El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, anunció que el organismo procederá con dos nuevos alegatos ante la denominada “ley Bonilla”, la cual establece que la actual gubernatura finalizará en 2024, cuando estaba contemplado que concluyera en 2021.
Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la Acción con la que el Instituto pretendía que se declarara inconstitucional el decreto relativo a la ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, Córdova Vianello se refirió a las nuevas medidas que el INE emprenderá contra la norma publicada el 17 de octubre.
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“En los días que vienen presentaremos un amicus curiae (Amigos de la Corte) y también una Controversia Constitucional para la que sí estamos legitimados para preservar la democracia y los derechos en nuestro país”, mencionó como parte del mensaje que ofreció ayer en la ceremonia de entrega del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, del Premio de Acceso a la Información Pública y del concurso CUBACRÓN, acto celebrado en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación.
Como argumento a la Acción de Inconstitucionalidad que el Instituto había interpuesto, el organismo citó en su momento el artículo 105 Constitucional, el cual establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse”, ello en referencia a que el artículo octavo transitorio, relativo a que el periodo gubernamental sería de dos años, se reformó a partir del 8 de julio, siendo que la elección para el cargo de gobernador tuvo lugar el 2 de junio.
El órgano electoral, además argumentó que la enmienda aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar la gubernatura de dos a cinco años, “pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios”.
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Aparte de la Acción de Inconstitucionalidad que la SCJN denegó al INE, el organismo había presentado una Acción Declarativa con el fin de que se aclarara el periodo de gestión de Bonilla Valdez, la cual fue desechada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 30 de octubre.
