Aunque nunca destacó por su férrea presencia, su determinante personalidad o su don de mando y compromiso social, en los últimos meses el gobernador -todavía constitucional del Estado- Francisco Vega de Lamadrid, anda borrado del mapa político de Baja California.
Desde la derrota del 2 de junio de 2019, en la cual tuvo muchísimo que ver para terminar con 30 años de administraciones panistas, bajó la guardia y se subordinó a los designios y caprichos del mandatario electo, el morenista Jaime Bonilla Valdez.
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“Kiko” ha dejado la agenda pública de lado para entregársela a quien aún no toma posesión. Por ejemplo y aunque pocas veces acudió a la mesa de seguridad, pues nunca fue un tema con el cual se comprometiera ni en público ni en privado, esa palestra la cedió por completo a su sucesor, quien sin cargo ni atribuciones, en instalaciones públicas federales encabeza una Mesa de Seguridad donde autoridades formales le rinden cuentas a un ciudadano que ciertamente es electo, pero no está en posesión del poder gubernamental aun cuando lo domina en el ámbito político.
Con el estigma de la corrupción precediéndole, Francisco Vega poco se asoma a los escenarios públicos de la entidad. La última vez que encabezó un acto político de gobierno, precisamente en la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a San Quintín en Ensenada, recibió la rechifla de final de sexenio. Prácticamente no le permitieron a hablar con claridad los asistentes a un acto del titular del Ejecutivo federal.
El gobierno del panista también redujo la actividad. Concentrados en la transición gubernamental, que tampoco han realizado de manera adecuada de acuerdo a las declaraciones denuncias por Bonilla, la administración del gobierno está en su mínima expresión. Básicamente aceitando una máquina con muchas carencias para mover al gobierno.
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Borrado también del mapa nacional de gobierno y la política, Francisco Vega dejará un Estado prácticamente en la banca rota, debiendo más de 7 mil 300 millones de pesos tan solo a entidades autónomas, descentralizadas, ayuntamientos y otros poderes como el Judicial en Baja California. Sin contar la deuda pública que dejará y los compromisos económicos a largo plazo que, por ejemplo en el ámbito de las Asociaciones Público Privadas, tendrán secuestrados los recursos del Estado por los siguientes 40 años, afectando no solo a las administraciones públicas por venir, sino al desarrollo de los bajacalifornianos al limitar la generación de políticas públicas en materia desarrollo y programas asistencialistas.
Aun cuando Jaime Bonilla Valdez confía en que una vez que tome posesión, el Gobierno de la República le solucionará todos los problemas económicos del Estado, a pesar de que se convertirá en uno de 32 gobernadores a los cuales el Presidente apoyará, las finanzas de BC están minadas y en eso tiene una enorme responsabilidad “Kiko” Vega, quien no solamente no supo administrar los recursos del Estado de manera eficiente, sino que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, desvió recursos de manera sistemática durante los seis años de gobierno para fines distintos a los dispuestos en los presupuestos federal y estatal.
El todavía gobernador también está borrado del escenario político. Su partido, sumido en la derrota a la que lo llevó Vega, también está hundido en la sospecha de la corrupción, la falta de confianza y la ausencia de credibilidad. Difícil le será a Acción Nacional levantarse del catastrófico escenario en el cual lo deja Francisco Vega, quien tendrá el ignominioso membrete -solo comparable con el que cargó Xicoténcatl Leyva Moreira- de ser el último gobernador del PAN en Baja California, el que dilapidó los activos políticos de ese instituto, con falsas promesas, abusos de presupuesto, desvío de recursos, la generación de riqueza para unos cuantos y la sospecha de la corrupción.
A lo mejor el gobernador se ha auto borrado en la lógica de que calladito se ve más bonito, o que guardando un bajo perfil podría escapar a la calificación de la sociedad y el brazo de la justicia, aunque ello dependerá de la negociación que haya formalizado con Jaime Bonilla, quien ciertamente disminuyó el encono hacia Vega, y prometió en campaña no solo decomisarle bienes mal habidos, sino llevarlo ante la justicia y de ser conducente, a prisión.
De participar en una campaña política contra Andrés Manuel López Obrador, Vega pasó a ser el más condescendiente de los opositores. Servil, aún no tomaba posesión como Presidente de la República AMLO, “Kiko” ya le daba el trato de mandatario nacional. Y así se la ha pasado. Responde al llamado de la Federación como quien sabe que es mejor atender cualquier llamado a cualquier hora, antes que ser el blanco de una investigación ministerial. No se presentó ni a la toma de posesión de los alcaldes de los municipios de Baja California por un llamado de la Federación, y dejó ese espacio para Jaime Bonilla, quien se regodeó de poder siendo el centro de atención -aparte de los presidentes municipales- en las cinco tomas de compromisos, donde falto de tacto político y formas, Vega de Lamadrid envió a su esposa en representación gubernamental.
Al último gobernador del PAN en Baja California le quedan catorce días en el poder, ya poco puede hacer, endeudado como está el Estado, no tiene margen para la acción, y, con un Congreso estatal enteramente en manos de Movimiento Regeneración Nacional -incluido el voto de su alfil Miguel Ángel Bujanda, sea por comedido o por negociación-, su capacidad de acción y negociación está reducida a nada.
De la forma más vergonzosa en términos políticos, se retira Francisco Vega de Lamadrid de la gubernatura de Baja California: derrotado, cargando con la sospecha de la corrupción, con un Estado endeudado, reducido a una oposición hecha trizas… borrado del mapa.
