En los últimos tres años, Baja California ha acumulado en cifras oficiales mil 400 denuncias de personas desaparecidas sin localizar, y 3 mil 054 víctimas de homicidios sin identificar. En la PGJE el desinterés en los casos relacionados con drogas, la carga de trabajo y la falta de coordinación, han impedido los cruces efectivos de información que permitan abatir el rezago. Actualmente las autoridades trabajan en la creación de un cementerio ministerial y actualización de bases de datos de las víctimas remitidas a fosa común que se puedan consultar en otros estados y países
Publicidad
“Muchas de las personas desaparecidas en el Estado deben estar entre los cuerpos no identificados de fosa común, pero no los quieren buscar, no les importa”, reflexiona Guadalupe Aragón, madre de un hombre que permaneció siete meses como “no localizado”.
Los colectivos de familias de migrantes y desaparecidos procedentes de otros estados y de otros países sudamericanos piensan lo mismo, por eso acuden periódicamente a los distintos Servicio Médicos Forense (Semefo) de Baja California. En promedio, dos agrupaciones por mes, aunque sin suerte debido a las deficiencias del banco de datos en Tijuana, ciudad que acumula el 80 por ciento de los delitos en la entidad y que lleva casi dos años sin alimentar el sistema de identificación computarizado.
Publicidad
La información de 2017, 2018 y 2019 está en álbumes de fotos mal tomadas en blanco y negro.
Foto: Archivo.- Subprocurador Jorge Álvarez
“Es mucho trabajo, son muchos muertos porque solo en 2018 a Semefo Tijuana ingresaron más de 4 mil cuerpos”, detalló el coordinador estatal del Servicio, doctor César Raúl González Vaca.
De acuerdo a estadísticas oficiales, el año pasado Tijuana tuvo 2 mil 675 ingresos a Semefo por asesinato, divididos en 2 mil 019 homicidios dolosos y 156 culposos, pero él insistió: “Ingresan más cuerpos. Hay muchos culposos, muertos que no registra la estadística de la Secretaría de Seguridad Pública, muertes de indigentes, suicidios, atropellados, gente que muere sola en su casa y el MP nos los manda. En realidad en Mexicali tenemos de mil 200 a mil 300 ingresos por año -la cifra oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en promedio ha sido 200 víctimas de homicidio anuales-, y el número exacto de ingreso por año en Tijuana el año pasado fueron 4 mil 372 ingresos”.
NO LES INTERESA
Lupita Aragón es madre de Carlos Gabriel Leyva Aragón “El Querreque”. El 25 de marzo de 2018 su hijo no le llamó, no supo más de él y se preocupó. Desde hacía 20 años era músico en la Zona Norte de Tijuana, donde lo buscó una semana sin éxito.
El cuerpo del músico asesinado a golpes fue localizado el 31 de marzo del mismo año en el basurero municipal, adonde llegó en un contenedor de basura procedente de la Zona Norte. Según la información que recibieron los investigadores, lo mataron a golpes, así que ingresó a la estadística como víctima de homicidio doloso no identificado.
Al día siguiente, 1 de abril, la madre denunció la no localización en Desaparecidos y llevó una foto a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también fue a Homicidios, “primero me dijeron que tenían una persona con sus características, entraron en las oficinas, se tardaron como dos horas para salir y decirme que no era él”.
El 21 de junio de 2018 se efectuó la prueba de ADN y le informó a la Policía Ministerial que los amigos de su hijo le dijeron que lo habían matado desde el 25 de marzo, les dio datos y nombres de personas a las cuales entrevistar, pero la ignoraron.
La mujer se convirtió en la peor pesadilla del oficial a cargo: “Alpízar me lo dijo una de tantas veces que fui a preguntar por mi hijo”, ella siguió preguntando y llevando la información a la PGJE sin éxito.
Fotos: Cristian Torres.- Coordinador estatal de Semefo César Raúl González Vaca.
