En una administración que ya suma 22 mil 059 asesinatos violentos y dolosos en los primeros nueve meses de 2019, es evidente que la sociedad como víctima colateral reconoce la preservación de la vida como el valor mayor. Nadie quería una masacre el jueves 17 de octubre, cuando el Cártel de Sinaloa tomó como rehenes a personal militar y ofrecieron intercambiarlos por el recién capturado hijo del “Chapo”, Ovidio Guzmán López.
El trueque iniciado vía radio por los asesinos con los mandos castrenses, fue que liberaran al narcotraficante con orden de aprehensión con fines de extradición recibida en septiembre de 2019, a cambio de la vida de los militares y sus familias a las que tenían como rehenes en dos puntos.
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Según explicó el General Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional:
Uno. Unidad Habitacional 21 de Marzo: “… entraron a la unidad habitacional, hicieron fuego sobre la unidad habitacional. Ahí se llevaron un elemento de seguridad civil, que son de los que dan… están contratados para la seguridad de las instalaciones de la unidad habitacional, y a un elemento de tropa también que estaba vestido civil, que él andaba de vacaciones, iba llegando ahí en ese momento cuando entran los delincuentes; y a esos dos los retienen, se los llevan”.
Dos. La zona conocida como Costa Rica, donde los delincuentes pusieron un retén. “Coincide que se está moviendo un convoy de cisternas que llevan combustible, estas cisternas están siendo siempre acompañadas desde que empezó esta estrategia del Gobierno Federal, por personal militar, dándole seguridad. Ahí es donde se encuentran con este retén y una cantidad de gente adicional no armada y retienen a un oficial, cuatro de tropa, un vehículo y armas, que son los que ya cité que posteriormente son regresados sin lesiones; pero ahí fue uno de los puntos donde los delincuentes detuvieron a nuestro personal, se lo llevaron”. Luego amenazaron con levantar “guachos” por todas las rancherías.
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Aterrados, los ciudadanos quedaron en medio de dos fuegos en riesgo permanente, como personajes terciarios de una tragicomedia, casi inexistentes para los protagonistas, a quienes entre balaceras, tanto delincuentes como autoridades solo les aconsejaron encerrarse o abandonar zonas públicas. Pero nadie les informó cuando terminó el “estado de sitio” que vivieron durante largas horas, pero no se reconoció porque la autoridad no lo ordenó expresamente.
Al final todo se redujo a la incapacidad de las fuerzas castrenses para defenderse en un Estado evidentemente dominado por cárteles de narcotraficantes, donde cuando no hay intervención de las fuerzas federales, la milicia y demás corporaciones parecen convivir sin problemas con cientos de criminales armados.
En el enfrentamiento de plomo donde el Cártel de Sinaloa pidió y obtuvo el apoyo de diferentes células delictivas, algunos respondieron en diez minutos, otros manejaron hasta 90 minutos para llegar a respaldar criminalmente a los líderes del narcotráfico. Mientras el Gabinete de Seguridad fue incapaz, durante horas, de reaccionar y enviar los refuerzos necesarios para proteger a su gente, menos aún a la población civil.
Como gabinete, no aprendieron de la emboscada ocurrida tres días antes, en la que trece policías fueron asesinados en Aguililla, Michoacán. Tampoco de la segunda emboscada al día siguiente en Iguala, Guerrero, donde el saldo fue de un militar muerto y 14 criminales abatidos.
Peor aún, los responsables de la seguridad decidieron esgrimir su dedo flamígero contra “la Policía Ministerial Militar y la División Antidrogas de la extinta Policía Federal y hoy Guardia Nacional”. Expusieron a la furia de los traficantes a los 35 elementos que concretaron la única parte exitosa del gran desastre: el aseguramiento de Ovidio Guzmán.
En lo que va de la administración lopezobradorista, el propio personal ha tenido “…14 aseguramientos de miembros relevantes de la delincuencia en diferentes partes de la República y 26 colaboradores también de diferentes niveles”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Frente a la opinión pública, la oferta fue de transparencia, seguida de medias verdades.
Que “actuaron de manera precipitada, no esperaron la orden de cateo, no consideraron que la orden de cateo iba a durar más tiempo”. Acaso no declararon que los traficantes los atacaron a balazos, ¿y la flagrancias, la orden de aprehensión preexistente?
Que no detuvieron a Ovidio, pero “se dijo que entramos y se identificó ahí (…) Y entró el personal a la casa, ahí se identificó a esta persona. Cuando se empieza a generar todas las acciones en la ciudad, nuestro personal estaba en la casa”.
Que no lo liberaron, pero: “…ya se dijo que se tomó la decisión de retirar al equipo, al personal para evitar que se siguieran presentando estas situaciones”, reiteró el General Sandoval.
Y que no negociaron: “La suspensión del operativo no involucró absolutamente ninguna negociación”, puntualizó Durazo, pero sí lo entregaron.
En situaciones tan caóticas no hay una sola manera de tomar decisiones, pero las acciones políticas deben ser responsables, no pueden menoscabar la estabilidad institucional ni afectar la política nacional o internacional.
Cierto, no negociar con delincuentes no avala que no vuelvan a intentar extorsionar al gobierno, pero ceder a las pretensiones de los criminales es un refuerzo, una garantía de que repitan el comportamiento, ya conocen el camino y eso pone en un riesgo más grande a los militares, a los demás integrantes de las corporaciones de seguridad y a sus familias.
El mensaje está dado ahora: el Gabinete de seguridad, con el Presidente incluido, están obligados a tomar responsabilidad de los efectos de sus acciones o inacciones, y después de eso, como dicen las mamacitas: a “limpiar su cochinero”.
