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viernes, febrero 16, 2024
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Ayuntamientos de BC, más impuestos y quejas por gobiernos pasados

Los cinco ayuntamientos del Estado y las cuatro comisiones de Servicios Públicos, presentaron sus respectivos proyectos de Ley de Ingresos, con los que pretenden afrontar los retos para 2020. Algunos nuevos impuestos, otros incrementos de derechos, un anuncio de reestructuración de deuda y una comparecencia “reventada” por manifestantes, destacaron entre el ambiente taciturno, derivado de los cuestionamientos poco críticos de los representantes populares

Creación de algunos impuestos e incremento de otros, son algunos de los elementos a destacar en la primera ronda de comparecencias para Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado, donde hubo algunos sobresaltos por parte de un grupo de manifestantes de Ensenada que prácticamente “reventaron” la sesión con su presencia, provocando que la presentación del proyecto del alcalde Armando Ayala Robles tuviera que realizarse a escondidas, en una sala contigua al pleno.


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Fuera de ese momento, los diputados se mostraron tibios y en algunas ocasiones como “paleros” de los alcaldes de los cinco ayuntamientos de Baja California, además de las cuatro comisiones estatales de Servicios Públicos, todos impregnados de morenismo.

Salvo algunos desaguisados de funcionarios provocados tres diputados, el resto formó parte del guion. Poco se cuestionó, y cuando se hizo, se recurrió al señalamiento fácil y sin análisis.

Las comparecencias de Mexicali y Tijuana generaban mayor expectativa tanto por las polémicas por los incrementos de impuestos, como por ser las dos administraciones que más recurso manejan. Sin embargo, la alcaldesa capitalina Marina del Pilar Ávila y el empresario Arturo González Cruz, salieron sin un rasguño y airosos, casi en brazos.


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El impuesto sobre negocios jurídicos generó gran inconformidad por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, en tanto que la reestructuración de la deuda de 2 mil 650 millones de pesos por parte del gobierno tijuanense, prácticamente fue avalada por los diputados.

Mientras, los ayuntamientos de Ensenada, Rosarito y Tecate, plantearon desde reestructuración de valores catastrales, hasta el incremento en el Impuesto Predial en diversas zonas, con la finalidad de obtener mayores recursos. Sin embargo, solo Ensenada pretende un incremento sustancial.

Por otra parte, las comisiones de agua se mantendrán con los mismos números, o como máximo se homologarán con el 3.7 correspondiente a la inflación; únicamente Ensenada busca incrementar su tarifa en .5 por ciento.

Comision de hacienda y presupuesto

TIJUANA Y MEXICALI, LOS PROTEGIDOS

Los dos ayuntamientos más grandes del Estado fueron acogidos por los diputados de Movimiento Regeneración Nacional, quienes no entraron en controversia y justificaron cualquier incremento o acción a tomar, debido a la situación financiera que heredaron de sus antecesores panistas.

Ejemplo de ello es la reestructuración de deuda que solicitó el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, de 2 mil 650 millones de pesos, arrastrada desde hace varios gobiernos.

La pregunta expresa la realizó el diputado Miguel Ángel Bujanda, cuyo interés era conocer el estado financiero del municipio y terminó por respaldar el refinanciamiento que otorgaría unos 25 millones de pesos libres para el próximo año, además de liberar otros 40 más que forman parte de la cláusula firmada por los gobiernos anteriores, los cuales prometieron siempre mantener ese monto en el banco.

González Cruz presentó su proyecto de Ley de Ingresos por 8 mil millones de pesos, abarcando un incremento del 3.2% al Predial -correspondiente a la inflación-, y otro aumento de ese gravamen en el fraccionamiento Real del Mar, cuya plusvalía ha crecido de manera exponencial. Fuera de estos ajustes, se sumaron algunos derechos, pero no de manera sustancial.

El único punto que generó cuestionamientos fue la tasa que se impuso a los espectáculos en beneficio a asociaciones civiles. La diputada María Luisa Villalobos reclamó que se busca burocratizar a instituciones que aspiran a obtener beneficios para estas organizaciones, a lo que González Cruz explicó que algunas promotoras se han aprovechado de las agrupaciones sin fines de lucro para hacer negocio, ya que pagan menos impuestos por realizar un evento y la donación que otorgan es minúscula.