“En la Comisión Estatal de Derechos Humanos sí me hicieron caso y fueron a entrevistar a la gente, para entonces me habían dicho que habían dejado el cuerpo de mi hijo rumbo a Tecate, en la zona de Las Cruces, y empecé a ir con mi familia los fines de semana a lotes -en la Zona Este- a buscar su cuerpo. Recibíamos información y nos íbamos, así encontramos varios. Un día localizamos cuatro cuerpos, uno por un lado y otros tres juntos, los últimos se veían limpiecitos, lo que hacíamos siempre era hablarle a las autoridades”, comentó Aragón.
Desesperada ante la falta avances, el 11 de septiembre de 2018, en voz alta pidió ayuda a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y a Alejandro Encinas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en medio del sexto foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional, organizado en Tijuana.
En ese momento, frente a ella, los funcionarios federales presionaron por teléfono a las autoridades locales, “y Alpízar finalmente fue a hablar con los testigos que yo le había dicho, la gente con la que yo había hablado”.
Tres semanas después de la intervención de Durazo, llamaron a la señora Aragón para decirle que ya habían localizado a su hijo. Tardaron siete meses en encontrarlo en la fosa común, adonde lo mandaron pese a la denuncia y contar con ADN de la madre, “tiempo que se hubiera ahorrado si de verdad hubieran visto la foto de mi hijo el primer día que se las llevé, ahí tenían el cuerpo, las fotos recientes a colores, estaba igualito, muy diferente a las fotos blanco y negro y borrosas que me mostraron en Semefo”.
Lupita sigue presentándose periódicamente a la PGJE, ahora solo a Homicidios, “porque quiero que no se olviden, que encuentren y detengan a las
personas que le hicieron eso a mi hijo, él tenía su vicio, sí, pero se mantenía solo y trabajaba en la música para pagárselo, nadie tenía derecho a hacerle lo que le hicieron”.
Colectivos buscan cuerpos de personas desaparecidas en BC
Foto: Archivo
Desde el lunes 7 hasta el próximo 23 de octubre, colectivos ciudadanos en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California, llevan a cabo una serie de inspecciones en distintos predios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, con el fin de localizar los restos de personas que ha sido privadas de su libertad y siguen sin ser localizadas.
Angélica Ramírez, vocera de la asociación Una Nación Buscando T, explicó que además de los integrantes de los colectivos, durante los diez días que efectuarán búsquedas participará personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California; Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); y dos peritos traídos desde Ciudad de México.
Acorde con Ramírez, estas acciones de los familiares son por la falta de respuesta de las autoridades. “Para el comisionado su respuesta a nuestras peticiones era ‘no tengo dinero, no tengo oficina, no me llega recurso, no tengo personal’, es un funcionario que no tiene recursos de cómo nos apoye; por parte de la fiscalía hay una falta de personal, hay muy pocos agentes para el número de desaparecidos que hay”, describió.
Respecto a la falta de recursos, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Juan Manuel León Martínez, indicó que existe un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración para recibir 9 millones de pesos que serían utilizados para compra de equipo, mobiliario y vehículos.
Sin embargo, para obtener dicho recurso es necesario que el Gobierno del Estado de Baja California apruebe un millón de pesos para poder bajar el recurso federal, pero, pese a haber gestionado el recurso en dos ocasiones, no tuvieron una respuesta favorable y esperarán a que entre la siguiente administración.
En cuanto a las búsquedas, León Martínez, informó que la primera fue realizada del 7 al 10 de octubre, con la participación de la asociación civil Unidos por los Desaparecidos de Baja California, a petición de las familias afectadas para localizar a dos hombres: uno de Tecate y otro en Ensenada, ambos desaparecidos seis meses atrás, sin lograr algún hallazgo.
La segunda búsqueda será del 13 al 23 de octubre en Mexicali, Ensenada y Tijuana, donde se revisarán entre 10 y 12 predios en total. Estas inspecciones fueron una iniciativa de los colectivos Siguiendo tus Pasos y Colectivo Jeral, de Ensenada; Madres Unidas y Fuertes, de Mexicali; y Una Nación Buscándote y Todos Somos Erick Carrillo, de Tijuana.
