Aprovechando que toda la atención se centró en la marcha de estudiantes de la UABC, el jueves 10 de octubre de 2019 el Congreso del Estado aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado -con 23 votos a favor y dos en contra- donde destaca la duración de seis años del fiscal, la eliminación del tope de 75 años de edad para ocupar el cargo -y de la convocatoria para elección del mismo-, la fusión de la PGJE y la SSPE y la desaparición de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
En la sesión del Pleno, la propuesta emitida por el todavía diputado de la bancada del PAN, Miguel Ángel Bujanda, modificada en las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de mayoría morenista, fue avalada también por los legisladores del PRI, Transformemos, PT, PVEM, PRD y el PBC; solo las panistas Eva María Vázquez y Loreto Quintero sufragaron en contra.
La lectura corrió por cuenta del legislador panista, cuya iniciativa abre la posibilidad para la elección de un “fiscal carnal”, propuesta que ha sido rechazada por completo por el PAN (desde la dirigencia nacional).
Con este dictamen votado a favor -paralelo a otra reforma aprobada, pero detenida por un juzgado federal- se estableció que el próximo fiscal durará en el encargo seis años en vez de nueve, y en lugar de elegirlo a través de una convocatoria abierta -que pretendieron implementar como parte del nuevo sistema de anticorrupción- será electo por el Congreso del Estado, a través de una terna emitida por el gobernador, como se ha hecho siempre.
La titularidad de las fiscalías anticorrupción y electoral también serán propuesta del gobernador y electas por el Congreso, lo que causó gran inconformidad por parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes acudieron al Congreso del Estado para mostrar su rechazo a través de su presidente, Francisco Fiorentini, su secretario técnico, Luis Irineo, y el expresidente Jorge Topete.
Entre las peculiaridades se establece también la fusión de la PGJE y la SSPE, además de fijar que, en un lapso de seis meses, todos los agentes de la PEP serán sometidos a exámenes de control y confianza, con la intención de depurar a quienes no lo acrediten; el resto formará parte de la Policía Ministerial.
También se contempla un Centro Estatal de Inteligencia, donde trabajarán -de manera coordinada- el fiscal federal y los titulares de la seguridad en los municipios.
