Hay opacidad en las condiciones del contrato signado a principios de junio de 2019 y la manera en cómo operará el nuevo sistema. Funcionarios señalan que se consideró la experiencia de Copemsa Tijuana para otorgarle la concesión de 15 años, pero la empresa se creó en 2018 y al consorcio que la integra, Playas de Rosarito le revocó una licitación en 2011
El 12 de abril de 2019, el XXII Ayuntamiento de Tijuana falló a favor de la empresa Copemsa Tijuana S.A. de C.V. en el proceso de invitación restringida con el que la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro modernizará 2 mil 498 parquímetros en las zonas centro y Río, lugares donde ya existían estacionómetros desde 1993.
No obstante, hay opacidad en cuanto a las condiciones establecidas en el contrato signado a principios de junio de 2019 y la manera en cómo operará el nuevo sistema. En ciertos puntos, las versiones de los funcionarios involucrados y del representante de la empresa se contradicen.
Lo cierto es que la empresa filial del consorcio Copemsa Corporativo S.A.P.I, con razón social Jajomar S.A. de C.V., obtendrá 60% de aproximadamente 25 millones de pesos que se recaudarán tan sólo durante el primero de los 15 años que durará la concesión. Monto que supone en realidad tan sólo 15% de utilidad para la empresa, a decir de Mauricio Gómez, representante de la misma.
No menos importante es que la sociedad bajacaliforniana ya conocía a Jajomar S.A. de C.V., puesto que a esta empresa en asociación con Parking Tech S.A. de C.V. el Ayuntamiento de Playas de Rosarito le revocó el 30 de junio de 2011 la concesión otorgada para operar parquímetros, debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas.
Y aunque la empresa interpuso un juicio de amparo, dicho recurso fue sobreseído. De acuerdo con el oficio CJ/711/2014, el 8 de junio de 2012 el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región confirmó la resolución del juicio de amparo ante el recurso de revisión que presentó la concesionaria.
Cuestionado sobre este antecedente, el secretario de Movilidad Urbana Sustentable de Tijuana, Daniel Rivero Basulto, quien lideró el apoyo técnico en la licitación de la administración de “El Patas” manifestó: “Tengo datos por parte de la empresa de que ellos todavía tienen la concesión de Rosarito. Si quieres te proporciono el teléfono de la empresa, igual para que lo cruces con ellos, porque ellos tienen la evidencia”.
Sobre el tema, el ejecutivo de la empresa indicó que la concesión “está activa” mientras no se inicie. Detalló que en 2005, la empresa Parking Tech S.A. de C.V. logró un contrato “leonino” en contra del ayuntamiento.
En 2011, “esta empresa nos buscó y le pedimos permiso al Ayuntamiento para quedarnos con ese contrato, asociados con Parking Tech con otras condiciones mucho más sanas para el Ayuntamiento”, con lo que se pusieron aparatos pero nunca llegamos a arrancar. “Le buscamos alguna salida para que esto no tuviera ninguna consecuencia legal, porque no iba a ser viable”.
“Tengo entendido que nosotros todavía pudiéramos ver ese tema, la concesión sigue viva, seguramente, por lo que he visto las condiciones, en Rosarito van mejorando pero siguen sin ser las óptimas para operar. En ese sentido decidimos detener la operación”.
De acuerdo con el Adendum modificatorio del título de concesión otorgado a Parking Tech el domicilio de esta empresa “para oír, y recibir toda clase de notificaciones es el ubicado en Quintana Roo 65, Colonia Roma Sur”, en la Ciudad de México. El mismo donde desde hace más de 20 años opera Copemsa Corporativo.
Por otro lado, ZETA consultó a Comunicación Social del Ayuntamiento de Rosarito para conocer el estatus de dicha concesión, y se informó que en la administración pasada se canceló la concesión y, aunque se volvió a subir el tema a Cabildo, no prosperó y “ahorita no hay nada, ni concesión ni parquímetros”.
