Un total de 24 observaciones y otras 52 salvedades, fueron detectadas en la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana, de 2016, ejercida durante el último año del ex alcalde priista Jorge Astiazarán Orci, y el primer mes de Juan Manuel Gastélum, donde detectaron presuntos daños al erario por millones de pesos.
Eva Griselda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, comentó el resultado de la cuenta pública expuesta de manera general en el Pleno del Congreso del Estado este jueves 24 de octubre, donde se precisó que se aprobó sólo en el manejo de la deuda, pero fue rechazada en egresos, ingresos y patrimonio.
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Entre las irregularidades más destacadas se encuentra la contratación de un despacho llamado G&G Asesores Patrimoniales, para recuperar el ISR derivado del timbrado de la nómina, por lo que se le pagaron 49 millones de pesos. Sin embargo, no existe evidencia documental sobre el trabajo realizado por la empresa.
Presuntamente el contrato no fue licitado, el Ayuntamiento es -en teoría- suficiente para llevar a cabo esta labor, además que la transacción se realizó sin intermediarios. También se contrató otro despacho llamado Vázquez Vaca y Consultores, por un monto de 8 millones 446 mil pesos, para apoyo en la transición, lo cual tampoco fue licitado.
Otro de los cuestionamientos del Congreso morenista es el pago de 450 mil pesos a “Nuevo Periodismo Diez”, por un monitoreo de medios en el que no se presentó evidencia.
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Referente a las afectaciones patrimoniales, el Poder Legislativo detectó avalúos desproporcionados, venta de inmuebles con precios por debajo de su valor, y una diferencia entre la información de contabilidad sobre los bienes propiedad del Ayuntamiento y el padrón de bienes del gobierno municipal, por un monto de 200 millones de pesos.
Entre las irregularidades de ingresos se revelaron algunos temas de impuestos cobrados durante ese último año que no coinciden con los montos establecidos. Sin embargo, una de las anomalías más destacadas es que se contrató una empresa para custodiar los valores del Ayuntamiento, la cual no se licitó, no se estableció el procedimiento de la vigilancia y en una ocasión no entregó el dinero a las arcas municipales.