La estrategia para dar con estos predios fue a partir de publicaciones en redes sociales, donde los colectivos solicitaron el apoyo de la población para brindar información acerca de los lugares donde pudieran encontrarse algún cuerpo. Uriel Saucedo
NO INVESTIGAN
Caso similar padeció el señor Marco Zavala, cuya salud y familia fueron seriamente afectadas. Su hijo, de apodo “El Pilón”, desapareció el 29 de mayo de 2017, cuando salió para verse con una muchacha.
El cadáver fue localizado dos días después por la Policía Municipal. Cuando detuvieron a Cristian Guillén Rangel, Eduardo Ruiz Castellón y Alberto Aispuro, estaban en posesión del cuerpo decapitado del joven Zavala y llevaban un narcomensaje. Los tres fueron liberados. Declararon desconocer quién le había quitado la vida y no fueron detenidos en flagrancia.
Sin saber esto, el padre denunció la desaparición de su hijo el 1 de junio de 2017 -al día siguiente que las autoridades lo encontraron-, llevó fotos pero los investigadores de Homicidios y Desaparecidos que comparten información y fotografías en un chat telefónico, no lo identificaron.
En agosto de ese año, Zavala leyó en ZETA que el detenido ese mes por otro homicidio, Cristian Guillén Rangel, había hablado del asesinato del “Pilón”, cometido el 31 de mayo. Entonces acudió al Ministerio Público y pidió le preguntaran al detenido por el cuerpo de su hijo, pero no le hicieron caso.
“Me dijeron que las cosas no eran así, que no anduviera buscando y recordara que tenía otros hijos y más familia, me asusté por la amenaza y me estuve en paz una semana, pero después regresé”, afirmó.
Entre septiembre y octubre se publicaron más notas periodísticas que implicaban a Guillén con la muerte de su hijo. “Regresé a pedirles que le preguntaran, yo solo quería saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo, pero siguieron sin hacerme caso”.
En medio de la falta de atención de la PGJE, decidió buscarlo en los Semefo de los otros municipios de Baja California, “aunque la gente es muy buena y amable, pude darme cuenta que el material de los álbumes para identificar en Tijuana es terrible, no se distinguen, y ni hablar de procurar una prueba de ADN en Tijuana. Mientras en Mexicali el sistema de búsqueda es automatizado, encontramos una posible coincidencia y la prueba de ADN fue rápida, me hablaron poco tiempo después para darme los resultados negativos, la atención es muy diferente”, reconoció.
Desesperado, siete meses después de la desaparición de su hijo, don Marco decidió mentir y asegurar ante el Semefo que en la hoja blanco y negro, borrosa, que le dieron como foto de la víctima del 31 de mayo, reconocía a su hijo.
Para que en la PGJE aceptaran hacerle de nuevo el examen de ADN, el 18 de diciembre de 2017 llegó acompañado de varios licenciados encabezados por José Luis Pérez Canchola, ex procurador de Derechos Humanos. Se lo hicieron y resultó que sí era su hijo, para entonces ya lo habían enviado a la fosa común. El trámite para lograr la inhumación fue tortuoso y costoso, aun así, lo logró hasta el 23 de enero de 2019. Al día siguiente, finalmente pudo enterrar a su hijo.
DANZA NUMÉRICA DE LOS NO LOCALIZADOS
Estadísticas de la PGJE indican que de 2013 a la fecha, en Tijuana se han denunciado 9 mil 640 desapariciones, la mayoría fueron localizados. De ese total, mil 400 personas no regresaron con su familia.
Las cifras en el resto de los municipios son menores. ZETA no pudo tener acceso a las estadísticas de 2013 a 2017, solo fueron facilitados los números en poder de la Fiscalía de Desaparecidos a partir de 2018, cuando Mexicali y Ensenada fueron integrados al mismo grupo que antes trabajaba Tijuana. En veinte meses, la Capital bajacaliforniana suma 70 personas que no han sido encontradas, y el municipio porteño cuenta 136 desaparecidos sin localizar. Aunque se supone que ya deberían estar integrados, Tecate y Rosarito trabajan este delito en sus respectivas subprocuradurías de Zona, los dos municipios juntos suman 267 personas no localizadas.
Con estas estadísticas, incluso incompletas, BC acumula mil 656 desaparecidos.