A una semana de iniciar, aún no funcionan parquímetros
En diversas calles de la Zona Centro ya se encuentran instalados los nuevos parquímetros, aunque no han terminado de quitar los anteriores. En un recorrido hecho por ZETA, se observó que los nuevos aparatos aún no funcionan, ni se han pintado los cajones de estacionamiento, pese a que el secretario de Movilidad, Daniel Rivero Basulto, había dicho que el periodo de prueba de los aparatos iniciaría el 8 de julio.
Según lo manifestado por el funcionario, el 22 de julio comenzaría formalmente su operación. No obstante, ciudadanos consultados aún desconocen cómo funcionarán los nuevos estacionómetros, que los inmovilizarán de no pagar y cómo podrán pagar la multa a la que podrían ser acreedores.
Algunos otros consideraron que un aparato, prácticamente para toda una calle, es muy poco, pues tendrán que caminar una distancia considerable si su vehículo quedó retirado del artefacto. Otros conductores vieron con buenos ojos la medida, porque obligará a que se pague el lugar que se ocupe.
Respecto a los criterios para que el Comité de Adjudicaciones decidiera invitar a Copemsa Tijuana S.A. de C.V., Mojo Real Estate y Soluciones Tecnológicas Municipales Latam, S de RL de CV (Solmuni), también conocida como Grupo Latinoamericano al proceso de licitación del gobierno de “El Patas”, Rivero Basulto dijo que esas tres empresas fueron elegidas de entre 20 por tener “un mayor potencial” para tener la experiencia dentro de la administración de parquímetros.
“Quien ganó tiene experiencia en Benito Juárez (CDMX), San Luis Potosí y otras ciudades” con más de 30 mil parquímetros, indicó el funcionario. Al ser cuestionado sobre los señalamientos de opacidad que se le ha hecho a Copemsa en la Ciudad de México, respondió que la empresa cumplió con lo que el Ayuntamiento de Tijuana le solicitó. “Nosotros estamos defendiendo el proceso que nos tocó, la información que nos entregaron era la correcta, la propuesta era la mejor de acuerdo con lo que habíamos investigado”.
Foto: Eduardo Andrade.- María de los Ángeles Olague Contreras, oficial mayor del ayuntamiento de Tijuana.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó el 1 de junio de 2017 a Jojomar S.A. de C.V. en su lista negra de contribuyentes relacionados con el 69-B, de los que se presume su inexistencia, es decir empresas que no tienen personal, activos, infraestructura o capacidad material para prestar servicios.
Al respecto, Mauricio Gómez, aseguró que cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco y luego candidata al gobierno del Estado de México a “prácticamente a todos” los proveedores de ese ayuntamiento mexiquense (donde Copemsa opera desde hace 10 años) “nos observó” y tras ir a las oficinas del corporativo, “levantarnos” un acta “que tardamos como 15 días en desmentir y en enseñar todos los documentos en orden” la empresa pudo salir de la lista negra del SAT.
Sin embargo, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, hasta el 15 de octubre de 2018 el SAT publicó a la misma empresa entre los casos desvirtuados, es decir, aquellos contribuyentes que pudieron acreditar que no hicieron operaciones ficticias.
FIRMAN CONTRATO A DESTIEMPO
Una de las irregularidades es que el contrato se firmó a destiempo. La oficial mayor, María de los Ángeles Olague Contreras, señaló, sin precisar la fecha, que el contrato con Copemsa Tijuana se firmó la primera semana de junio de 2019, prácticamente un mes después de lo que debió haberse hecho conforme a la Ley de Adquisiciones que establece un plazo no mayor a 20 días naturales a partir del fallo -en este caso el 12 de abril- para que ambas partes signen el documento.
“Me estás preguntando por el periodo en el que yo no estaba laborando” en alusión a que durante abril ella formó parte del equipo de Gastélum Buenrostro que buscaba reelegirse en el proceso electoral del 2 de junio. Entonces se le preguntó. ¿Y no le hizo ruido cuando usted lo firmó? “No, lo que pasa es que muchas veces por las mismas cargas de trabajo, por las entregas de algún documento, por diferente circunstancia se pueden ir desfasando los tiempos”, agregó la funcionaria.
