Las amenazas derivan de pactos de protección que mantenían tanto con empresarios agrícolas en las delegaciones del sur del municipio -San Quintín, Camalú, Punta Colonet y Vicente Guerrero-, como con grupos narcomenudistas que operan en la zona. Los nuevos mandos también generaron conflicto al conceder servicio de escolta a sujeto baleado con antecedentes por delitos contra la salud
El cambio de mandos y enroques entre los jefes de grupos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Zona Ensenada, ha desatado una ola de amenazas y violencia que alcanza a los agentes.
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En apenas cuatro días se registró una serie de ataques y señalamientos dirigidos hacia elementos ministeriales: el primero fue un reporte sobre el incendio de la patrulla del comandante operativo Óscar Tenorio; posteriormente apareció una manta con mensajes de amenaza a la corporación; y un hombre al cual le asignaron dos escoltas estatales fue herido a balazos.
Información aportada por integrantes de la Policía Ministerial del Estado en el puerto, refiere que lejos de las pugnas entre agentes, los nuevos mandos han violado “acuerdos” que si bien les benefician, ponen en peligro a los oficiales.
Los movimientos al interior de la corporación los inició el anterior subprocurador de Justicia de Zona y ahora procurador de Justicia, Cristián Colosio Lule en abril, tres meses después de haber sustituido a Norma Alicia Velázquez Carmona.
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Lule designó a Esteban Berrelleza Sánchez como comandante de zona y a Óscar Miguel Tenorio Camarena como comandante operativo de la Policía Ministerial, ambos de Mexicali, en sustitución de Israel Farfán Íñiguez y César Alberto Ibarra Arballo.
Elementos ministeriales señalaron a ZETA que a su llegada, los mexicalenses hicieron ajustes en la zona sur del municipio, generando conflictos entre narcomenudistas y grupos de poder ligados a la agricultura.
“Cada gobierno hemos tenido problemas porque no se nos toma en cuenta como policías, tenemos carencias, no tenemos protección para nosotros ni para nuestras familias, pero estos (nuevos mandos) llegan, toman sus decisiones y nosotros somos los que corremos riesgos”, declaró un ministerial asignado a San Quintín.
La reacción ante la falta de un mando que ponga orden e información que los policías de los tres órdenes de gobierno están recibiendo de los altos mandos, “viene peor”, ya que “no los están dejando trabajar”, refieren.
Las amenazas derivan de pactos de protección que mantenían tanto con empresarios agrícolas en las delegaciones del sur del municipio -San Quintín, Camalú, Punta Colonet y Vicente Guerrero-, como con grupos narcomenudistas que operan en la zona.
PGJE SE LIMITA A INFORMAR QUE INVESTIGA
Sobre el hallazgo registrado la madrugada del domingo 11 de agosto en el fraccionamiento Playa Ensenada, donde se localizó un mensaje de amenaza contra un sujeto apodado “El Negro” o “El Chatarras”, el procurador de Justicia del Estado, Cristian Colosio Lule, respondió que son hechos en investigación.
Explicó a este Semanario que la persona amenazada cuenta con una medida de protección por cuestiones de seguridad, por lo que tiene agentes ministeriales asignados. Es decir, indirectamente se está poniendo en riesgo al personal de la Policía Ministerial del Estado.
La PGJE conoce el entorno problemático de la víctima, por lo que se tomarán medidas.
Respecto al incendio de la patrulla ministerial, la madrugada del 8 de agosto, comentó que se investiga en la Unidad de Patrimoniales por los daños en mención. La PGJE investiga un entorno familiar en la afectación a la unidad, independientemente de otras posibles líneas.
ASIGNAN SEGURIDAD A VÍCTIMA DE DOS ATENTADOS
Dentro de las corporaciones de seguridad que tienen operatividad en Baja California, la Policía Municipal tiene el servicio de agentes comerciales como guardias de seguridad, pero solo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene un servicio similar al de escoltas, en el cual se requiere de un alto porcentaje de policías estatales. Se brinda a través de la Coordinación de Protección a Funcionarios y Ejecutivos que depende de la Subdirección de División de Investigación, donde indagan y determinan si la persona que solicita el servicio está en peligro y en condiciones de recibirlo, pero el caso del hombre baleado no fue llevado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En cambio, Víctor Padilla recibió custodia de la Policía Ministerial, dos elementos le fueron asignados por el entonces subprocurador Cristian Colosio, pese a tener abierta una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la salud.
La seguridad se le brindó tras librar un primer ataque a balazos el 28 de marzo, cuando arribó a su domicilio en la calle Lago Hurón del fraccionamiento Valle Dorado, aproximadamente a las cinco de la tarde, junto a la Escuela Secundaria Número 24.
El sujeto estaba acompañado de guardaespaldas, quienes también sufrieron lesiones. Este hecho fue ampliamente difundido mediante un video captado por las cámaras de seguridad de la vivienda.
En las imágenes se observa la llegada de dos vehículos y cuatro personas, dos en cada uno. Segundos después, de una camioneta que circulaba por la calle, descendieron dos individuos que abrieron fuego contra las víctimas, para después escapar en la misma camioneta.
