José Fernando Franco González-Salas, ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite este lunes 28 de octubre, la controversia constitucional que interpuso el Gobierno de Baja California para impugnar la llamada “Ley Bonilla”, con el que se busca ampliar el período de mandato de dos a cinco años en aquella entidad.
El ministro otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo estatal para que envíe a la SCJN una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, así como de las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de dicho órgano legislativo.
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Asimismo, el Congreso bajacaliforniano deberá entregar los respectivos diarios de debates y las documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los cinco municipios de dicha entidad, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.
Sin embargo, de igual forma como ya lo había hecho con anterioridad, el ministro Franco González-Salas negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, el próximo 1 de noviembre.
“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó el ministro el pasado 24 de octubre.
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Lo anterior, dijo Franco González-Salas en dicho momento, dada que no está cuestionada la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla Valdez ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.
Este mismo lunes 28 de octubre, cuatro de los seis ex candidatos a gobernador de Baja California en el pasado proceso electoral donde fue electo Jaime Bonilla Valdez -de Morena-, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito en calidad de amicus curiae (amigo de la corte).
Con dicha figura jurídica, los ex candidatos a mandatario estatal piden que la SCJN les permita participar como terceros interesados en las deliberaciones de los juicios de impugnación a la reforma “ilegal”, según dijeron, de la ampliación de la gubernatura de dos a cinco años.
Además, en dicho documento, los cuatro ex candidatos solicitan a la SCJN una medida cautelar para que el Bando Solemne que expida el Congreso del Estado, para dar a conocer la declaración del gobernador electo, sea por dos años y no por cinco, en los términos de la Constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral bajaliforniano (IEEBC).
El documento fue firmado por los ex candidatos José Oscar Vega Marín, de Acción Nacional (PAN); Jaime Cleofas Martínez Veloz, de la Revolución Democrática (PRD); Enrique Acosta Fregoso, del Revolucionario Institucional (PRI); e Ignacio Anaya Barriguete, de Baja Califonia (PBC).
El único de los derrotados en la pasada elección, que no firmó el amicus curiae (amigo de la corte), fue Héctor Guillermo Osuna Jaime, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC), ello a pesar de que el partido que lo postuló protestó y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, contra la llamada “Ley Bonilla”.
