La Secretaría de Gobernación solicitó al Instituto Nacional Electoral, la entrega de datos biométricos inscritos en el padrón. El organismo negó tal información, argumentando que existe imposibilidad legal. Gobierno de México pretende crear una base de datos con dichas características para evitar el robo de identidad, sin embargo, las diferencias entre ambas instituciones son añejas, por la pretensión de rotar al consejero presidente y el recorte del presupuesto más grande en la historia del INE, que pese al déficit, se autorizó un aumento salarial para todos los trabajadores; situación que ya se investiga
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reveló a través de sus redes sociales que el Gobierno de México solicitó al organismo los datos biométricos de las personas inscritas en el padrón electoral.
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En su cuenta de Twitter, el funcionario publicó el 22 de enero: “El día de hoy la Secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero formalizó al @INEMexico la solicitud para que le entreguemos los datos biométricos de las y los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral”.
En un hilo de cuatro mensajes, Córdova advirtió: “Las y los consejeros del INE le manifestamos la imposibilidad legal de que el Instituto entregue los datos personales de las y los ciudadanos que resguardamos”.
Después aseguró: “Acordamos iniciar un diálogo para analizar qué rutas legales son viables para garantizar el derecho a la identidad sin vulnerar la protección de los datos personales que las y los ciudadanos le confiaron al INE y que nosotros celosamente protegemos”.
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El remate del singular mensaje, que marcó tendencia en redes, destacó: “Los datos personales que tú, más de 90 millones de mexicanas y mexicanos le entregaron al @INEMexico son tuyos y nosotros los resguardamos y cuidamos celosamente correspondiendo a tu confianza. ¡En el INE tus datos están seguros! ¡Con tu INE contamos todas, contamos todos!”.
Pese a lo anterior, lo informado por Córdova no causó impacto en el sector público, por lo menos en esa fecha.
En el mismo tenor, Ciro Murayama, consejero del INE, tuiteó: “Los consejeros expresamos que eso NO es posible: se necesitaría la autorización expresa de cada ciudadano”.
La noticia sobre la pretensión del Gobierno de México ya se conocía, pues el 2 de enero, el también consejero Marco Antonio Baños advirtió que la información biométrica de los mexicanos no se entregaría a la Secretaría de Gobernación pata crear una base de datos.
A partir de esa fecha, Baños aseguró que la institución defenderá sus atribuciones de proteger los datos personales de los electores para evitar un manejo político.
Por su parte, Gobernación revelaría que alista un plan para crear una base de datos que contará con información biométrica de la población, a fin de evitar el robo de identidad.
Desde meses atrás existe un jaloneo entre la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, el INE y miembros de partidos de oposición en la Cámara de Diputados.
Las dirigencias de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) acusan que la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pretende apoderarse del funcionamiento del INE, e impulsa una iniciativa para remover del cargo titular a Lorenzo Córdova.
Lo anterior de cara a la producción de una nueva credencial para votar, proceso que inició en la segunda quincena de diciembre de 2019, para que el documento de identificación oficial contenga 24 medidas de seguridad adicionales, entre estas Código QR.
El anuncio fue que los plásticos comenzarían a entregarse en enero y habrá un diseño especial para los mexicanos en el extranjero, produciéndose más de 81 millones de credenciales en los próximos cinco años, cuyo precio será de 280 pesos cada una.
Entre los retos del INE se encuentran elecciones que tendrán verificativo en dos entidades federativas durante el año en curso, y comienza la organización de los comicios electorales de 2021, en los que se espera la mayor votación en la historia nacional.
Sin embargo, el Presupuesto de Egresos 2020, aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, castigó al Instituto tras el recorte de mil 075 millones de pesos.
En aquella ocasión, el INE acusó a la Cámara de Diputados de pretender limitar y debilitar su autoridad, y de poner en riesgo la capacidad de organizar elecciones equilibradas.
El Presidente de México anunció el 22 de noviembre que instituciones autónomas como el INE y la Fiscalía General de la República deberían ajustarse al presupuesto asignado y ser austeras en su operación.
Por su parte, Lorenzo Córdova expresó en su momento que la reducción afectaría principalmente la infraestructura de monitoreo, la cual podría quedar obsoleta de un día a otro, así como la infraestructura física para que ciudadanos acudan a tramitar su credencial, afectando además los calendarios programados.
Derivado de lo anterior, para el año que corre, el INE ajustó su presupuesto y determinó no renovar la infraestructura informática para el monitoreo de radio y televisión, y canceló la inversión para mejorar módulos de atención ciudadana.
Pese al mayor recorte presupuestal de su historia, el organismo aprobó a principios de año un aumento salarial para todos sus trabajadores, situación que ya es investigada por el órgano interno de control del propio INE.
El contralor Jesús George Zamora, advirtió a los directores ejecutivos que hará varias solicitudes de información a cada una de sus áreas para definir si los aumentos no resultan inconstitucionales, pues podrían implicar que los altos mandos del INE tengan un sueldo mayor al del Presidente López Obrador.
¿QUÉ SON LOS DATOS BIOMÉTRICOS?
Aquellos datos personales referentes a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que posibiliten o aseguren su identificación única. En el caso de las credenciales de elector y documentos que se archivan para su elaboración, consistirían en la (s) huella (s) dactilar (es), imágenes faciales (fotografía) y firma, por citar algunos.
En su segundo párrafo, el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege dicha información:
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.
A la fecha, tal protección constitucional no se ha reformado.