EMPRESA OPERARÁ EL SISTEMA, AFIRMAN TESORERO Y OFICIAL MAYOR
Conforme al acuerdo que el Cabildo aprobó el 30 de junio de 2018, el proyecto de modernización de estacionómetros considera aumentar de 2,498 espacios de estacionamiento a 9,834, ya que se agregarían las zonas: *Zona 5 y 10 (1,367), *Zona primera etapa Río Tijuana (2,470), *Zona Industrial Mesa de Otay (2,213), *Zona Universidad Otay (1,219) y *Zona Playas de Tijuana (304) además de la zona Centro-Garita-Chaparral con (2,261).
De ahí que se preguntó a Olague Contreras por qué la licitación de abril de 2019 sólo consideró sustituir los parquímetros que actualmente existen en la ciudad. A lo que contestó: “La concesión abarca diferentes zonas de acuerdo con estudios que hizo el IMPLAN donde pudieran instalarse, eso no quiere decir que se van a instalar ahorita, ni que se tienen que instalar forzosamente”.
Sobre la posibilidad de que Copemsa pueda instalar parquímetros en esas nuevas zonas, la funcionaria dijo: “La concesión sí permite que la misma empresa instale en las zonas definidas”. Lo cual está en línea con lo manifestado por el ejecutivo de la empresa, quien aseguró que la licitación fue para los 9,834 parquímetros en las diferentes zonas.
La idea del programa en principio es modernizar lo que ya hay, después se va a analizar con la siguiente administración y si es necesario se pone el sistema en otra
Dueños de Copemsa con vínculos perredistas
Los hermanos Martínez Ramos – Jacobo, Jorge y Mariano- son propietarios de Copemsa Corporativo SAPI y de múltiples empresas de distintos giros, entre las que se encuentran Mexicannabis SA de CV, dedicada a hacer investigación clínica de cannabis (marihuana), y Escoltas Permanentes de México S.A. de C.V.
El antecedente del negocio de los parquímetros fueron las concesiones para administrar estacionamientos en la capital del país, en tiempos en que Manuel Aguilera y Manuel Camacho fueron regentes, según una nota publicada por Expansión en 2007.
La cual revela que Jorge, segundo hijo de Jorge Martínez Rosillo, fue apadrinado por Cuauhtémoc Cárdenas para ser diputado local por el Partido de la Revolución Democrática en 1997, subdelegado de la -ahora- alcaldía de Cuauhtémoc y finalmente, diputado federal en la LIX Legislatura, antes de dejar la política.
Por otro lado, Mojo Real Estate (segunda empresa invitada en la licitación del Ayuntamiento de Tijuana de 2019) y Movilidad y Parqueo son empresas pertenecientes a Jonathan Cohen Rabinovitz, con las que consiguió permisos para operar los parquímetros en CDMX durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.
Fue hasta la publicación de información de Panamá Papers, que se descubrió que las acciones de Jonathan Cohen de una empresa constituida en Panamá permanecieron ocultas, gracias a la consultoría Mossack Fonseca y un despacho de Hong Kong, según reveló una investigación de Aristegui Noticias en abril de 2016.
zona. Es decir “ya está pre autorizado, pero cada administración tendrá que dar el permiso correspondiente”.
Cuestionado si existe riesgo de la continuidad del programa para colocar parquímetros en las demás zonas con el cambio de administración, Gómez indicó “puede ser riesgoso para la empresa. Tenemos un contrato, esperemos que nos dé certeza”.
Lo anterior, contrasta con lo señalado por Rivera Basulto quien dijo que el incremento a 9 mil estacionómetros sólo era una proyección y que la próxima administración definirá los polígonos nuevos. Algo similar dijo el Tesorero Municipal, Ricardo Chavarría quien apuntó que la nueva administración podría ampliar el contrato con la empresa o hacer una nueva licitación en la que ganara otra.
Por otro lado, Olague Contreras y Chavarría coincidieron en que la empresa operará y dará mantenimiento a los estacionómetros (104) que sustituirán a los que actualmente existen.
