Distinguida periodista Adela Navarro:
En relación con su artículo publicado el día 17 de enero del presente año en el semanario ZETA, me permito someter a usted una serie de consideraciones y precisiones por algunos acontecimientos relevantes de mi carrera policial, y que usted, con intención mezquina, mal intencionada y sin considerar las circunstancias los señala como hechos vergonzosos y condenables hacia mi persona, y a mi desempeño profesional, entendiendo que usted más que denunciar busca dañar la imagen del actual gobierno de Baja California.
En los hechos que usted indica: niego rotundamente estar implicado en la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, no soy yo la persona que en múltiples ocasiones se señala como “El Caminante”.
Sobre el particular le informo que efectivamente, por muchos años y en las diversas corporaciones en que he prestado mis servicios en diversas partes del país, he adoptado el distintivo de “Caminante”, situación que he reconocido incluso ante la Procuraduría General de la República, donde hace más de cuatro años fui requerido a comparecer como testigo sobre el mismo caso, solo por haber tenido ese distintivo.
Efectivamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera por demás irresponsable, había determinado que yo era la persona que se había comunicado con miembros del cártel de Guerreros Unidos, teniendo únicamente como prueba vinculatoria el distintivo de “El Caminante”, sin embargo, no aportan ninguna otra prueba que me vinculen a los hechos ni a las personas implicadas, ni antes, ni durante ni después de los acontecimientos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, situación que yo estimo fue investigada de manera muy amplia por la propia Procuraduría General de la República.
De plano la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o más bien la persona que me implicó mostró una carencia de conocimiento jurídico científico, que en una investigación penal trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo, sobre ocurrencias en el afán de probar un delito, cimentado en la conducta típica y antijurídica previamente nominada. Lo fundamental es conocer algunas de las circunstancias básicas para enfocar el tipo delictivo, con lo que entramos al Principio de Legalidad, basados en lo imperativo al identificar la conducta ilícita. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar, imposibles de ocultar cuando se comete un delito y que se deben integrar en una investigación seria y profesional nunca se dieron. Por supuesto que por la gravedad del caso la Procuraduría General de la República sí lo hizo.
Le ratifico, no soy esa persona a la que se le atribuye la lamentable desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Cuando sucedieron los hechos yo ya no era Director de la Policía Ministerial, en esa época yo estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco. Sería ilógico, si fuera el caso, que si yo fuera la persona en las circunstancias que usted señala, por supuesto que yo no tendría la intención ni la disposición para ocupar un cargo público. Simplemente no cuadra.
No me he estado ocultando ni mucho menos estoy prófugo. No (negativo) tuve nada que ver con la participación de los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014.
De los hechos a que hace referencia, a las dos toneladas de la supuesta cocaína, las circunstancias fueron las siguientes: A mediados de 2018 en el Estado de Chiapas ya habíamos detectado la presencia de una célula de los “Zetas”. Esta célula venía comandada por un individuo apodado “El Concord” quien a sangre y fuego pretendía tomar la plaza de Tuxtla Gutiérrez. Después de enterarnos de su presencia, y de haber cometido varios homicidios, el entonces Ministro de Justicia del Estado Amador Rodríguez Lozano, quien nunca mostró temor de combatir el crimen organizado, ordenó una persecución en contra de los miembros de ese cártel, esto nos llevó a la captura de varios de sus miembros, mismos que nos ubicaron varias casas de seguridad, pudiendo localizar la propia casa de seguridad del “Concord”, una bodega en la colonia Patria Nueva, donde se encontraron los paquetes de lo que suponíamos cocaína, así como un gran almacén de armamento en Comitán, Chiapas, situación que permitió en esencia la desarticulación de esa célula y la persecución del “Concord” hasta el puerto de Veracruz donde le dimos alcance pero desafortunadamente unos minutos alguien lo alertó y salió con precipitación del hotel donde se hospedaba.
El asunto de la cocaína que representó una mítica conversión de leche en polvo por cocaína fue la versión falsa que filtró uno de los policías que fueron dados de baja al reprobar el examen de control de confianza. En esa fecha se habían dado de baja más de 200 elementos de la Policía Ministerial de Chiapas, con lo cual se combatió la profunda corrupción que ahí existía.
No sé si usted tenga la idea de lo que pueden valer en el mercado dos mil kilogramos de cocaína, pero son varios millones de dólares. Si hubiera sido el caso y en realidad nos hubiéramos quedado con esa cocaína y hubieran pasado por lo menos tres cosas:
1. Me hubieran matado a mí, a mis cercanos, incluso a algunos miembros de mi familia. No hubiera existido un lugar donde yo me hubiera podido esconder. La venganza hubiera sido terrible.
2. Me hubieran detenido y metido a la cárcel, porque ante lo inverosímil de la situación todas las autoridades federales investigaron este asunto ya que solo fue un señalamiento mediático que tuvo mucha repercusión, por lo singular.
3. Estaría viviendo como rey en alguna de las islas del Pacífico sur, sin necesidad de trabajar.
Nada de esto pasó.
En el estado de Guerrero fui tres años y medio director de la Policía Ministerial, y obtuvimos muchos éxitos en materia de investigación y en el tema del cumplimiento de órdenes de aprehensión. Esto fue después de terminar mi comisión en Chiapas. Como ejemplo le comento, que cuando yo llegué, existían más de diez mil órdenes de aprehensión sin cumplir. Para tener resultados busqué primeramente dignificar a la policía mejorando sus condiciones, tomándolos en cuenta, tomándoles parecer de las acciones a realizar e implementé un novedoso sistema de evaluación de los mandos subordinados de la Policía Ministerial donde en tres años y medio bajamos completamente el déficit en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, habiendo cumplido en ese periodo con 11,116 (once mil ciento diez y seis) detenciones, entre órdenes de aprehensión y flagrancia por la comisión de delitos.
Ruego a usted publicar mi derecho de réplica en el semanario ZETA, que usted preside.
Gral. Marcos Juárez Escalera.
Mexicali, Baja California, a 19 de enero de 2020.