El diputado Luis Moreno cuestionó el desorden con el que se ha manejado el carril médico, a lo que el alcalde tijuanense argumentó que están trabajando en ello, pues detectaron empresas que compraron hasta 20 mil pases, los cuales eran comercializados y generaron grandes conflictos, incluso con autoridades estadounidenses. Ahora buscan beneficiar a la inversión.

Agregó -por otra pregunta- que buscarán mejorar el contrato de los parquímetros de Tijuana, donde detectaron algunos puntos que resultaban desventajosos. Asimismo, adelantó que no contratarán más empresas para el timbrado de nómina, donde el pasado gobierno erogó grandes cantidades de dinero por un trabajo que podría hacerse dentro de las oficinas municipales.

Sobre el cobro de Predial, aseguró que se tenía un 54 del 62% presupuestado, y para el próximo año pretenden impulsar fuertemente el cobro de ese tributo por internet, a través de campañas publicitarias y una reducción del 3% siempre y cuando se haga por medio del sistema.

En su caso, el Ayuntamiento de Mexicali busca un recurso de 4 mil 257 millones de pesos, lo que representa un ingreso prácticamente igual que el percibido el año pasado. No hubo incremento al Predial como inicialmente lo buscó la alcaldesa, pero se creó el Impuesto de Servicios Jurídicos para toda nueva construcción superior a 120 metros cuadrados. El sector empresarial mostró su rechazo al gravamen, afirmando que no fueron consultados sobre el tema, como tampoco se llevó a cabo un estudio sobre las consecuencias.

Marina del Pilar Ávila aseguró que este impuesto no afectaría a las personas de clase popular, pues sus construcciones son de menor tamaño, por lo que solo representaría un impuesto para las construcciones de gran tamaño y los residenciales de clase media alta. Expuso que se fijó un tope de 4 millones de pesos para las edificaciones de enormes proporciones, como naves industriales, por lo que tampoco se afectará a la inversión, y que las construcciones en la zona del Centro Histórico tendrán ciertos beneficios en el pago de impuestos, pues se pretende incentivar la actividad en esa zona de Mexicali.

Los diputados fueron condescendientes y se limitaron a pedir que la presidenta municipal explicara de mejor forma los beneficios de los impuestos, respaldando las propuestas de Ávila, quien solo fue cuestionada por los mecanismos que utilizará para mejorar la recaudación, dando oportunidad de presumir su proyecto de presupuesto participativo, donde las personas deciden en qué colonia debe invertirse cada peso y en qué rubro.

 

ENSENADA, A “ESCONDIDAS”

La única comparecencia que tuvo que hacerse “a escondidas”, fue la del Ayuntamiento de Ensenada, donde el alcalde Armando Ayala Robles ingresó a toda prisa a la sala Estado 29 del Congreso del Estado, un salón contiguo al pleno que no pudo usarse ante el temor de supuestas agresiones manifestantes llevados al recinto por el regidor Miguel Orea. Residentes de colonias populares y sectores indígenas, reclamaban el intento de incremento al Impuesto Predial por parte del gobierno ensenadense.

La comparecencia inició pasadas las cuatro de la tarde del martes 17 de diciembre, pero poco antes, manifestantes sostuvieron un enfrentamiento con guardias de seguridad del recinto; hubo jaloneos y empujones, pero al final se les permitió el ingreso para llenar las butacas del pleno.

Alcalde de Tijuana Arturo González Cruz

Pasaron los minutos y se dieron cuenta que la comparecencia se hizo a puerta cerrada, por lo cual los manifestantes se quedaron con las ganas de protestar y mostrar sus pancartas contra el edil ensenadense, quien pidió recurso por mil 811 millones 300 mil pesos, es decir, 289 millones más que el año anterior, con la intención de invertir más en seguridad y obra pública, para lo cual se generarán algunos incrementos como la tasa de valores catastrales hasta en 30%, según las estimaciones.

Este municipio es el que pretende mayor recaudación durante 2020 en comparación con el anterior.

