El uso de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la corrupción oficial parece dar resultados en la percepción social. Atrás quedaron los tiempos de perseguir y encarcelar a líderes del narcotráfico. El aseguramiento y bloqueo de cuentas bancarias ataca los cimientos de las estructuras criminales, considera Santiago Nieto, titular de la UIF. A pesar de no ir exclusivamente contra la delincuencia organizada, al CJNG le han congelado 533 cuentas. Políticos, ex funcionarios, magistrados, empresas y empresarios están bajo la lupa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pasó de convertirse en una dependencia más del aparato burocrático federal, a una de las áreas más poderosas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, capaz de revertir la percepción social de falta de resultados en el combate a la delincuencia y la disminución en el aseguramiento de drogas o la baja en la detención de cabecillas criminales.
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Mientras que en las entidades federativas, gobernadores y jefes policiales continúan con el discurso del combate al narcotráfico y la criminalidad en general hasta donde se tope, a nivel federal, el primer mandatario ha repetido hasta el cansancio que no se empleará la violencia institucional, en cambio, sí la astucia para lograr eficacia contra la corrupción y la delincuencia.
La estrategia principal se basa en el trabajo de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, depuesto fiscal electoral en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha catapultado como un férreo investigador en casos de corrupción política en la que están involucrados muchos de los ex funcionarios públicos de la administración pasada.
Las pesquisas de la UIF se canalizan como denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y con la petición ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para bloqueo, aseguramiento, intervención o congelamiento de cuentas bancarias de los sospechosos de corrupción o delitos, principalmente los cometidos desde las propias entrañas del poder público con dinero de los mexicanos.
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Los primeros asuntos donde Nieto Castillo mostró que la UIF será una dependencia “con dientes” fueron las investigaciones en contra de la red de ayuda al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el combate a los huachicoleros o ladrones de combustible; las finanzas negras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la compra de medicamentos para el Sector Salud.
Sin embargo, a diferencia de los sexenios pasados, la dependencia de la SHCP, que era mayormente utilizada para congelar recursos financieros de narcotraficantes y sus testaferros en el lavado de dinero, ahora se viene empleando para poner remedio al saqueo de servidores públicos y la impunidad que ha campeado de manera institucional. También se utiliza, como es uno de sus objetivos prioritarios, para evitar la evasión de impuestos.
La intervención de Santiago Nieto para indagar casos como “La Estafa Maestra”, Odebrecht, Altos Hornos de México, Caja Libertad y algunos ex gobernadores, ha despertado la sospecha de los opositores del actual gobierno, de que la UIF es empleada con fines de venganza política como ocurre en la persecución de Emilio Lozoya o el encarcelamiento de Rosario Robles.
En el caso de esta última, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que “esta Unidad de Inteligencia Financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, incluso hay acuerdos internacionales, sobre todo en lo relacionado con el lavado de dinero. Entonces, la Fiscalía General es la que tiene este proceso en curso y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación”.
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financuera de Hacienda (UFI)
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Tan solo en el primer semestre del año, la UIF recibió del sector financiero más de 300 mil reportes de operaciones relevantes y 46 mil de operaciones inusuales. Para ese periodo, Santiago Nieto aseguró que se tenían congelados más de 4 mil 600 millones de pesos de posible procedencia ilícita, cifra muy superior a los 25 millones intervenidos comparativamente entre enero y junio de 2018.
A pesar que la institución no hace ruido mediático en cuanto al combate a la delincuencia organizada, una de las primeras acciones realizadas iniciado el sexenio, fue presentar una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República por lavado de dinero en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 6 de diciembre de 2018 se informó que la acción iba contra la red de empresas manejadas por la familia de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
Para febrero de 2019, el Gobierno Federal anunció que la Estrategia Nacional de Seguridad establece que no habrá una confrontación armada contra los cárteles de las drogas y sus líderes, sino una labor de inteligencia para atacar directamente en sus finanzas. El documento señaló que la estrategia pretende afectar las propiedades y ganancias del crimen organizado, más que en los llamados objetivos prioritarios.
El 14 de mayo se informó que la UIF congeló las cuentas bancarias del magistrado federal de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, cuya diferencia entre sus percepciones y sus depósitos era de aproximadamente 50 millones de pesos. Se conoció que el impartidor de justicia estaba relacionado con una serie de resoluciones judiciales que beneficiaban a miembros del CJNG, por lo que fue denunciado ante la FGR. Días más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó al magistrado y al abogado Víctor Beltrán en aquel país.
En coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la UIF congeló los recursos financieros en las cuentas bancarias de 42 personas físicas y morales vinculadas no solo con el magistrado Avelar, sino con el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, señalado de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Incluso, se investiga sobre los recursos otorgados a una asociación ganadera propiedad del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno de Nayarit, durante la gestión de Roberto Sandoval. Se detectó que existía un intercambio de adquisición y venta de ganado entre Duarte y Sandoval, financiada con recursos federales y estatales. Duarte se encuentra prófugo de la justicia, acusado de desvío de recursos; sus ex colaboradores también están en la mira.
