En dos turbulentas sesiones, el Congreso del Estado -de mayoría morenista- entregó al gobierno de Jaime Bonilla Valdez, un “cheque en blanco” para endeudar libremente a la entidad, consideró el experto en temas financieros Enrique Rovirosa; aseguró que el esquema presentado ante el Poder Legislativo, sugiere una reestructuración, pero también un endeudamiento, cuyo objetivo es otorgar liquidez para el ejercicio fiscal de 2020. Según las estimaciones del decreto aprobado por el Parlamento local, los bajacalifornianos se verían obligados a pagar alrededor de 25 mil millones de pesos, entre abono a capital e intereses a 20 años, dejando las erogaciones más severas para después de terminada la administración de Morena
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Cortesia.- Auditoria Superior de Justicia
Alrededor de 25 mil millones de pesos es lo que pagarían los bajacalifornianos, -entre capital e intereses- en un plazo de 20 años, de concretarse la reestructuración de deuda pública propuesta por el gobernador morenista, Jaime Bonilla Valdez, y aprobada por 21 de los 24 diputados que asistieron a la sesión de Pleno realizada el 10 de diciembre.
Argumentando que el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid dejó un Estado “en quiebra”, diputados de la XXIII Legislatura justificaron la propuesta del actual Ejecutivo Estatal para reestructurar la deuda de 12 mil millones de pesos, que terminaría de pagarse hasta el 2037; con ese refinanciamiento, esperan poder iniciar el saneamiento financiero del Estado.
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El dictamen número 36 de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, fue aprobado después de pocos días de análisis y tras un intento de “madruguete” -emprendido por la Mesa Directiva, encabezada por el diputado Víctor Morán Hernández- el jueves 6 de diciembre, pero que fue retirado -según dijo el legislador- porque hacía falta un estudio de la Auditoría Superior del Estado.
Dicha sesión también fue cubierta por sospechas de corrupción, luego que el secretario general de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, denunció la solicitud de sobornos por parte del diputado Miguel Ángel Bujanda, quien supuestamente prometió el respaldo de cinco votos de la oposición a cambio de un millón de pesos para cada uno. Evidentemente, el ex panista lo negó sin preocupación.
Mientras que los diputados morenistas, como Juan Manuel Molina, aseguran que no hay otra opción para sacar adelante al Estado, debido a las desastrosas finanzas del ex gobernador Vega, los diputados David Ruvalcaba y Eva María Vázquez -PRI y PAN, respectivamente- consideran que existen varios puntos irregulares: desde un mal proceso legislativo hasta el incremento de la recaudación por parte del Estado, lo que representaría un aumento en los impuestos y cobro de derechos.
Por su parte, el ex presidente del Colegio de Economistas de Mexicali, Enrique Rovirosa, afirmó que no hay que temer a la palabra “refinanciamiento”, pues se trata de un movimiento normal en cualquier organización. No obstante, recriminó que la propuesta presentada al Poder Legislativo sugiere que habrá un endeudamiento.
“Es un engaño, es una manera de engañar; no es un proceso una refinanciación, es refinanciación y endeudamiento”, comentó el experto en materia financiera, cuya percepción es que los diputados le otorgaron un “cheque en blanco”, para adquirir deuda.
Actualmente, Baja California tiene una situación financiera en nivel verde, en dos de los tres indicadores, en relación a deuda. En el único donde se emitió una alerta amarilla es en el apartado de “Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición”. La alerta amarilla que registró en mayo del 2019 se levantó a raíz del pago de préstamos a corto plazo del gobierno anterior, según los datos disponibles en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
LA DEUDA EN NÚMEROS
Como lo ha expresado el gobernador Jaime Bonilla Valdez, la deuda estatal creció en las últimas tres administraciones panistas de Eugenio Elorduy Walther, José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid; con este último, de forma desmesurada.
