En el Congreso del Estado avalaron un haber de retiro para jueces -sin recurso público y por un periodo de dos años- el cual será reglamentado por el Consejo de la Judicatura en un plazo máximo de 60 días. Los diputados no buscaron respaldo del Judicial; para el magistrado Salvador Ortiz Morales, se quedaron cortos, esperaban algo “más digno” para sus compañeros
Una abismal diferencia existe entre el haber de retiro para magistrados y el autorizado para los 94 jueces del aparato judicial de Baja California, y que entrará en vigor a finales del 2019 y principios del 2020, donde el menoscabo es para estos últimos.
En contraparte a los siete años de pensión -12 para los magistrados actuales- con un salario de 62 mil pesos que percibirán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los jueces recibirán 31 mil pesos mensuales como máximo (y solo por dos años). Además, también a diferencia de los magistrados, aportarán la totalidad del recurso que se destine para su jubilación.
La iniciativa presentada el 3 de octubre en el Congreso del Estado y leída por el diputado Juan Manuel Molina, de Morena, era de esperarse, pues el legislador ha sido opositor a los beneficios de jubilación en el Poder Judicial, argumentando que tanto jueces como magistrados pudieron buscar mecanismos (como los Afores) para alcanzar un retiro.
Obligado por un mandamiento del Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito, Molina presentó una reforma para la creación del haber de retiro para jueces, pero nunca consultó al Poder Judicial para definirla.
De acuerdo al presidente del Tribunal, Salvador Ortiz Morales, quienes tocaron la puerta del Congreso para socializar el tema fueron ellos; no obstante, sus peticiones no se encuentran plasmadas en la reforma, y consideró que el haber de retiro para jueces es poco digno.
Del recurso para el retiro de jueces, el secretario General Francisco Rueda Gómez anunció que no cuenten con el Gobierno del Estado para hacer frente a esa responsabilidad; aseguró que cualquier ingreso que obtenga la administración, será para el pago de maestros y nómina en general.
LA REFORMA
El 9 de enero del 2018 en el Congreso del Estado recibieron la primera notificación del amparo 430/2017-II promovido por el exjuez de Ensenada, Mario Fernando Ruiz Sández, quien aseguró que la inacción del Poder Legislativo en regular un haber de retiro para jueces -pese a que este ya estaba contemplado- violentaba sus derechos de imparcialidad y de una pensión digna.
El Juzgado Octavo de Distrito desechó el recurso en junio del 2018, pero en agosto se solicitó una revisión ante el Cuarto Tribunal Colegiado, el cual revocó la decisión del Juzgado y ordenó la protección de la justicia para el promovente, causando una respuesta general. El mandato del Tribunal Colegiado beneficiaba a todos los jueces del Poder Judicial local, por lo que en el Congreso se veían obligados a legislar en su beneficio.
Empero, la anterior Legislatura no cumplió esa responsabilidad; pero sí aprobó el haber de retiro para magistrados, acción criticada por beneficiar a colegiados que aunque no aportaron ni un peso para el fondo, serán acreedores a pensión por 12 años.
Para cuando la actual Legislatura tomó protesta, la situación se complicó porque el Cuarto Tribunal estaba a punto de sancionar a los diputados por la inacción en el tema.
El diputado Juan Manuel Molina y el jurídico del Congreso trabajaron para posponer cualquier sanción, y justo el día de la fecha límite presentaron la iniciativa.
Se trata de un documento de 16 páginas con exposición de motivos y dos resultados de los estudios de viabilidad financiera de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo y la Auditoría Superior del Estado, donde la primera estableció que era factible, siempre y cuando no se comprometiera en el Presupuesto de Egresos del Estado; la segunda institución se declaró incompetente para hacerlo.
Con este análisis, el diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y Rosina del Villar Casas, de Hacienda, presentaron la iniciativa donde destacan los siguientes puntos:
1.- La pensión es intransferible.
2.- El fondo será paralelo al fideicomiso para el haber de retiro de magistrados y -a diferencia de este- se nutrirá exclusivamente de recursos de los interesados.
3.- Los jueces serán acreedores al 50 por ciento de su sueldo -31 mil pesos mensuales- por un periodo de dos años cuando cumplan los 70 años, o bien a los 15 años de servicio.
4.- El Consejo de la Judicatura definirá los montos que aportará cada juez de manera mensual. La propuesta del magistrado Salvador Ortiz Morales es que se retenga el 10 por ciento de su sueldo.
5.- El Consejo realizará un estudio actuarial para definir el manejo del fideicomiso, a fin de hacerlo rentable, y tendrá un plazo de 60 días -a partir de la publicación- para hacerlo público.
ANALIZAN IMPUGNAR: SALVADOR ORTIZ
El magistrado presidente Salvador Ortiz Morales no está de acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Molina. Su idea era adquirir un esquema similar al de los magistrados, pero definieron una reforma que no consideraron digna para el trabajo que jueces desempeñaron durante 40 años.
Por ello, no descartan presentar un recurso de inconformidad contra lo establecido por el Congreso, toda vez que no garantizan seguridad social para los jueces, a quienes solo se les protegerá por dos años (tiempo que están imposibilitados para ejercer la profesión). Tampoco descartó que los jueces interpongan un nuevo amparo contra la iniciativa cuando sea publicada.
“Son personas (los jueces) que salen a los 70 años y no hay ningún despacho esperándolos y no tienen ingreso. Recordemos también que no están protegidos. ¿Qué médico te va a atender? No es lo mismo un ingreso, por ejemplo, de un secretario proyectista, que pudieran ser los 40 mil pesos”.
Ortiz aseguró que trabajaron en propuestas para un mejor funcionamiento de la legislación mutualista, donde contemplaban una pensión de siete años para jueces e incluso un esquema de cuentas individuales, para que cada beneficiario aportara la cantidad que considere (así como el conocimiento de cuánto dinero ha generado para su pensión).
También se planteó una cuenta común para beneficiar a todos -los de nuevo ingreso y los que están próximos a cumplir los 70 años- pues con la aportación de todos los jueces se estarían generando erogaciones de seis millones 990 mil pesos, lo que lo volvería rápidamente un fondo financieramente estable.
Para el 2020 se estima que al menos 20 jueces cumplan los 70 años de edad, o los 15 de servicio, y se retiren.
“El empleado de base que hoy le limpia la oficina va a tener una mejor seguridad social que el juez”, comentó una funcionaria, pues un trabajador del Poder Judicial tendría una jubilación de 37 mil pesos de por vida.
