El 1 de octubre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al Artículo 3, 31 y 73; ahora será el Estado el encargado de realizar los exámenes de evaluación a los docentes y la entrega de las plazas, tareas que antes ejercía -y de las que se beneficiaba- el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
El Artículo 3 de la Constitución, el principal de los reformados, señala que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- garantizará e impartirá la educación inicial, prescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.
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Aunque parezca algo obvio, mencionó la especialista investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Martha Cecilia Miker Palafox, la novedad es que se agrega la educación inicial, la media superior y la superior como parte de la obligatoriedad; además. en todos los niveles será pública, gratuita, laica, universal e inclusiva, donde estos dos últimos no estaban en la anterior reforma.
“Lo que aquí se está planteando, es que los recursos que se usaban -por ejemplo- en las guarderías que quitó también Andrés Manuel (López Obrador), ahora vayan a parar a lo que es educación inicial”, explicó el investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Arrecillas Casas.
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Educación superior obligatoria
En el capítulo 9, fracción X, del Artículo Tercero, señala que la educación superior será obligatoria y garantizada por el Estado, y como incentivo, se exentará de realizar el Servicio Militar Nacional a quien continué con su educación.
“La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale”, reza la Carta Magna.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Martha Cecilia Miker Palafox, investigadora del Sistema Nacional de Investigación
Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió que se crearían 100 universidades y estas serían gratuitas y sin necesidad de hacer un examen de admisión, solo de diagnóstico; asimismo, las universidades -en cada Entidad Federativa- deberían aumentar un 4 por ciento su matrícula.
En este sentido, tanto Miker Palafox como Arrecillas Casas lo ven como algo complicado, sobre todo conseguir el recurso necesario para la construcción de 100 universidades gratuitas, por lo que consideran que deberán esperar al final del sexenio para ver los resultados.
Localmente, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, rector de la UABC, en su discurso del 2 de octubre recalcó que la universidad de Baja California sí tiene capacidad para aumentar un 5.4 por ciento su matrícula; pero con la deuda que tiene el Estado, de mil 597 millones de pesos, no es viable.
Evaluaciones reprobadas no afectarán plazas
Otra de las modificaciones incluidas es que “las maestras y los maestros tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnosticadas, para cumplir con los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”, pero los resultados no afectarán su ascenso en la carrera magisterial; resultados deficientes implicarán únicamente capacitación adicional obligatoria.
Arrecillas Casas explicó que los maestros que actualmente ya se encuentran dentro del Magisterio, realizarán los exámenes de diagnóstico que antes estaban a cargo del SNTE, y pondrán a disposición una serie de talleres con distintos temas, para capacitar a los docentes que tengan deficiencias (estos serán obligatorios y continuos).
Además, los maestros de recién egreso de escuelas Normales o de la Universidad Pedagógica Nacional y que obtengan una plaza, contarán con un tutor durante dos años, el cual los va a evaluar de manera aleatoria, incluso en el salón de clases.
Asimismo, los docentes que quieran acceder a un puesto de dirección o subdirección deberán cumplir con una serie de requisitos, horas clase, asistencias, actualizaciones y una carrera intachable, la cual también será sometida a concurso.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y orientación integral. Y aumentará el número de materias; además de las básicas, como Español y Matemáticas, también se enseñará Filosofía, Lenguas Indígenas, Lenguas Extranjeras, Artes, Vida Saludable, Educación Sexual y Reproductiva y el Cuidado del Medio Ambiente.
Por ley, el acceso a la educación será equitativo; eso implica -dijo Miker Palafox- que las escuelas que se encuentren en la marginalidad, o den atención a comunidades rurales y/o indígenas, tendrán beneficios adicionales para fomentar que los menores cuenten con todo lo necesario (ya sea en infraestructura, programas de estudio o becas alimenticias).
La creación de un organismo autónomo
Otro de los cambios importantes del Artículo 3 Constitucional es el de la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE), el cual será coordinado por un organismo público, descentralizado, con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios.
A este organismo le corresponderá realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, así como establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras y emitir lineamientos para el desarrollo del magisterio.
Cecilia Miker Palafox comentó que aún hace falta la creación de una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano que liderará dicho sistema; los dos primeros estarán conformados por especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o con experiencia docente, por lo que la convocatoria para ser parte de alguno de los dos también será abierta.
La Federación entregará las plazas docentes
Una vez que empiece la ejecución de la reforma al Artículo 73, la Federación será el encargado de asignar las plazas docentes solo a los maestros que sean excelentes en sus exámenes de concurso; esto será público y transparente, para evitar la corrupción.
Arrecillas Casas señaló que en 2018 se hizo un censo para determinar cuántos maestros hay a nivel nacional y cuántas plazas había disponibles; sin embargo, este no pudo ser completado porque los estados presentaron resultados incompletos.
