendo de Los Villavicencio, cuya presencia generó presión a las autoridades locales y sin duda un enfrentamiento, “más bien un reajuste, levantando eslabones principales, el nuevo líder y el operador económico de la plaza”, agregó.
Bastaron menos de cinco días desde su captura para que el grupo criminal hiciera presión a las instituciones de seguridad, cuando el gobernador Carlos Mendoza Davis se encontraba de gira en Mulegé, haciendo entrega de equipo y obras al municipio.
De inmediato, la Mesa de Seguridad instruyó el reforzamiento de los operativos, automáticamente las autoridades locales cedieron la seguridad a la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional.
Siete fueron los homicidios que cometió la célula criminal de la Zona Norte, en el afán de apropiarse de territorio para la distribución de estupefacientes, entre el 16 y el 20 de enero. “Hubo algunos incidentes de violencia en la zona norte del Estado, principalmente en Vizcaíno, lo cual generó una actuación inmediata por parte de las corporaciones de seguridad y se han tenido resultados importantes; esto se generó por unas detenciones que se dio cumplimiento a órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría, como consecuencia algunas situaciones de violencia”, confirmó Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno.
Según una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la captura de “El Pacquiao” movilizó a la célula criminal organizada por los hermanos Villavicencio. Respecto al detenido y principal generador del reacomodo de la estructura criminal en el municipio norteño, fuentes de inteligencia consideran que tuvo gran participación desde la desarticulación de los líderes anteriores, como Edson Geovanni “El Chucky” o “El Cuatro”; así como Héctor alias “El Moreno”.
“Tras su detención, ‘El Pacquiao’ confesó haber privado de la libertad y desaparecido a por lo menos una decena de personas, incluso es probable que algunos permanezcan el panteón de la Procuraduría en calidad de desconocidos, los casos y carpetas están siendo investigadas para brindar justicia a sus familiares, y desde luego dar con los restos de dichas personas. ‘El Pacquiao’ también confirmó parte de su estructura con la que operó, e identifica a quienes están operando la actividad criminal en 2020”, se informó a ZETA.
TRAS CÉLULA DE LA ZONA NORTE
Los constantes operativos en Mulegé causaron la presión necesaria y esperada por la Mesa de Seguridad Pública en Baja California Sur. El primer objetivo fue extinguir la violencia que se mantenía en algunas comunidades. La presencia de los tres órdenes de gobierno “expulsó” a los agentes criminales, quienes de inmediato huyeron a la zona sur de Baja California, concretamente en campos pesqueros.
“No hay que perder de vista que tanto ‘El Pacquiao’ como el grupo que llegó, conocen muy bien las operaciones de seguridad, pues según los registros en la base de datos, dicha célula criminal de la zona norte cuenta con nexos con policías en activo que se encargan de avisar cuando alguna otra corporación policial o militar, como Sedena, Marina, la propia PGJE del sur (La Paz) y (Policía) Estatal, se aproximan a la zona con el fin de poner en alerta al grupo criminal, que también cuentan con gente en gasolineras para informar cuando pasan a cargar combustible”, expresó la fuente de inteligencia de la Mesa.
Para evitar que haya colusión y mayor presencia del grupo criminal, las fuerzas de seguridad reforzaron la sobrevigilancia y presencia en diversos puntos, refieren que de esta manera se inhibe la actuación criminal.
Sicarios entierran a sus víctimas en las serranías o en zonas apartadas de la ciudad para evitar que sean localizados por la autoridad o grupos de búsqueda de personas, de esta manera siguen operando con impunidad
En cuanto a que la célula delincuencial haya huido al sur del Estado vecino, la Mesa de Seguridad confirmó el intercambio de información con Baja California para endurecer su traslado, en caso de que quieran regresar a Ensenada o Tijuana.
“Se están reforzando los puntos de revisión en la zona Pacífico Norte, en la Carretera Transpeninsular, en los puntos de revisión que tenemos, con Sedena, Policía Federal y Policía Estatal. Se han tenido algunos resultados importantes, se está haciendo un trabajo coordinado con la fuerza de la Mesa de Seguridad, sobre todo con la Guardia Nacional, donde se ha hecho un despliegue importante en aquella zona con un número mayor de elementos, puesto que no deseamos que se vaya a generar mayor violencia, sobre todo en Vizcaíno y la parte norte de Santa Rosalía”, apuntó el secretario De la Peña Angulo.
Lo destacó como un tema primordial en la Mesa de Seguridad, sobre todo porque grupos criminales intentaron ingresar y generar una fase de violencia que las autoridades no están dispuestas a tolerar, de ahí la movilización.
“El gobernador del Estado estuvo presidiendo la Mesa de Seguridad en aquella zona, y por supuesto, estamos constantemente visitando la zona norte, en próximos días estaremos en la Mesa de Seguridad en Mulegé, vamos a generar acciones coordinadas para evitar mayor violencia”, concluyó el funcionario estatal.
LA HERENCIA DE LAS DESAPARICIONES
La forma de operar en la zona norte ha confirmado a las autoridades de seguridad que se trata de levantar personas y desaparecerlas. Las declaraciones han sido contundentes.
Tras la captura de “El Chucky”, quien confesó haber privado de la vida a dos hombres a finales de 2018 -a quienes mutiló y decapitó, abandonándolos en la carretera de Loreto a Santa Rosalía-, “no fue el único crimen, ‘El Chucky’ brindó información relevante que llevó a la localización de restos humanos en diversos puntos carreteros. Fue identificado como líder de una célula criminal de jóvenes de entre 20 y 25 años, ordenó y encabezó la desaparición, tortura y ejecución de personas, mismas que enterraban en las serranías para evitar ser localizados por autoridades y grupos de búsqueda”, reconoce la autoridad de la Mesa de Seguridad.