Un segundo ataque se registró el viernes 9 de agosto a las 5:35 am en un domicilio de la calle Tucán, dentro del exclusivo fraccionamiento Privada Las Rosas, frente al hotel propiedad del alcalde Marco Novelo Osuna.
Al encontrarse sin escoltas, Padilla fue atacado a balazos; entre los agentes se menciona que participaron unas cinco personas y que el ataque pudo haber sido repelido por la víctima, ya que no lograron ingresar al inmueble.
A 300 metros del lugar se abandonó un vehículo tipo pick-up con placas del Estado de California, en el que se transportaban los agresores.
En el patio del domicilio se localizaron aproximadamente 20 casquillos dispersos, calibres .223 y .9 milímetros, así como manchas de sangre en el acceso a la casa. El hombre fue herido en brazo y abdomen. Casi tres horas después, Servicios Periciales se movilizó para recoger indicios en la escena del crimen.
LA MANTA, UNA ADVERTENCIA POR ROBO DE DROGA
Los mensajes de agresión entre grupos delictivos hacia agentes ministeriales no han cesado, ya sea vía telefónica o redes sociales.
El domingo 11 de agosto, por la zona del Issstecali, dos días después del ataque en Privada Las Rosas, apareció una manta con amenaza directa a Víctor Padilla, involucrando a tres agentes ministeriales, entre ellos sus escoltas y el coordinador de Homicidios.
El mensaje era: “Víctor Manuel Padilla Murillo alias El negro o chatarras por andar de mafioso, llevas dos y la has librado pero en la tercera ya no la cuentas ni con los 2 ministeriales que traes de escoltas José Luis Sandoval y Joaquín Montiel a los cuales ni con lo que le pagan al amafiado coordinador de homicidios Rigoberto Satarain les va alcanzar para su funeral van a tener que sacar del jale que se han robado”.
De acuerdo con la Policía, está de por medio el robo de tres kilogramos de cocaína.
Entre los elementos ministeriales consultados por ZETA sobre la relación de los agentes señalados en la manta y Padilla, algunos aseguran que Sandoval y Montiel son “limpios y trabajadores”, en tanto que otros refieren que el trío mantiene una amistad de años.
De Rigoberto Zatarain mencionaron solamente que es un ministerio público de Mexicali que trajo Cristian Colosio a su llegada.
UNA AMENAZA DIRIGIDA
A escasos tres meses de asumir la comandancia operativa de la Policía Ministerial en Ensenada, en sustitución de César Ibarra, la madrugada del 1 de mayo la patrulla que asignaron a Óscar Tenorio fue incendiada.
De acuerdo con la carpeta de investigación, pudo tratarse de un “asunto familiar”, sin embargo, hay otras líneas de investigación que pudieran tener relación con un grupo delictivo o no se descarta una pugna interna en la corporación.
El ataque sucedió en su domicilio en Calle Secoya, en Colinas de la Presa, donde vecinos alcanzaron a apagar el fuego, después de que sujetos descendieron de un vehículo compacto para perpetrar el ataque.
Sobre el anterior comandante, César Ibarra, policías señalaron que al ser reemplazado en mayo, solicitó un permiso.
“No se portó muy bien con los elementos, pero pidió un permiso de seis meses en la corporación y en estos meses puso un negocio en el que le va muy bien”; dudaron que se trate de una rencilla.
DELEGAN CASOS A GUARDIA NACIONAL
Los asuntos de seguridad como captura de homicidas o de jefes de plaza en materia de narcomenudeo, son temas que los policías ministeriales están dejando a la nueva Guardia Nacional.
Acorde con el General de Brigada Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, actualmente hay 747 elementos en Baja California y 832 de la Policía Federal están en transición.
El martes 13 de agosto, en la conferencia matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el General de Dos Estrellas reveló que Baja California está dividido en dos regiones como parte de la operatividad de la Guardia Nacional: en una se agrupan los municipios de Mexicali, Tijuana y Tecate; y en la otra, Ensenada y San Quintín (mismo municipio), con 450 elementos previstos en cada una.
Rodríguez Bucio apuntó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una fuerza permanente en la entidad de 3 mil 732 elementos, mientras que la Secretaría de Marina cuenta con apenas 414.
El Capitán de Fragata, Carmen Javier Olvera Hernández, está al mando de la Guardia Nacional en Ensenada; y en San Quintín, su homólogo es Julio César Martínez Loera.
Sin embargo, la Guardia Nacional en Ensenada, como en el resto de Baja California, aún está dedicada a acciones de reconocimientos territorial, socialización con la comunidad y tomando cursos de capacitación. Faltan varios meses para que inicien labores de inteligencia e investigación criminal, razón por la cual el Ministerio Público del Fuero Común no puede evadir su responsabilidad judicial de atender los temas de homicidio y narcomenudeo, sin provocar el aumento de la inseguridad en el puerto.
135 HOMICIDIOS EN 2019
De enero a agosto se han registrado 135 homicidios en Ensenada, once de estos en el mes en curso, según la PGJE.
La mayoría se han perpetrado en la ciudad, sin embargo, por el número de habitantes (menos de 100 mil) existen focos rojos en la zona sur del municipio, donde el conteo arroja una cuarta parte del total, con 32 asesinatos.
