“Cuando el príncipe arranca una fruta, el ministro arranca el árbol”.
–Proverbio persa.
Por los delitos de falsificación de documentos, simulación de pruebas, robo agravado, asociación delictuosa, tortura, secuestro y tratos crueles e inhumanos, fue denunciado Gualberto Ramírez Gutiérrez. Por más de nueve años, este sujeto se desempeñó como el responsable de la Unidad Anti-Secuestro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), recientemente transformada en la Fiscalía General de la República.
Después de que el Ministerio Público tuviera una audiencia con un Juez de Control, obtuvo el libramiento de una orden de aprehensión en contra de este “exservidor público”; cabe la hora de recordar algunos casos sumamente polémicos, en los que el exagente Gualberto Ramírez Gutiérrez estuvo involucrado durante la década pasada.
Citamos, como ejemplo, los casos de Vallarta-Cassez, Wallace, Martín o Ayotzinapa; han sido igualmente señalados por la presencia de pruebas fabricadas, por la obtención de confesiones y testimonios que tuvieron como origen la tortura, así como la asociación delictuosa entre delincuentes y las autoridades encargadas de perseguir y esclarecer el delito.
Podría decirse que estos son solo algunos ejemplos entre los miles de expedientes que pasaron por el escritorio de Gualberto Ramírez; los más notables, pero no obviamente los únicos frente a los cuales actuó bajo un presunto patrón similar. Esto es, a través de fabricación de pruebas, tortura, tratos crueles e inhumanos, solo por mencionar algunos de los delitos en los que incurrió el exresponsable de la Unidad Anti-Secuestro.
En este contexto se entiende por qué, al llegar Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, este mal servidor público fue cesado de manera fulminante y sus archivos fueron confiscados hasta llegar a la investigación -en algunos casos- en donde se evidencia los delitos que cometió, aprovechándose de la posición que tenía frente a este órgano de autoridad. Pesa en su contra una primera denuncia realizada por Ana Patricia Moller Vuilleunier, mujer a quien se le fabricaron pruebas para imputarle un delito que jamás cometió.
Según el señalamiento realizado, la pareja de esta víctima pagó a un abogado para que ella fuera procesada por participar en una banda criminal inventada. Ese abogado, a su vez, consiguió los servicios de Gualberto Ramírez y sus Ministerios Públicos para que la falsa acusación prosperara.
Si esta hipótesis se llega a demostrar en juicio como legalmente verdadera, la Unidad Anti-Secuestro de la PGR, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se habría prestado -entre otros servicios- a la fabricación a modo de culpable del delito de delincuencia organizada.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A.C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