“Al principio del gobierno de Andrés Manuel se hizo una especie de censo. ‘¿Quiénes están en las escuelas? ¿Qué plazas hay?’. Pero muchos estados no las entregaron o las entregaron de manera parcial; entonces, hasta el momento, no se sabe cuántos maestros hay en el país”, develó.
En el estudio descubrieron que un dirigente sindical tenía hasta 15 plazas docentes o casos de maestros que están en labores políticas o partidarias, pero cobraban como si estuvieran en el aula; aunque ya se está trabajando en ello, aún faltan muchos por detectar.
“Por eso se creó el FONE (Fondo de Nómina de Educación). Ahora la Federación nos paga a nosotros, y han aparecido ‘fantasmas’ incluso en la universidad: gente que nadie conoce, pero que aparece su nombre en las plazas. En la página del FONE (https://www.scsso.fone.sep.gob.mx) se puede entrar y teclear el nombre de un maestro, y saldrán todas las plazas que tiene cada profesor”, afirmó, ya que hay muchas maneras de ocultar las cosas -sobre todo en otros estados- por parte de los sindicatos (SNTE y CNTE).
Ahora será obligación de un director de una escuela decir cuántas plazas tiene disponible, para que pase a una lista pública de plazas vacantes para concursar.
Incluso Martha Cecilia Miker Palafox fue una de las afectadas por los sindicatos, antes de la reforma, ya que ella concursó para una plaza docente en educación media superior y fue el primer lugar a nivel estatal (Sonora) -el segundo lugar fue Alejandro Arrecillas-, pero solo le concedieron seis horas clase en una escuela de San Luis Río Colorado, cuando ella vivía en Hermosillo.
“Lo que no eran públicas, eran las plazas; no se sabe cuántas plazas hay, ni qué categoría tienen, y ahora sí lo será”, afirmó el investigador Arrecillas Casas.
El manejo de nómina
María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretaria general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó que se han analizado las reformas a los artículos, y hasta el momento lo único que queda pendiente es la manera en la que se va a manejar la nómina de los maestros (por parte de la Federación).
Michoacán será el primer Estado en donde la Federación tomará la nómina, y Jaime Bonilla, próximo gobernador de Baja California, externó el deseo de que esta entidad sea la segunda; sin embargo, Gutiérrez Santoyo recalcó que aún hace falta ver el “cómo”.
En cuanto a la entrega de plazas, destacó que será de manera tripartita, en donde van a participar el Gobierno Federal, Estatal y la organización sindical para dar garantía de que la plaza se asigne a quien le corresponde.
“Para nosotros es muy importante que se hayan tomado en cuenta otras cosas; no solo el conocimiento, que se respete que primero sea maestro frente al grupo, y la preparación y la antigüedad”, dijo la lideresa sindical.
En opinión de Alejandro Arrecillas Casas, en las escuelas, los sindicatos van a seguir presionando para no perder el control; no obstante, reiteró que en muchos sectores del magisterio ya están cansados del sindicato, y aunque el SNTE tenga vínculos en la repartición de plazas, por ley le corresponderá a la Federación.
Participación de madres y padres
La reforma al Artículo 31 implica que cada padre, madre o tutor, o miembros de la familia, como sea que esté conformada, deberá llevar a los niños, niñas y jóvenes a la escuela; además, involucrarse en sus actividades académicas o extra curriculares. Aunque se daba por sentado que así se hacía, la verdad es que no estaba establecido en la Ley. Pero no hace referencia de que existan consecuencias de no hacerlo.
La legislación también destaca que los maestros ahora tendrán que vigilar -en mayor proporción- el entorno y contexto social de los educandos, y detectar y denunciar si el menor se encuentra en una situación de riesgo o abuso.
Al respecto, la maestra Ivone Cásarez, de la escuela 13 de Septiembre, dijo que no es totalmente novedoso porque en el pasado ya ha tenido que implementar el protocolo cuando se detecta a un niño víctima de maltrato, donde tuvo el respaldo de las autoridades escolares, así como las de seguridad, que ya estaban al tanto de qué hacer en esas situaciones.
También consideró beneficioso para el menor que las familias se involucren, pues “generalmente se da por sentado que los padres deben llevar a sus hijos a la escuela y acompañarlos, pero no era una obligación; ahora está en la Ley, lo tienen que hacer”.
En cuanto a la capacitación y actualización docente, comentó que ya en este ciclo escolar la habían seleccionado para iniciar en la plataforma, y fue una grata sorpresa identificar que ya no eran formatos administrativos -sino actividades que podrá poner en práctica en el aula- y que desde el primer momento notó un cambio en el sentido pedagógico.
