Las leyes existen para generar un marco legal de sana convivencia, para otorgar cierto grado de certeza respecto a las facultades y compromisos de los hombres y mujeres en el poder, y los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
Pero eso es en papel. En la vida real esos equilibrios se rompen, porque a pesar de las leyes, muchos de esos derechos humanos son pisoteados por funcionarios que incumplen y abusan del poder en pleno goce de la impunidad que reina en las instancias responsables de impartir justicia, o por el servilismo de quienes integran los poderes creados para funcionar como contrapesos, pero que no cumplen con su cometido.
Por ejemplo en Baja California, ¿para qué se necesita pagar millones de pesos en sueldos a 25 diputados si el gobernador Jaime Bonilla Valdez puede hacer lo que le venga en gana? Al final el peso de sus decisiones y acciones en el Congreso solo sirve para perder tiempo.
Apenas el 1 de noviembre, los legisladores armaron el primer circo al servicio del Ejecutivo estatal, en el que nombraron por dedazo a Guillermo “Titi” Ruiz -compadre de Bonilla- fiscal general de entre una irrisoria terna.
Entre el 13 y 15 de noviembre se le volvieron a entregar, haciendo los trámites necesarios para validar la renuncia que, sin facultades ni derechos, el ingeniero Bonilla le pidió al -en teoría autónomo- auditor superior del Estado. Y conste que tampoco se trata de defender al licenciado Carlos Montejo Oceguera, quien más allá de sus capacidades, en julio había llegado a la Auditoría en medio de un cuestionado proceso, como resultado de un intercambio de favores políticos, las conocidas costumbres antiéticas e inmorales que a los legisladores bajacalifornianos se les están convirtiendo en una infortunada costumbre.
De acuerdo a las leyes, al auditor lo elige y lo remueve el Congreso, pero solo después de un procedimiento mediante el cual le comprueben algún delitos de los atribuibles a funcionarios públicos: fraude, administración fraudulenta, abuso de confianza y coalición de servidores públicos; infidelidad en custodia de documentos, abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y violación de secretos o negociaciones lícitas.
Pero el día 13 de noviembre las cosas no fueron así. Montejo le mostró al gobernador Bonilla una investigación en ciernes en contra de su antecesor, que implicaba transferencias irregulares por mil 200 millones de pesos a 91 empresas. Le informó que el 31 de octubre se habían entregado los primeros citatorios a los primeros ex funcionarios -de tercer y cuarto nivel, y que ese día le hablaron el todavía gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el secretario de Finanzas para preguntarle por qué estaban interviniendo a la directora de Egresos y a sus colaboradores.
Entonces Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, hicieron lo que la Ley no les permite: pidieron la renuncia a Carlos Montejo Oceguera. Después, ante la opinión pública, el mandatario lo acusó de ser cómplice del ex gobernador. A sabiendas que como director de Auditoria Fiscal del Estado, las relaciones y transacciones de Montejo Oceguera eran con el Servicio de Administración Tributaria y nada tenía que ver con las transferencias y pagos a proveedores, reales o fantasma.
Desde el Gobierno del Estado no solo se deshicieron irregularmente del auditor superior, sino que manipularon la Ley para instalar en el puesto a alguien de sus confianzas y no tener la urgencia para nombrar al suplente.
La Ley indica que en ausencia del titular, la misma debe cubrirse con el sub auditor, con la idea de que se quede alguien de dentro, que ya conozca el desarrollo del trabajo. Pero como Bonilla deseaba una persona afín a su proyecto, enviaron al contador y doctor José Sergio Soto para que antes de irse Montejo, que es el único facultado, lo nombrara sub auditor.
De nuevo, no se trata de juzgar la trayectoria o los altos niveles de conocimiento del doctor José Sergio Soto, sino cuestionar la complicidad en el afán casi deportivo del mandatario de hacer las cosas por su voluntad y violentar algunas de las leyes que prometió guardar y hacer guardar.
Lo peor es que no había necesidad de burlar los preceptos, las reformas que hicieron el 1 de noviembre para el fiscal general, son las mismas que enterraron al fallido Comité Evaluador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el primer intento de participación ciudadana para despolitizar los nombramientos trascendentales y generar entes realmente autónomos.
Así que el nuevo auditor superior del Estado igual saldrá de otra de esas ternas absurdas a modo, en las que todos los diputados saben que deben votar por el que tenga la bendición del gobernador, lo que obligará a cuestionar de origen su capacidad para auditarlo. Como sucede en este momento con el doctor Soto.
