El Cabildo de Tijuana aprobó este jueves 31 de octubre destituir de su cargo al Juez del Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana, Juan Antonio Peña Marroquín, quien a decir del alcalde Arturo González Cruz, se negó “a renunciar voluntariamente”.
El presidente municipal dijo haber esperado durante su primer mes de gobierno que el Juez Peña Marroquín presentara su dimisión del cargo, al haber concluido la administración municipal que lo contrató.
“Normalmente su cargo termina con la administración saliente, nosotros estábamos pensando que iba a renunciar voluntariamente, pero ya cuando nos manifestó que no iba a ser eso, ya Cabildo tomó la decisión –de retirarlo del puesto-”.
En efecto, en la sesión extraordinaria del XXIII Cabildo de Tijuana, efectuada la tarde de este jueves 31 de octubre de 2019, el punto de acuerdo relativo a la remoción de Juan Antonio Peña se avaló por la mayoría de los ediles.
Sin embargo, el alcalde González Cruz no presentó ninguna terna para designar al suplente de Peña Marroquín, por lo que se optó porque “la falta definitiva de Juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal será cubierta por el Secretario de Acuerdos”.
En contraparte, el ahora ex Juez señaló en un correo electrónico que, el suyo, “es un despido sin causa ni justificación”.
También la calificó como “una violación al estado de derecho, ya que el reglamento de justicia municipal establece que el cargo de Juez es por 3 años, y fui nombrado hace un año y tres meses, por lo que en estricto derecho, mi remoción sería injustificada y sin ninguna causa, pues no tengo procedimientos de queja o alguna razón que pudiera motivar la remoción de mi cargo”.
En efecto, fue electo de una terna presentada por el ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ante el Cabildo el 30 de junio de 2018.
Pero de acuerdo al Reglamento de Justicia para el municipio de Tijuana, sí puede ser removido del cargo en cualquier momento por resolución adoptada por el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, lo que fue el caso.
En la misma sesión extraordinaria el Cabildo aprobó por unanimidad, la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Baja California, para modificar el nombre de varias secretarías de estado, de acuerdo al “decreto que dará vida a la nueva Ley de la Administración Pública del Estado”.
De acuerdo a la reforma, la nueva Secretaría de hacienda absorberá dentro de su estructura a la Oficialía Mayor; en tanto, la Secretaría de Desarrollo Social desaparece para ser sustituida por la Secretaría de Integración y Bienestar Social; la Secretaría de Gobierno pasará a ser Secretaría General de Gobierno.
El decreto, próximo a ser analizado para su aprobación en la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, prevé dar vida a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública que sustituirá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