A esos números se suman 5 mil 779 denuncias por privación ilegal de la libertad presentadas entre 2008 y 2019. Sin proporcionar cifras exactas, la autoridad ministerial aseguró que la mayoría fueron personas internadas contra su voluntad en centros de combate a las adicciones, y “solo el 12 por ciento”, que son 693 casos, corresponden a expedientes de privaciones relacionadas con otros delitos, donde tienen elementos para considerar que la vida de la persona no encontrada se puso en riesgo.
“En privaciones ilegales de la libertad, el 88 por ciento siguen siendo personas que estaban en centros de rehabilitación, se ha incrementado este año otro porcentaje de tema familiar y entre parejas. Un mínimo porcentaje son en realidad privaciones ilegales de la libertad sin justificación” declaró el subprocurador de Zona en Tijuana, Jorge Álvarez.
Los números anteriores muestran un promedio de 2 mil 350 personas desaparecidas y no localizadas en los últimos diez años, cifra similar a la expuesta en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), perteneciente a la Secretaría de Gobernación que en diferentes períodos ha estimado de mil 200 a 2 mil 400 víctimas.
MÁS DE 3 MIL MUERTOS EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS
En el control estadístico de muertos que van a la fosa común, también hay desorden y discordancia numérica, porque si bien todos los cuerpos están a disposición de la PGJE, el trabajo se hace en dos partes.
Cuando la cantidad de homicidios empezó a ser muy alta en 2010 y por la carga del trabajo la PGJE no los desalojaba en tiempo y forma, Semefo hizo un convenio para, con una liberación firmada en la fiscalía, remitir los cuerpos a la fosa común, pero realizaría este trámite solo en Tijuana y Mexicali. En Ensenada, Tecate y Rosarito, la responsabilidad siguió completa en las subprocuradurías de Zona.
Foto: Archivo
La información se maneja por dos vías oficiales que reportaron los siguientes números de cadáveres enviado a fosa común entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 (estas cifras se refieren solo a víctimas de homicidios dolosos):
* Tijuana: 3 mil 074 cuerpos.
* Mexicali: 734, en ambos casos se trata de víctimas de homicidios dolosos y culposos.
* Ensenada: 250 cadáveres.
* Tecate: 120 remisiones.
* Rosarito: 184.
Han sido 4 mil 362 personas asesinadas remitidas a fosa común solo en tres años y ocho meses.
De acuerdo a un análisis de la Subprocuraduría en Tijuana, que ostenta el mayor número de casos, el 30 por ciento de esas personas sí fueron identificadas, esto es, mil 300 personas que no fueron recogidas por sus familias por diversas razones.
“Creo que la económica podría ser la principal, porque la inhumación tiene un costo que es más alto a partir de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, porque no permite la incineración. También están los casos que la familia viene de fuera y además tendría que pagar el traslado. Y aunque se escuche feo, hemos tenido casos en los que la familia nos dice que sabían que estaban muertos, pero no les interesa recuperar el cuerpo”, detalló el subprocurador Jorge Álvarez.
Los otros 3 mil 53 muertos son los que nadie reclama ni reconoce: “Desafortunadamente, en las reuniones nacionales de los Semefo nos hemos dado cuenta que esos números altos, son una característica de las ciudades de frontera por un lado, por el tema de migración, y por el otro la violencia”, comentó por su parte el doctor González Vaca.
“Hemos tenido un incremento en fosa común a partir de 2017, generalmente en Tijuana se enviaban 500 cuerpos, a partir de ese año se duplicó, enviamos 924; en 2018 fueron mil 015 y hasta agosto de 2019, 665. Si continuamos con esa tendencia, podríamos superar o igualar la cifra de 2018. En Mexicali se mantiene un promedio de 250 cuerpos al año a fosa común”, explicó el médico.
REORDENAMIENTO DEL BANCO DE DATOS
El coordinador de Semefo en el Estado, Raúl González Vaca, reconoció la deficiencia en la calidad de información de los cuerpos de Tijuana en comparación con Mexicali.
