Los habitantes de los cinco municipios bajacalifornianos empiezan a pagar muy caro el precio de permitir la permanencia de gobiernos corruptos, incapaces o faltos de visión, que han desestimado la importancia de invertir en infraestructura o mantenimiento del equipamiento que ya existe. Las consecuencias de no vigilar y no exigirle a los servidores públicos.
Sin agua por semanas, sin luz por horas, con vialidades colapsadas, sin los medicamentos necesarios y suficientes para los más vulnerables, y con educandos que cada ciclo escolar pierden semanas de escuelas por constantes paros de maestros, pareciera que la sociedad del Estado está siendo empujada por sus autoridades a la involución.
Los funcionarios públicos siempre están más que listos para organizar conferencias de prensa para anunciar el establecimiento de empresas que darán empleo a cientos de trabajadores, o la aprobación de construcciones habitacionales que darán cabida a miles de familias. Sin embargo, por obvias razones, omiten mencionar que estos proyectos se aprueban sin tener la factibilidad real de servicios.
La ciudades crecen, pero no la construcción de caminos, no hay calles ni vialidades primarias suficientes para que circule el parque vehicular. Así, en horas pico, los traslados de 15 minutos se convierten en viajes de 30 minutos, una hora o hasta 95 minutos, sin que las autoridades vigilen o castiguen a ciudadanos sin educación vial ni respeto por el prójimo. Convierten las calles de dos en cuatro carriles, o de tres en cinco carriles, provocando cuellos de botella y accidentes.
Este fenómeno se vuelve particularmente caótico en municipios como Mexicali, o peor aún, Tijuana, donde los días festivos del calendario estadounidense, las pocas obras de mantenimiento o un accidente de tránsito, colapsan las ciudades.
De las carencias en el servicio de energía eléctrica, dio fe el apagón de tres a seis horas del 2 de septiembre, cuando cientos de colonias en cuatro de los cinco municipios se quedaron sin luz en pleno verano. Entonces los expertos recordaron que el Estado tiene un déficit de 400 a 600 megawatts y que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, canceló en enero la licitación de una red de mil 400 kilómetros con capacidad para generar hasta mil 500 megawatts para BC.
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En la zona costa bajacaliforniana, la falta de energía eléctrica se sumó a otro déficit, porque los residentes de otros cientos de colonias no tenían servicio de agua potable. Haga de cuenta que se había retrocedido 50 años en el tiempo.
Algunas colonias llevaban tres o cuatro semanas sin agua, pero en el caso de Ensenada, ciertas colonias o áreas habitadas no han tenido el servicio de manera permanente por lo menos en los últimos dos años.
Cada verano, los tanques de almacenamiento -por cierto menos costosos que una desalinizadora- se vacían porque son insuficientes, ese problema se ha conocido y esa excusa se ha comunicado durante todo el sexenio que está por concluir en la entidad pero decidieron no comprar otros tanques y prefirieron promover la creación de una megadesaladora construida a través de una Asociación Público Privada que abre la posibilidad de negociar jugosas comisiones económicas.
Al mismo tiempo, el supuesto regreso escolar fechado para el 26 de agosto se pospuso, porque el Gobierno del Estado no pagó sus deudas con los maestros, al punto que en la tercera semana de clases, hay por lo menos 90 planteles cerrados, lo que significa que todavía hay compromisos sin cumplir con los docentes.
Otra de las grandes carencias crónicas que se ha agudizado en fechas recientes, son los medicamentos. Problema que este año, Baja California comparte con el resto de la República, porque el combate a la corrupción de López Obrador no contempla una planeación ni análisis, menos aún sustentación de riesgos. En ese contexto, todo el año se han cancelado cirugías, las citas con especialistas tardan hasta seis meses, los enfermos de cáncer se quedaron por varias semanas sin medicamento y el desabasto en los hospitales generales va del 40 al 65% en el resto de las medicinas, según han informado sus directivos.
Conocidos los compromisos de AMLO, es sabido que Baja California no se contempla aún como beneficiario preponderante de los proyectos de infraestructura de la Federación. Así que la esperanza queda prácticamente en los beneficios que la amistad que tanto publicitaron el Presidente de México y el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez termine por servir a los bajacalifornianos.
Además de la inseguridad que ya suma 2 mil 053 homicidios en el Estado, la involución en los servicios de agua, energía eléctrica, salud y educación, que ya están generando estancamiento, afectaciones a la salud y pérdidas económicas, serán los principales retos a afrontar por Jaime Bonilla a partir del 1 de noviembre, cuando tome posesión.
Por lo pronto, en el tema del agua, el ingeniero ha manifestado su inclinación por los proyectos de plantas desalinizadoras. Tratándose de luz, anunció que tramitará la adquisición de una planta generadora de energía que actualmente exporta electricidad. En cuanto a la escasez de vialidades, ha hablado de rediseñar los proyectos de movilidad y construir obra sin cobrar moches. Respecto a las deudas con el sector educativo, ha dicho que las manejará directamente la Federación.
Eso sí, en el sector salud no se ha comprometido, porque todo indica que infortunadamente habrá que esperar a que los funcionarios del Presidente se organicen y den inicio a la anunciada reforma de ese sector, que de acuerdo a los compromisos de campaña, a estas alturas ya debería estarse legislando. Pero eso no ha sucedido.
