Jaime Bonilla acusa -sin pruebas- a Cervecería Insurgente de tráfico de influencias y corrupción para obtener sus permisos; en contraparte, señalan al gobernador de cumplir el capricho de su hermano Alberto, de 78 años de edad, que no quiere una cervecería frente a su casa y negocio. De hecho fue el consanguíneo del gobernador quien alertó de lo que sucedería a los productores de cerveza artesanal
Desde que Alberto Bonilla, hermano del actual gobernador de Baja California, mostró su inconformidad con la presencia de la cervecería Insurgente, frente a su negocio y morada en la calle Juan Cordero de la Zona Urbana Río Tijuana, los emprendedores de cerveza artesanal no han podido operar debido a las trabas que les ha puesto el actual Ayuntamiento de Tijuana, a pesar de contar con todos los permisos.
Alberto Antonio Bonilla Valdez, hermano mayor de Jaime Bonilla, tiene 78 años y desde 2003 un negocio de aire acondicionado llamado “Equipo Eficiente de Japón” -lugar en el cual también reside-, ubicado sobre la misma calle que la cervecería artesanal.
Foto: Ángela Torres Lozano.- Los dueños de Cervecería Insurgente cuentan con los permisos desde el 2012
Los hermanos Morales, Iván y Demián, así como su madre, María del Rosario Pérez Quezada, comenzaron a producir cerveza artesanal en 2010; y cuando se convirtió en un negocio redituable, se dedicaron a hacerlo de manera permanente y con los documentos en regla.
“Es un terreno mío que yo usaba como estacionamiento, después decidimos iniciar la construcción y hacerlo ya en grande. A partir de 2013, se obtuvo el permiso de uso de suelo para el lote 004 manzana 58. El tema de ‘microcervecería’ no existía en ese tiempo”, comentó a ZETA María del Rosario Pérez Quezada, quien figura como dueña de Insurgente.
En julio de 2012 les otorgaron el dictamen de factibilidad de uso de suelo, en el que se indica que es compatible para “Microindustria Artesanal”, en la modalidad de Elaboración de Cerveza Artesanal.
El documento fue firmado en 2012 por Martha Adriana Romero Albarrán, encargada de despacho del Departamento de Uso de Suelo, en la administración de Carlos Bustamante Anchondo; y fue ratificado en 2013 por Rafael Valdivia Reyes, con el mismo cargo, pero en el periodo de Jorge Astiazarán Orcí.
En enero de 2018 se le entregó el dictamen de uso de suelo para microindustria de Elaboración de Cerveza (Microcervecería) en el predio propuesto, con el folio 1352288 y el número de expediente 4501/2013, autorizado por Corina López Zúñiga, jefa del Departamento de Uso de Suelo y quien fue inhabilitada en abril del mismo año -para desempeñar un cargo público- por entregar permisos de construcción a gaseras, después de publicada una moratoria contra las mismas.
La amenaza y la clausura
El 31 de agosto de este año llegaron representantes de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por una queja que “alguien” había interpuesto; pero no encontraron motivo para sancionar y se retiraron, mencionó Iván Morales a este Semanario.
Ese mismo día en la noche, regresaron otros dos inspectores con documentos elaborados, revisaron el lugar y, finalmente, lo clausuraron por haber encontrado gente fumando en la terraza.
Los hermanos Morales recurrieron a Carlos Reynoso Nuño (por tener relación familiar con él), quien en ese entonces fungía como subsecretario de Gobierno en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, para ser orientados sobre qué hacer por la clausura.
“Él habla con el entonces director de Cofepris (Héctor Rivera Valenzuela) y le platica lo que nos estaba pasando, y el director le dice ‘Nadie autorizó una clausura para ayer. Cofepris no puede clausurar de buenas a primeras. Mándame la foto del sello para saber quién fue; diles que quiten los sellos y que abran”, afirmó Iván.
Foto: Ángela Torres Lozano.- El negocio de Alberto Antonio Bonilla se encuentra frente a las instalaciones de la cervecería.
A los pocos días se enteraron de dónde venía la queja. A través de un video de Jaime Bonilla, este declaró haber mandado investigar el lugar porque vecinos se quejaban del ruido, razón por la que mandó a clausurarlo -a pesar de en ese entonces ser gobernador electo- “ya que por ser sobrinos de Carlos Reynoso, operaban sin permisos e impunidad”.
El verdadero quejoso era Alberto Antonio Bonilla Valdez, vecino comercial y residencial de Cervecería Insurgente, quien tuvo tres conversaciones previas con los dueños y con quien estaban -aparentemente- en buenos términos.
Sin embargo, días antes que Arturo González Cruz tomara posesión como presidente municipal, Alberto Bonilla se acercó nuevamente con María Teresa y su hijo Demián para decirles que ya había reflexionado sobre la cervecería y no iba a permitir que trabajaran frente a su negocio.
A los 5 días de tomar Morena la administración municipal, llegó un equipo de Bomberos, Protección Civil, Reglamentos y demás dependencias, argumentando que debían clausurar el lugar, pues no contaban con los permisos y requerimientos necesarios.
Cada vez que resolvían un problema, llegaba otra dependencia con otra clausura para no dejarlos trabajar; incluso no les daban días para cubrir la falta, como sí sucedió con Teorema Lúdica. La clausura era inmediata, esa era la consigna.
“Calladitos se ven menos feítos”
Bonilla insiste en que Insurgente tiene un permiso de uso de suelo ilegal y que están violando “derechos humanos y civiles” por tener “una cervecería y una disco frente a tu casa, sin tener estacionamiento y estar a 40 metros de un hospital”, cuando en realidad están a 100 metros de distancia.
Y continuó: “Esos jóvenes tienen que aprender a respetar la ley; por más ruido que hagan, ellos saben perfectamente que lo que hicieron fue ilegal. Ellos, calladitos se van a ver menos feítos”.
Por su parte, Arturo González Cruz dijo a ZETA que los permisos que tiene son irregulares, ya que sacaron un permiso comercial, cuando debieron pedir “un permiso especial de transformación, porque están produciendo cerveza”; asimismo, que no tomaron en cuenta las instalaciones de alrededor y la falta de estacionamiento.
Les niegan diálogo
El 25 de noviembre, la señora María del Rosario Pérez Quezada acudió al Ayuntamiento, con la intención de entablar un diálogo con Arturo González Cruz. Una vez que hizo la solicitud a puño y letra, le informaron que entre tres y cuatro días obtendría una respuesta; hasta el 11 de diciembre, no había nada.
“Dicen que los permisos los obtuvimos con funcionarios corruptos; ahí está la firma de quien nos dio el permiso de microcervecería, la arquitecta Corina Rosina Rodríguez Aranda, quien sigue trabajando en el Ayuntamiento. ¿Entonces está diciendo que su gente es corrupta? Ellos mismos se contradicen”, dijo Pérez Quezada.