“La diferencia es obviamente la carga de trabajo, allá en Mexicali al día tenemos un promedio de cuatro ingresos, son 100 al mes. Aquí en Tijuana, en promedio son 15 ingresos al día y no varía mucho la cantidad de personal que estamos abocados a la atención el Ministerio Público, al público, a los cadáveres, la limpieza… es mucho.
“Es una realidad que no hemos ocultado, que nos hemos visto rebasados por la cantidad de trabajo, ninguna planeación puede con esta violencia que se está viviendo. En el portal, los muertos no identificados están al día, en cuanto ingresa se captura. Los de Tijuana es imposible estar capturando, tenemos más de un año que no se capturan, no están actualizados. Se ha optado por álbumes fotográficos, imágenes que, es cierto, son en blanco y negro porque no contamos con impresora a color. En Mexicali se obtuvo una por donación de una universidad, no la compró ni el tribunal ni el Ejecutivo, y obviamente facilita más a la gente la identificación. La idea es reforzar el Semefo”, aseguró el funcionario.
“Todo cadáver que va a fosa común lo integramos un archivo básico de identificación con la procuraduría para posible exhumación, se está trabajando a nivel nacional para homologar esta base de genética a través de la PGJE para una persona que está buscando a su familiar en Chiapas, si está aquí, pueda tener los resultados de la genética”, subrayó.
Foto: Archivo.- 4 mil 307 víctimas de homicidio en fosa común, 3 mil 015 estan en calidad de desconocidos.
Respecto a esta situación, el subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, expuso que llevan tres meses trabajando en el tema de fosa común, las carpetas iniciadas de abril de 2018 a octubre de 2019, periodo en que le asignaron la responsabilidad del área de Homicidios.
“Revisamos una por una, cuántas
personas no identificadas e identificadas se fueron a fosa común: hombres, mujeres, las causas, circunstancias, edad, familia, adicciones, móvil, para hacer un diagnóstico con datos precisos, más allá del número frio, en especial en Tijuana, para establecer qué está sucediendo”.
La Subprocuraduría de Zona trabaja en colaboración la Comisión de Atención a Víctimas, la CEDH y la Fiscalía de Desaparecidos, que además del análisis, están reelaborando fichas de identificación de los cadáveres a color -será sistematizada para su revisión en computadora- con fotos de las personas, sus pertenencias, ropa, marcas de nacimiento, tatuajes, ubicación del cuerpo, características físicas.
“Ya está casi listo, estamos revisando con la Comisión de Derechos Humanos cómo pondremos a disposición la información para que sea más amable y accesible en tiempo real, incluso para las personas de otros estados y otros países”, dijo.
También están trabajando en un banco de huellas, “actualmente las comparamos en el sistema que es el AFIS – que contiene personal de áreas de seguridad y gente con detenciones- para tratar de identificar, pero ojalá pudiéramos tener acceso al Instituto Nacional Electoral, que es la fuente más grande de huellas en este país, para efectos de utilizar cualquier medio al alcance de tecnología”.
Proyecto de cementerio forense ministerial
Para mejorar la organización y reducir costos, las autoridades locales trabajan en la construcción de un cementerio ministerial como lo han hecho Guerrero, Tamaulipas y Puebla.
“Con la Cruz Roja Internacional y el gobierno municipal anterior, trabajamos en un proyecto ejecutivo, ya estaba muy avanzado, nada más que ahorita con el cambio de administración municipal se nos vio retrasado. Ya están los planos, ya hay avance, ya se hizo el estudio de suelo en el Panteón Número 12 de Tijuana”, explicó el doctor César Raúl González Vaca.
“Este panteón lo que ya estaba autorizado, hasta donde nos quedamos eran 10 mil espacios, gavetas hacia arriba donde se colocan de manera individual los cadáveres. Cada siete años, lo que nos estipula la Ley General de Salud, podemos exhumar ese cuerpo, dejar los huesos. El siguiente paso sería hacer una osteoteca que ocupa menos espacio y colocar más cadáveres”, complementó.
Por el lado de la PGJE también tiene un proyecto, tomando como ejemplo el de Tamaulipas, para lo cual ya efectuaron cotizaciones.