 

TECATE SIN NOVEDAD; ROSARITO, CUESTIONADO POR PREDIAL

Mientras Tecate fue respaldado con una serie de adecuaciones para mejorar la situación financiera del Departamento de Bomberos y Protección Civil, a través de algunos incrementos en impuestos y conceptos, el quinto municipio resultó severamente cuestionado por su intención de incrementar impuestos en zonas industriales.

El gobierno de la alcaldesa Zulema Adams Pereyra pretende un incremento del Predial de solo 3.7%, que representa la inflación, adecuándolo de manera general en todos los cobros de la administración.

En total buscan captar 681 millones de pesos (10 millones más que el ejercicio anterior) a través de una reingeniería y de mejor captación de impuestos, no así con la creación de nuevos gravámenes.

El principal señalamiento de la alcaldesa es en el rubro del deporte, donde denunció lo que parecen ser mafias en los centros deportivos, donde incluso se vende alcohol y se apoderan de los horarios de las canchas sin control. También denunció obras deficientes en el sector por parte de la pasada administración.

En Rosarito, la gran crítica realizada por el Congreso fue el intento de incrementar los impuestos al sector industrial. La alcaldesa Aracely Brown aseguró que dichas empresas perciben grandes ganancias, pero tienen un pago de 6 mil pesos de Predial, cuando en otros municipios se alcanzan hasta 70 mil por ese tipo de inmuebles.

Brown se enfrascó en una discusión con el diputado David Ruvalcaba, quien le reprochó que no era correcto incrementar impuestos, tomando en cuenta que hay un abandono en diversas zonas de Rosarito en cuanto a servicios públicos. La respuesta tendría cierto nivel de cólera y minimizó los señalamientos del legislador priista, quien decidió no continuar con el debate.

Otros diputados también cuestionaron las afectaciones que esto podría generar, a lo que la presidenta municipal indicó que la intención es que dichas empresas paguen por lo menos 30 mil o 40 mil pesos de Predial, lo que consideró justo en comparación de lo que se hace actualmente.

De igual manera, se tuvo que reestructurar la Ley de Ingresos para definir ciertos cobros, ya que había cuestiones que se percibían a criterio. Como ejemplo señaló que no se tenía concepto para el cobro de la instalación de una gasera y se cobraba como si se tratara de un muro, lo que evidentemente estaba fuera de proporción.

La alcaldesa aspira a un monto de 566 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, pues pretenden realizar mejoras importantes en diversas vialidades, equipar sus corporaciones policíacas y de bomberos, máxime cuando, por ejemplo, se tienen torres inmobiliarias gigantescas, pero no una bombera con escalera de por lo menos tres pisos.

 

COMISIONES DEL AGUA, LAS MISMAS CARENCIAS

Salvo por el municipio de Ensenada, todas las comisiones de Servicios Públicos permanecerán con la misma tarifa. El resto tendrá incrementos con base a la inflación. En el caso de Ensenada, el vital líquido aumentará un .5%.

Todas las instituciones padecen los mismos problemas, como la urgencia de cambiar gran parte del sistema de drenaje del municipio, de hasta 50 años de antigüedad, así como la deuda que arrastran y la falta de infraestructura en diversos sectores.

También, todos los municipios buscan nuevas alternativas para el uso eficiente y reúso del agua para depender cada vez menos del cauce del Río Colorado.

Sin embargo, en Ensenada se enfrentan a una bomba de tiempo, toda vez que el agua que perciben de la desaladora les cuesta 20 pesos por metro cúbico, pero la venden en 8 y ello representa un déficit importante. La situación podría volverse insostenible en poco tiempo, máxime cuando se presume que la desaladora aumentaría el costo de la producción de agua a 30 pesos.

Rigoberto Laborín Valdez, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, declaró que buscan medidas alternas para tratar de depender un poco menos del agua del Río Colorado. Una de esas medidas fue la de los tandeos para reabastecer la presa El Carrizo, actualmente sobreexplotada.

Referente a los proyectos más urgentes, dijo que se encuentra el de prácticamente reconstruir la colonia Sánchez Taboada, al ser la única manera de solventar sus constantes problemas de fugas y derrumbes.

Los cuestionamientos generales de los diputados estuvieron orientados a la obesa nómina de estos organismos estatales, los cuales cuentan con una gran cantidad de aviadores que generan millonarios desfalcos, por lo que solicitaron mayor atención en el tema a sus respectivos titulares.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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