Cuatro de los seis ex candidatos a gobernador de Baja California en el pasado proceso electoral donde fue electo Jaime Bonilla Valdez -de Morena-, presentaron este lunes 28 de octubre, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un escrito en calidad de amicus curiae (amigo de la corte).
Con dicha figura jurídica, los ex candidatos a mandatario estatal piden que la SCJN les permita participar como terceros interesados en las deliberaciones de los juicios de impugnación a la reforma “ilegal”, según dijeron, de la ampliación de la gubernatura de dos a cinco años.
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Además, en dicho documento, los cuatro ex candidatos solicitan a la SCJN una medida cautelar para que el Bando Solemne que expida el Congreso del Estado, para dar a conocer la declaración del gobernador electo, sea por dos años y no por cinco, en los términos de la Constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral bajaliforniano (IEEBC).
“Más aún, si el Ejecutivo estatal hoy electo, una vez en funciones emite el Plan Estatal de Desarrollo a 5 años, su vinculación y efectos más allá del periodo que en apariencia del buen derecho le corresponde (2 años), generaría una serie de actos y complicaciones tanto para la hacienda pública, como para el principio de seguridad jurídica de los particulares”, indicaron en su petición a la Suprema Corte.
“[…] el guardián de la Constitución no puede permitir estratagemas que violenten las facultades de las instituciones electorales, mismas que en todas sus instancias han declarado de manera firme el proceso electoral de Baja California 2019 como elección hecha, para un periodo de gubernatura de dos años”, señalaron los cuatro ex candidatos en su postura jurídica.
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“Por tanto, la norma impugnada provoca que el Congreso del estado traumaticé y desvirtué las facultades de las autoridades electorales constitucionalmente constituidas. Es decir, habiéndose pronunciado en su más alto circuito, el sistema constitucional que hace funcionar a la democracia mexicana, no debe permitirse que un Congreso Estatal lo trastoque con una reforma que, para todo efecto, altera el resultado que por otro lado ya es cosa juzgada”, abundaron.
“Lo anterior, cobra mayor relevancia si la legislación que se tilda de inconstitucional no solamente transforma los efectos de la cosa juzgada y de la elección hecha, en tanto que conceptos protectores del principio de certeza y seguridad jurídicas, sino que francamente violenta la competencia de las autoridades electorales”, según lo indicaron.
“Ello es así, porque la legislación de marras produce una alteración que la convierte en una especie de supra instancia, por encima de las razones y resoluciones de las autoridades electorales competentes. Semejante actuación de la demandada ordenadora, de suyo es causa suficiente para declarar la invalidez que se pide, impidiendo así la violación de las competencias de las autoridades electorales que garantizan derechos fundamentales de los ciudadanos”, insistieron los ex candidatos.
El documento fue firmado por los ex candidatos José Oscar Vega Marín, de Acción Nacional (PAN); Jaime Cleofas Martínez Veloz, de la Revolución Democrática (PRD); Enrique Acosta Fregoso, del Revolucionario Institucional (PRI); e Ignacio Anaya Barriguete, de Baja Califonia (PBC).
El único de los derrotados en la pasada elección, que no firmó el amicus curiae (amigo de la corte), fue Héctor Guillermo Osuna Jaime, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC), ello a pesar de que el partido que lo postuló protestó y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, contra la llamada “Ley Bonilla”.
El pasado 24 de octubre, el ministro José Fernando Franco González-Salas, de la Primera Sala de la SCJN, admitió a trámite, cuatro acciones de inconstitucionalidad que buscan anular la llamada “Ley Bonilla”, y que han sido presentadas desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia dicha reforma constitucional del estado de Baja California.
Franco González-Salas dio entrada a las demandas presentadas el pasado 18 de octubre por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), pero rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez, el próximo 1 de noviembre.
“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó el ministro.
Lo anterior, dijo Franco González-Salas, dada que no está cuestionada la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla Valdez ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.
Asimismo, Franco González-Salas dio al Congreso de Baja California y al Poder Ejecutivo estatal sólo seis días naturales para contestar la demanda, así como diez días al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que le entregue su opinión sobre el caso.
Un día antes, el senador Germán Martínez Cázares presentó ante la SCJN un escrito, también en calidad de amicus curiae (amigo de la corte), con el que pide que se declare inconstitucional la reforma para la ampliación de mandato de dos a cinco años de la próxima gubernatura en Baja California.