El caso del magistrado Isidro Avelar no es el único investigado en el Poder Judicial de la Federación, pues debido a sus sentencias en asuntos de crimen organizado, la UIF ha detectado posible corrupción de siete jueces y magistrados tan solo a nivel federal; a nivel estatal también hay bloqueo de cuentas bancarias como ocurrió en agosto a tres magistrados de Jalisco, sin que se conozca qué tipo de faltas o delitos les serán imputados.
Mientras que a diversos miembros del CJNG, las autoridades federales les han congelado 533 cuentas bancarias por un monto de 109 millones de pesos. A José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, le han intervenido cuentas de banco por aproximadamente 36 millones de pesos. Ambos grupos criminales están enfrentados en una guerra en Guanajuato, con alta producción de violencia.
Como si no fuera suficiente con las indagatorias del presente, el gobierno mexicano se comprometió con su homólogo de Estados Unidos para rastrear los recursos financieros del defenestrado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua y cuya fortuna sigue sin ser localizada. Los norteamericanos entregaron información para que la UIF participe en conjunto en la recuperación de los supuestos bienes del ex líder del Cártel de Sinaloa, para lo cual se propuso crear un grupo binacional de investigación.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
Aunque después de que ganó las elecciones Andrés López Obrador declaró que no perseguiría a autoridades de sexenios anteriores, tal vez se refería a los titulares del Ejecutivo federal, porque a casi nueve meses de iniciada su gestión, ya tiene a una ex secretaria de Estado (Rosario Robles) en la cárcel y se persigue al ex director de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya, a otros ex funcionarios de primer nivel y a empresarios con los que hicieron negocios al amparo del poder.
Foto: Mario Hasso/Cuartoscuro.com
A una semana de aprehendida María del Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, la UIF advirtió que presentaría una nueva denuncia contra la mujer involucrada en “La Estafa Maestra”. Por el asunto se han bloqueado las cuentas bancarias de seis servidores públicos y de por lo menos ocho empresas relacionadas. Además, se analiza la venta de terrenos federales a empresas “fachada” que podrían implicar otros delitos cometidos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la que también fue titular la imputada.
En otro caso anunciado de manera reciente, la UIF presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación.
El martes 20 de agosto, Santiago Nieto Castillo informó que al mencionado le congelaron sus cuentas bancarias junto con una red de 17 personas físicas y morales con las que estaba involucrado.
En cuanto al abogado Juan Ramón Collado, ex representante legal de importantes políticos y ex funcionarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex miembro del Consejo Directivo de la sociedad Caja Libertad, la UIF informó que presentará siete denuncias ante la FGR por el delito de lavado de dinero.
Actualmente se han congelado diez cuentas bancarias implicadas, entre estas las del litigante encarcelado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde mediados de julio, cuando fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Otros 34 miembros de Libertad Servicios Financieros y personas cercanas, como Jaime González Aguadé, ex titular de la CNBV, son investigados.
Antes que a ellos, a finales de mayo, la UIF solicitó le fuesen congeladas sus cuentas bancarias a Emilio Lozoya, a quien acababan de inhabilitar por 10 años en el servicio público, y a sus familiares, entre ellos su esposa Marielle Helene Eckes, su madre Gilda Margarita Austín y Solís, y su hermana Gilda Lozoya Austin, entre otros ex colaboradores. Se les vinculó con una operación financiera derivada del caso Odebrecht que sirvió para que Emilio adquiriera una mansión en las Lomas en CDMX. Se les imputa desde lavado de dinero hasta defraudación fiscal.
La indagatoria destacó que a través de la empresa de la esposa de Lozoya se recibieron presuntos sobornos que Altos Hornos de México, SA (AHMSA) entregó al ex director de Petróleos Mexicanos por la adquisición de la vetusta planta Agro Nitrogenados en 2014. Lo que a su vez implicó al presidente de la compañía siderúrgica, Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido en España y al que le fueron congeladas sus cuentas bancarias, junto con las de AHMSA. Aunque después se liberaron algunas de las cuentas de la empresa para no perjudicar a 20 mil trabajadores y miles de proveedores y clientes.
La actuación de la UIF no ha dejado del todo satisfechos a sus detractores, pues consideran que no se investiga la corrupción por parejo, ante casos como el de la denuncia periodística contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien presuntamente tiene millonarias cuentas bancarias en el extranjero.
Tampoco se ha avanzado en asuntos como investigar al ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por lavado de dinero. O el caso del líder petrolero Carlos Romero Deschamps y sus familiares, en contra de quienes se asegura ya existen dos denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y desde luego, el señalamiento de Rosario Robles contra el ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, presuntamente involucrado en “La Estafa Maestra”. Ya no se diga llegar hasta el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Cabe mencionar que la inmovilización de cuentas bancarias no es una herramienta legal infalible o definitiva, puesto que se advierte que muchos de los afectados logran destrabar ese obstáculo a través de la suspensión provisional, definitiva o en la sentencia de un juicio de amparo. Hay discrepancia en cuanto a criterios de los juzgadores, pero en los casos en los que el bloqueo o congelamiento no se realiza a solicitud de un gobierno extranjero, es factible que se restituya a los quejosos en el goce del derecho fundamental que estiman, les fue violado.
