En el tramo carretero Guerrero Negro a Vizcaíno en el municipio de Mulegé, transportistas se pelean la ampliación de la carretera de 7 a 12 metros. El botín económico asciende a más de 28 millones de pesos.
La empresa constructora Lizárraga, según información de la Alianza Sindicalista, es la encargada de los trabajos y quien decide la aplicación del acarreo de materiales; sin embargo, el tramo carretero está bloqueado por transportistas locales: reclaman trabajo, pues dicen se les entregó a empresas foráneas, que no dejan beneficios a la comunidad.
“Empezó la ampliación de la carretera que tanto hemos pedido, pero yo hago la invitación a la gente, que nos entiendan de lo que estamos haciendo, porque es un trabajo de lo que vivimos. Hablamos con la persona que ganó la licitación de obra y nos dijo que nos pagaría muy barato el acarreo de materiales, luego después nos mandó con otra empresa que subcontrató y luego otra; le dieron el trabajo a alguien de La Paz y no a los locales”, puntualizó Fernando Morales, líder sindical en Guerrero Negro quien reclaman la falta de trabajo.
Miembros de la Alianza Sindicalista, y quienes al parecer fueron subcontratados, denunciaron que la huelga de transportistas es ilegal, por lo cual no deben afectar a los dobladores.
“Es un emplazamiento a huelga ilegal que convocó el Sindicato de Infraestructura cuyo líder es Nicolás; lo conozco y es de esos líderes que te invitan a pelear, a generar ciertos enfrentamientos y de esta manera ganan obras”, expuso Pedro Albor, líder estatal de la Alianza Sindicalista de Baja California Sur.
Considera el líder sindical que el movimiento no tiene validez, que son las autoridades laborales las que deben actuar así también la Policía Federal por afectar las vías de comunicación. Dicen que el emplazamiento no se hizo bajo los estatutos que marca el derecho a huelga.
“Su emplazamiento no tiene validez alguna, no está acordado por la Junta Federal, no dio autorización de ese escalamiento a huelga, no hubo ninguna autoridad, ningún representante para dar fe del estallamiento a huelga; es ilegal, no hubo ninguna autoridad federal, estatal o municipal”, lanzó el líder de la Alianza Sindicalista.
Pedro Albor señaló que tienen coordinación con los directivos del Centro SCT en Baja California Sur, y ellos recomendaron seguir de frente con el acarreo de materiales, pues será la autoridad correspondiente la que se encargue de sancionar a los manifestantes.
“El delegado estatal de la SCT de Baja California Sur, Julio César Medellín, nos dio la indicación de que no entráramos en enfrentamientos, que él iba a proceder conforme a Ley porque sí estaban tapando la circulación a la población”, expuso Pedro Albor.
Sin conceder, Fernando Morales, de la CROC en Guerrero Negro, mencionó que es su derecho seguir en huelga; afirma que hay violaciones a los derechos de los habitantes de la zona y no permitirán que empresas foráneas les quiten el trabajo a sus familias.
“Estamos en un derecho de huelga, estamos en un derecho de pedir trabajo para la gente de aquí de Guerrero Negro; cuando vayan a hacer otra obra en otro lado, que le den la obra a quien tenga derecho. Contrataron a dos de Vizcaíno y de aquí de Guerrero Negro, piratas”, mencionó Fernando Morales.
Son al menos 17 familias las afectadas, mismas que se quedaron sin trabajo; en todo caso, prometen dar empleo a los manifestantes, pero subcontratados, pagando apenas por encima del 35 por ciento de su valor real del acarreo. Pretenden ganar a costa de los camiones de ellos, sin tener pérdida alguna, a lo que los afectados ven como un abuso: les quitan el trabajo y luego los quieren subcontratar pagándoles “una baba”.
“Hay transportistas que están trabajando desde La Paz, quitándonos el trabajo; dicen que traen a 17 de aquí de Guerrero Negro, y es mentira, ni uno traen, que no vengan a quitarnos el trabajo. Nos están apoyando en la lucha transportistas de Vizcaíno, Guerrero Negro, San Ignacio, Bonfil y de la Costa también. Nos quedamos sin trabajo las 17 familias de aquí. Esa obra está licitada al precio normal; el tabulador del estado de la SCT está en 8 o 9 pesos, nos lo querían pagar a 3.30…demasiado barato, quieren quedarse con un buen pedazo del pastel”, lamentó el líder transportista de Guerrero Negro.