— Muchas de las personas desaparecidas pueden estar entre los muertos no identificados…
“Por supuesto, pero si hay coordinación al cien por ciento es la misma procuraduría, pero debemos trabajar más en organización para reforzar los mecanismos para generar lo que esté a nuestro alcance para proporcionar información a las víctimas de la forma más rápida y sencilla posible”.
GENÉTICA
ZETA preguntó al subprocurador por qué en los casos de las familias Cortez y Aragón las pruebas de ADN no sirvieron para localizar en tiempo y forma a sus familiares asesinados.
“Hay muchos factores que se pueden dar, a veces se necesitan dos o tres pruebas para que dé positivo. Cada genética cuesta entre 12 mil y 15 mil pesos cada que se corra, y si bien es un mecanismo casi infalible, no siempre resulta. Además, si son osamentas tarda más tiempo”, respondió.
Fernando Ocegueda, activista que desde el 30 de septiembre trabaja como director operativo en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California, que dirige Juan Manuel León Martínez, fue más claro: “Tienen más de 4 mil pruebas genéticas sin procesar, para hacerlo necesitan 100 millones de pesos y no los tienen, hay un rezago”.
EL PRECIO POR RECUPERAR UN CUERPO
Aunque en fosa común los cadáveres están a disposición de la PGJE, como la Ley de Víctimas es inoperante y en las regulaciones existentes no está determinado qué autoridad es responsable de las inhumaciones, el costo corre a cargo de la familia de la persona asesinada.
Sin regulación ni medidas de higiene y seguridad, los procedimientos de inhumación los hacen las funerarias, específicamente los enterradores. El costo tampoco está regulado y es a criterio de las empresas que lo realizan, por eso va de 20 mil hasta 60 mil, aunque el promedio es 32 mil pesos.
Cobran la inhumación del cadáver de interés y otra cantidad por cada cuerpo que deban sacar que esté encima de ellos. En los casos atendidos por ZETA para este reportaje, fueron cinco cuerpos en la inhumación de la familia Cortez, y nueve en el trámite de los Aragón. También debieron pagar adicionalmente las bolsas en que volverán a enterrar el resto de los cuerpos extraídos.
Aparte, los hicieron ir de un lado a otro de la ciudad durante días para realizar los trámites. Las familias sugieren que la PGJE instale una ventanilla en Semefo para efectuar la mayoría de las gestiones en un solo lugar.
— ¿Existe la posibilidad de que puedan hacer el trámite de recuperación de cuerpos de fosa común menos lastimoso?
“Yo creo que sí, tiene que ver un poquito con la infraestructura que tenemos.
La Unidad de Desaparecidos está en el 70-76, en Otay. Semefo Bulevar Fundadores y después a Homicidios, que está aquí en Zona Río, y el panteón. Lo ideal es que esas tres áreas estuvieran concentradas en un mismo lugar, pero es un tema de administración”, declaró Álvarez.
LEYES PENDIENTES
Para obligar a brindar un trato más humano a las familias de desaparecidos, además de un mayor control de las bases de datos de personas asesinadas sin identificar y la posibilidad de cruzar la información de las diferentes procuradurías para encontrar a los no localizados, “existen tres leyes pendientes que los diferentes colectivos de familias de desaparecidos hemos promovido en el Congreso bajacaliforniano sin éxito, la anterior Legislatura simplemente evadió la responsabilidad”, denunció el activista Fernando Ocegueda.
Se trata de:
* Ley de Atención a Víctimas.
* Ley de Inhumación y Exhumación.
* Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que en lo federal contiene lo relativo a la “declaración especial de ausencia”.
Sin tomar en cuenta las propuestas del tema, socializadas con anterioridad y actualmente congeladas en el Congreso, diputados de Movimiento Regeneración Nacional presentaron el 20 de agosto de 2019 una propuesta de Ley de Declaración Especial de Ausencias, la cual se envió a Comisiones para su análisis.
ZETA cuestionó al diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Juan Manuel Molina, si alguna de las propuestas antes mencionada estaba considerada para su análisis y aprobación en el corto plazo, pero argumentó, siguen revisando.
“Apenas estamos retomando los temas con los nuevos diputados”, expresó por su parte Fernando Ocegueda.