“El Pacquiao” cuenta también con múltiples víctimas, se está en proceso de revelar sus ubicaciones y es probable que haya algunas en el panteón de la PGJE en La Paz.
Héctor El Moreno; Pedro Eduardo alias El Werito o El Jaiba; y Martín El Picapore”, sentenciados a 43 años y nueve meses de cárcel por el homicidio del Director de RadioKashana, Rafael Murúa Manríquez en enero del 2019 en Santa Rosalía
Allí se pudo contabilizar a por lo menos 17 cuerpos sin identificar, con registro ante la PGJE, contando con sus generales, prendas que vestían y muestras de ADN.
En la última jornada de recolección de muestras genéticas, la sorpresa fue que diez familias más buscan a sus seres queridos, posiblemente víctimas de “El Pacquiao”.
“Hasta el momento Los Cabos y La Paz encabezan el número de personas desaparecidas en la zona norte. En nuestra visita del fin de semana, se hizo un registro de las personas que tenemos desaparecidas en el norte, para hacer búsqueda de campo. Traemos registros de aproximadamente diez nuevas familias que atendimos en la jornada integral”, indicó Lizeth Collins Collins, encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Otros de los operadores para el grupo de la zona norte, son Héctor “El Moreno”; Pedro Eduardo “El Werito” o “El Jaiba” y Martín “El Picaporte”, quienes también suman víctimas en su cuenta personal. Una de ellas, el director de RadioKashana, Rafael Murúa Manríquez, privado de la vida en enero de 2019 en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
La PGJE reveló que estos tres sicarios fueron declarados culpables por el homicidio en mención, logrando sentencia condenatoria de 43 años y nueve de meses de prisión, el pago de 513 mil 400 pesos por reparación de daño y 6 mil 273 pesos para gastos funerarios.
VÍCTIMAS SIN IDENTIFICAR
Del 31 de enero al 2 de febrero, la PGJE llevó a cabo jornadas de recolección de perfiles genéticos, información y búsqueda de personas en los municipios de Loreto y Mulegé.
Se obtuvieron doce muestras genéticas, pertenecientes a diez familias de víctimas de desaparición.
“Iniciamos a mediados de octubre (2019) con el registro estatal de personas desaparecidas, ahorita tenemos aproximadamente 110 personas registradas como desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro Estado, este registro consiste en un levantamiento con las familias, cuándo desapareció su familiar, cuáles fueron las circunstancias, y nos va a apoyar en el registro único que está llevando la Comisión Nacional de Búsqueda”, afirmó Lizeth Collins, de la Comisión de Búsqueda de Personas.
A la par, comentó que la institución está recabando información de nuevos casos de desaparición con el apoyo invaluable de los colectivos de búsqueda de personas; tan solo desde su operación, de mediados de octubre a la fecha, se tiene registro de 37 personas reportadas como desaparecidas oficialmente.
Para la funcionaria no solo se trata de llevar las jornadas de recolección de ADN a la zona norte y el resto de los municipios, sino que los familiares de desaparecidos puedan revisar el avance de la carpeta de investigación.
Son aproximadamente 17 víctimas de la delincuencia organizada que permanecen en calidad de desconocidas, están enterradas en el panteón de la PGJE
“Consiste la jornada integral en dar atención a todas las familias por parte de la Fiscalía Especializada, Servicios Periciales, Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda, con la intención de acercar los servicios a las familias y que puedan dar seguimiento, ver cómo van tus carpetas; y que sus muestras genéticas estén en la base de servicios periciales”, dijo.
En el caso de aquellos cadáveres que se encuentran en el Semefo y los ya enterrados en cementerio de la PGJE, la comisionada informó que se cuenta con la documentación de cada una de las víctimas localizadas sin vida en predios, ya sea abandonadas o enterradas en fosas clandestinas.
“La Fiscalía tiene un álbum de las personas que tienen No Identificación, lo cual entendiendo lo sensible del tema, se tienen resguardadas en álbum con fotografías de las víctimas, se presentan a las familias, para que en el momento de tener la jornada, quien desee verlo, pueda hacer alguna identificación”.
De igual forma, se trabaja de manera coordinada, sobre todo para buscar que familiares de desaparecidos puedan tener descanso, por lo que toda la información está disponible para quien acredite tener un desaparecido. La información es oficial y está al alcance de quien así lo desee, lo único que se pide es que haya algún expediente de desaparición, no precisamente de homicidio, para respetar la petición de las familias de no buscar culpables, sino localizar a su desaparecido.
“Traemos ya un trabajo coordinado con Servicios Periciales, para que algunas personas que están en las áreas de Semefo, en el panteón, puedan ser identificados de manera inmediata, y esto solamente se podrá con la coordinación interinstitucional. Tenemos muchas familias que no son del Estado, que están en otros estados de la República y su familiar desapareció en BCS; estamos teniendo comunicación con ellos para poderles informar sobre las jornadas y el trabajo que estamos haciendo”, finalizó Collins.
De las 37 personas reportadas como desaparecidas desde la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas a la fecha, siete fueron localizadas con vida, el resto sigue sin aparecer y poco más de cien están en los recuentos de los diversos colectivos de búsqueda.