Con fecha del 30 de septiembre del 2019, los 23 contratos que conforman los compromisos financieros del gobierno alcanzan los 12 mil 320 millones 395 mil 242 pesos, que con intereses asciende a 20 mil 984.29 millones de pesos, a pagarse en los próximos 17 años.
Lo aprobado por los diputados abre la posibilidad para reestructurar 22 de esos contratos, que conforman el 97 por ciento de la deuda (a pagarse en un plazo máximo de 20 años). Sin embargo, la proyección que contempla el Ejecutivo Estatal es que se erogarán 25 mil 34.22 millones de pesos, es decir, cuatro mil 49.94 millones de pesos más.
Esto permitiría al gobierno de Jaime Bonilla destinar -en 2020- un monto de 732 millones 784 mil 194 pesos para el pago de deuda, y no los mil 273 millones 771 mil 353 pesos, que debería cubrir con el esquema actual. Así permitiría un ahorro directo de poco más de 500 millones de pesos en el primer año, que serían destinados para el saneamiento financiero; pero que, al tiempo, deberá ser cubierto por otra administración.
Comparativo servicio de la deuda
Los siguientes años aumentará poco a poco el monto; para el 2027 el Ejecutivo Estatal se verá obligado a destinar mil 26 millones 516 mil 856 pesos al pago de la deuda, y para el 2039 se comprometerán dos mil 30 millones 654 mil 736 pesos. En otras palabras, Bonilla Valdez libraría los gastos fuertes y los trasladaría a los próximos gobiernos.
Esta información consta en el estudio de 99 páginas elaborado por la empresa Marco Moreno Consultoría, la cual ha realizado otros trabajos para el Gobierno del Estado; la mayoría relacionados a proyectos de Asociación Público-Privada, como el proyecto de pluviales para la Zona Poniente de Mexicali, el proyecto hídrico de San Quintín, entre otros.
Su firma respalda la evaluación financiera que se entregó al Congreso del Estado, con el aval del Comité Técnico Financiero Estatal, conformado por el secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera; Abraham Alejandro Morales López, representante de la Secretaría de Economía; Norma Olga Angélica Alcalá Pescador, subsecretaria de Finanzas del Estado; Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y el representante ciudadano honorífico, el empresario, Kurt Ignacio Horold Morales.
El dictamen asegura que de no llevarse a cabo la reestructuración, varios de los préstamos bancarios correrían riesgo de no ser cubiertos, lo que se traduce en una crisis financiera mayor, que obligaría al Estado a destinar más recursos para el pago de empréstitos.
REFINANCÍAN Y ENDEUDAN A BC: ROVIROSA
El experto en materia financiera, Enrique Rovirosa Miramontes, aseguró que es un buen año para reestructuración de deudas; máxime porque las tasas de interés van a la baja, a nivel nacional. Además de ello, reconoció la desastrosa administración que dejó “Kiko” Vega, por lo que esta herramienta resulta una buena idea; sin embargo, consideró que existen varias irregularidades que deben ser señaladas.
Luego de revisar el documento, aseguró que no solo habrá reestructuración, sino que también se adquirirá más deuda. A Rovirosa Miramontes le resultó extraño que la justificación del documento tenga cifras de septiembre del 2019, cuando nos encontramos a mediados de diciembre.
Y es que por los pagos mensuales, la deuda puede ser de 100 o 200 millones de pesos menos a la que se está autorizando reestructurar. Es decir, piden permiso para refinanciar 12 mil 320 millones 395 mil 242 pesos, pero con los abonos de ese periodo, ya se debe menos.
Tampoco dejó pasar el hecho de que el origen de la reestructuración es encontrar un mejor esquema para el pago de empréstitos; pero en este caso, el dinero que se ahorre los primeros años no será destinado para el pago a capital, sino a otros compromisos financieros, por lo que lo único que se está haciendo es generar liquidez -en los primeros años del préstamo- a costa de pagar a mediano y largo plazo.
