Representantes de diversas organizaciones empresariales de Tijuana manifestaron este miércoles 2 de octubre su “preocupación” ante la miscelánea fiscal que acompaña el Paquete Económico 2020, la cual incluye cambios orientados a la “intimidación” del contribuyente y que “desincentivan” la inversión, por lo que buscarán reunirse con doce diputados federales por Baja California para que lo propuesto por Hacienda sea modificado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, que la ruta a seguir será compartir sus preocupaciones con los CCEs de Baja California en la reunión de mañana jueves para luego, llevar el tema al bloque de estados fronterizos y de esa manera para poder incidir en los diputados federales en aras de conseguir que los cambios legislativos que se proponen sean modificada y no se criminalice al empresario.
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En conferencia de prensa, el integrante del Colegio de Contadores Públicos, José Paul Hernández Cota expuso que bajo el pretexto de combatir el esquema de facturación falsa el gobierno “se ataca al empresario”, ya que con una regla que la autoridad llama “anti abuso” ésta se da la facultad para re caracterizar operaciones “con un grado de discrecionalidad y de incertidumbre”.
En ello coincidió el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien apuntó que la iniciativa que eleva la defraudación fiscal y el contrabando a delincuencia organizada plantea que si una persona omite más de 8 millones de pesos podrá alcanzar 40 años de prisión, ya que se elevó la pena que antes oscilaba de 3 meses a 9 años de pena.
“Es un tema absurdo e involutivo”, afirmó el especialista quien advirtió que “la experiencia nos ha dicho que a medida que se aumentan las penas no se recauda más sino al contrario, la tendencia de evasión se vuelve mayor, porque el temor de las personas los hace refugiarse en la informalidad”.
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En otro tema, Hernández Cota expuso que con estas modificaciones si una persona no presentó su declaración fiscal anual, al mes ya se le “podrá cancelar sus sellos digitales”, con lo que no podrá hacer ninguna operación, Adicionalmente los supuestos para hacerse acreedor a la cancelación de sellos digitales se triplicaron y el contribuyente puede caer en algunos por diversas razones, algunas ajenas a él.
Quieren tipificar también la compra-venta de facturas y poner en prisión a aquellos que violan las reglas, pero “casualmente” es donde menor fuerza le impone a la norma, “porque las principales operaciones y malversaciones que existen gubernamentalmente se hacen con compra-venta de factura. Entonces presionan al sector empresarial cuando lo primero que tienen que hacer es cerrar la brecha en el sector gubernamental, que sea piso parejo para todos”.
Para lograr el mecanismo de presión, la autoridad también se da la facultad de llegar a decidir cuánto tiene que pagar un contribuyente reclasificando alguna operación de éste.
“Imaginemos un empresario que trabaje en la empresa y que se le paguen honorarios asimilables a salarios y que el gobierno diga ´ah no te creo que trabajes para la empresa o que hagas una función en la empresa´ pese a que la mayoría de las empresas mexicanas son familiares”, y entonces el gobierno estipule que ese contribuyente debe pagar más impuestos al considerar que no son honorarios asimilados, sino dividendos.
Este cambio, dijo, va en contra del principio de legalidad tributaria que indica que ningún elemento de cuánto debemos pagar debe quedar en manos de la autoridad, porque ésta manipularía todos los tipos impositivos, sin embargo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea esta potestad.
Otra facultad que estaría dándose es que la autoridad –de aprobarse la miscelánea fiscal- también calificará si las empresas cuentan con el recurso y el personal para hacer la actividad que desempeñan.
Adicionalmente los socios de una empresa que haya quebrado y vaya a ser liquidada no responderán por el monto de su parte aportada, sino con su patrimonio personal y crea una modificación al artículo 26 fracción III del CFF que responsabiliza a cualquier persona, socios, accionistas, representantes legales o cualquier persona sea con el nombre que se les designe.
“Si una empresa tiene una deuda fiscal la autoridad de irá con el socio, y éste tendrá que responder hasta con su patrimonio personal”, lo que resulta “muy riesgoso”, calificó el experto ante los presidentes del Colegio de Contadores Públicos de BC, Francisco Gárate; de la Coparmex, Roberto Rosas, y de Canaco, Jorge Macías.
Adicionalmente, dijo Solís Farías, los cambios fiscales crean una triangulación ficta de control para que los asesores fiscales reporten cualquier empresario que busque sacar un beneficio de cualquier negocio, de no hacerlo el contribuyente tendrá que hacerlo.
Solís Farías añadió que además de los empresarios la sociedad estará absorbiendo la carga impositiva con la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, las bebidas saborizadas, así como el IVA a las plataformas digitales.
Igualmente con la retención del ISR de las personas que se dedican a vender por catálogo.
Al evento, asistieron también la presidente de los Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, Ana Bertha Sánchez; el expresidente del Colegio de Contadores, Leonardo Cervantes Méndez; el presidente de Canirac, Román Caso y el representante de la CMIC, Javier Lugo.
En su oportunidad, el presidente de Index Zona Costa, Luis Manuel Hernández quien destacó que se está tipificando una actividad que la autoridad ya sabe quién la está haciendo y se suma a los compromisos no cumplidos de la zona libre que se había prometido
Así, se genera un “círculo vicioso” porque no se dio una ventaja para todos en la frontera con los estímulos fiscales, se incrementó el salario mínimo “con la amenaza en los periódicos del presidente de que no fue suficiente”, entonces está siendo incompetitivo.
Finalmente, resaltó que la autoridad está quedando a deber la compensación universal. “las empresas no tienen flujo” por la demora de la entrega de los saldos a favor del IVA, lo que puede ocasionar una recesión al no invertir el empresariado.
El presidente de Canirac, Miguel Ángel Badiola manifestó la necesidad de reunirse con los diputados federales por Baja California para que “palpen la realidad de la inhibición de desarrollo económico que se generaría en el país y particularmente en esta frontera norte”, donde se hicieron promesas y no “están siendo lo que se había acordado”.
