El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, dijo este lunes 6 de enero estar en desacuerdo con el aumento a la tarifa del transporte público que desde el fin de semana ha reportado la ciudadanía a través de redes sociales, pero hasta el momento, el ayuntamiento no ha sancionado a la empresa Verde y Crema que aumentó el costo del pasaje de forma arbitraria.
“Nosotros no les permitimos (el aumento), si detectamos que un transportista está cobrando de más lo sancionamos inmediatamente. La sanción consiste en multa y hasta arrastre del vehículo… Pero no, no ha habido -sanciones-, es un problema que hemos visto a través de los medios pero en la calle no hemos detectado el problema”, indicó el alcalde de Tijuana.
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Al ser cuestionado por ZETA sobre por qué no habían iniciado operativos a pesar de tener conocimiento del aumento, González Cruz decidió evadir la pregunta y no responder.
Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana, Román Antonio Aboytes Hernández, refirió que el aumento a la tarifa de 12 a 14 pesos hecho por la empresa Verde y Crema, no tiene un sustento legal porque no ha sido avalado por el cabildo ni tampoco por el presidente municipal.
“Ya estamos actuando en consecuencia, estamos sancionado, se han generado un buen número de multas y estamos buscando una reunión con la empresa Verde y Crema, para ponernos de acuerdo de que todos trabajamos dentro de la ley y este aumento no es posible”, compartió Aboytes Hernández.
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Según el titular de Movilidad Urbana, los representantes de la empresa Verde y Crema dice tener documentos que respaldan la decisión de aumentar el precio del transporte en las rutas Presidentes y Villa Fontana.
Acotó que este tema le toca aun al Municipio y no al Estado, por lo que van a buscar que este lunes 6 de enero se haga una reunión con los titulares de la empresa transportista, pero, dependerá de la apertura de los mismos.
Asimismo, compartió que por el momento la multa solo ha sido en contra de los operadores de las unidades, y no de la empresa como tal. Detalló que las consecuencias podrían llegar hasta el retiro de las concesiones, pero no se tiene estipulada una sanción económica contra la operadora transportista.