La empresa será quien tenga personal que vigilará su operación durante el horario de funcionamiento (de lunes a sábado, de 9:00 a 20:00 horas, excepto días festivos), impondrá las multas, colocará y quitará -una vez se pague la multa- los inmovilizadores a quienes se hayan excedido del límite de tiempo del que pagaron o no hayan sufragado por el servicio.
Por lo que, los 10 millones de pesos que obtendrá el Ayuntamiento derivado de esta concesión serán libres, indicó el tesorero. Ambos funcionarios dijeron que el personal de base (12 personas) sería reubicado en otras áreas, mientras que los 17 de confianza dejarían de ser recontratados a partir del 30 de septiembre. Ello supondrá un ahorro de 16 o 17 millones de pesos en un año, afirmó la oficial mayor.
Otra vez, esas declaraciones no coinciden con la del secretario de Movilidad, quien aseguró que los elementos de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, serán quienes multarán e impondrán los inmovilizadores, los cuales podrían ser mecánicos o electrónicos.
A decir del ejecutivo de Copemsa, la empresa contará con 57 personas, 34 de las cuales harán el trabajo de verificación, 8 sancionadores y otras personas quitarán los inmovilizadores. La empresa invertirá 40 millones de pesos para sus sueldos, el más bajo de alrededor de 8,500 pesos, y vehículos con los que harán los rondines, entre otros insumos para trabajar.
Personal de la empresa recaudará el dinero de las máquinas, las cuales “nunca tendrán más de 2 mil pesos”, expuso Gómez y agregó que la empresa pide al Ayuntamiento “nos acompañe en esa recolección” aun cuando en tiempo real tenga cuánto se recolectó.
Lo manifestado por el ejecutivo plantea una interrogante ¿con qué personal el Ayuntamiento hará dicho acompañamiento si los empleados con los que actualmente cuenta dejarán de laborar en el área de Estacionómetros?
El tesorero abundó que la empresa tendrá que enterar a las arcas municipales el recurso que le corresponda al gobierno en 48 horas máximo, y aunque se usará para mejorar algunas áreas, el Cabildo aún no ha decidido a qué se destinará dicho recurso o si éste se etiquetará.
En caso de robo de los aparatos, la empresa está obligada a restituirlo y proporcionar el recurso por dicho artefacto. Además, deberá pintar las aceras para que los cajones estén debidamente señalados.
Respecto a si existe una meta mínima de recaudación y una garantía que deba pagar el Ayuntamiento de no alcanzarse que se haya estipulado en el contrato, el tesorero indicó: “Aquí como tal no hay una meta obligatoria, que dijéramos que si un día, por decir, no se recauda nada, el Ayuntamiento está obligado a pagar, o de compensar. En ese sentido no hay nada que yo me acuerde”.
Cuestionada sobre por qué el proceso de invitación restringida y particularmente el contrato no está en internet, lo que en buena medida abonaría a la transparencia de este proceso. Olague Contreras respondió: “Si no mal recuerdo debe estar por vencerse la fecha para subirse del segundo trimestre. Ese contrato va dentro del segundo trimestre. No es que yo firmo un contrato y lo subo. Nosotros tenemos periodos para hacer cortes en transparencia, entonces si no está ahorita debe estar por subirse”.
La entrevista a Gómez se llevó a cabo en lo que él dijo eran las oficinas y la dirección fiscal de Copemsa Tijuana (Calle 4, número 7585, entre la F y la E), sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no aparece registrada la compañía. Mientras que en el Registro de la Secretaría de Economía el registro la ubica en la Ciudad de México.
Los dos locales donde Gómez dijo que se estaba capacitando y contratando al personal que operará los parquímetros tienen letreros de la empresa Ivstore. Este semanario pidió el contrato. A lo que el representante de Copemsa dijo “no tener ningún problema con proporcionarlo” pero no lo compartió argumentando: 1) tenerlo en la Ciudad de México, 2) que lo va a consultar con el Ayuntamiento y si “ellos no tienen ningún inconveniente por supuesto le puedo mandar una copia“.