“El proceso de refinanciación debería dejar claro que la ventaja de ese ahorro, pues se logra a través de la refinanciación; el truco está en que en el mismo decreto, por autorización del Congreso, le dice al ejecutivo que ese ahorro que tengas lo puedes usar de manera libre”, señaló el consultor financiero, quien aseveró que el Congreso aprobó un proyecto incompleto; se desconoce a dónde se destinará el recurso que se obtendrá de manera inmediata.
Según las estimaciones, con todos los ajustes y la reducción de tasas, el Estado tendría un recurso disponible de entre 724 y 944 millones de pesos, para utilizarse de manera discrecional durante el gobierno de Bonilla.
Aunque el mismo dictamen de la Auditoría Superior del Estado, con número TIT/1470/2019, establece que si el contrato se firmara el 30 de abril, podría reestructurarse solo los 11 mil millones 880 mil pesos, lo aprobado por diputados le permite que la cifra sea mayor.
Otra de las irregularidades que detectó es que se contempla un monto de 108 millones de pesos por concepto de servicios, lo que sugiere que se pretende pagar a un despacho privado para hacer la reestructuración. Esto resulta un gasto ocioso, toda vez que la Secretaría de Hacienda Estatal debe tener un equipo técnico que se encargue de ello.
“Es difícil, si no sabes lo que estás haciendo”, respondió el experto, al cuestionarle sobre las dificultades de buscar y diseñar un buen esquema de financiamiento.
PRI Y PAN CUESTIONAN, PERO SON IGNORADOS
Para la diputada Eva María Vázquez, del PAN, la autorización de esta reestructuración se traduce básicamente en más deuda para los bajacalifornianos. Lo más preocupante es que, para adquirir el refinanciamiento, el Estado se vería obligado a aumentar la recaudación en un 19 por ciento para el 2020, lo que no podrá hacerse de otra manera más que a través del incremento a los impuestos o pago de derechos.
Consideró que también hay algunos elementos cuestionables, como que se comprometerán las participaciones federales y el Impuesto sobre la Nómina para garantizar el pago del mismo.
Foto.- Cristian Torres.- Enrique Rovirosa
Por su parte, David Ruvalcaba, del PRI, votó a favor de la reestructuración, pero con reservas, que terminó por exhibir al morenismo; y es que sugirió que se buscaran esquemas que permitieran un pago anual fijo por los próximos 15 años, para así realmente reducir la deuda pública. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por prácticamente todos los legisladores, argumentando que “no le entendían”.
Ambos legisladores consideraron que el proceso legislativo que se llevó a cabo, tanto para la lectura de la dispensa de trámite como la votación, además del proceso de notificación, no fueron realizados de manera oportuna con tres días de anticipación.
MORENA RESPONDE CON INVESTIGACIÓN CONTRA ELORDUY, OSUNA Y “KIKO”
A través del diputado Juan Manuel Molina García, la respuesta del morenismo fue de reproche a los pasados gobernantes del PAN y a los que consideró sus “cómplices”, que si bien no señaló abiertamente, con facilidad se detecta que se refiere a las dos diputadas panistas, Eva María Vázquez y Loreto Quintero Quintero, ex Oficial Mayor de “Kiko” Vega.
Durante su espacio frente al Pleno, Molina García aseguró que esta es la mejor manera de arreglar el “desastre” que dejó el último gobernador panista de la entidad.
Asimismo, arremetió contra los últimos tres mandatarios, a quienes acusó de “desaparecer” el dinero obtenido con los préstamos que se adquirieron durante su gestión, pues -a su juicio- no se ve reflejado en proyectos de infraestructura del Estado.
Molina García lamentó que no se pudiera realizar mejor esquema para rescatar las finanzas estatales, y aseguró que se buscará abrir una comisión para investigar el destino de esos recursos.
Estas acusaciones las realizó en la tribuna del Congreso del Estado, durante la sesión celebrada el 10 de diciembre, donde los diputados morenistas aplaudían sus señalamientos, además de burlarse en voz alta de cualquier reclamo que hacía la oposición.
