Administradores de los albergues saturados en Tijuana prevén una crisis sin precedentes derivada de las acciones que está instrumentando Donald Trump en Estados Unidos, dejando a más de 9 mil solicitantes de asilo sin posibilidad y varados en esta ciudad fronteriza. Sin apoyo del Gobierno Federal, y saturados, los albergues atendidos por organizaciones civiles no se dan abasto. Mientras la administración federal solo anuncia la creación de un albergue para tres mil personas, sigue abusando y canaliza a los migrantes a los albergues a los que retiró los apoyos
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De acuerdo a cifras oficiales, 18 mil migrantes extranjeros permanecen en Tijuana a la espera del asilo estadounidense. Del total, alrededor de mil 700 migrantes radican en los 21 albergues administrados por organizaciones civiles en la ciudad.
Los otros 16 mil están rentando espacios, y algunos- se ignora cuántos- han regresado a sus países de origen, según información de la Secretaría de Gobierno del Estado; sin embargo, activistas tienen registro de que muchos están sobreviviendo en las calles.
La Federación es la responsable de atender el flujo migratorio pero no lo ha hecho, hasta ahora solo han dado discursos, el anuncio de un mega albergue y la amenaza cumplida de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -para evitar la corrupción- retiraría el apoyo económico que le daba a las organizaciones civiles que están haciendo el trabajo de su gobierno atendiendo migrantes.
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Hasta 2018, el recurso federal cubría alrededor del 23 por ciento del gasto de operatividad en los albergues, explicaron los administradores consultados, y garantizaba pagar por lo menos la renta de espacios y servicios como luz, agua y gas.
Ya no tienen esa tranquilidad porque, en medio de una crisis de migración, durante más de seis meses, el Gobierno Federal, que debería hacerse cargo del problema, no ha aportado un solo peso a las organizaciones, pero les siguen mandando gente.
“Si no van a apoyar, que no nos manden más porque estamos a nuestra máxima capacidad; es una pena que lo estén haciendo, da una clara idea de que no hay una estrategia y que México solamente está reaccionando a lo que está haciendo Donald Trump”, compartió Gilberto Martínez, administrados de la Casa del Migrante Tijuana.
Foto: Jorge Dueñes
TIJUANA, CON EL NÚMERO MÁS ALTO DE SOLICITUDES DE ASILO
Hasta principios de julio de 2019, la asociación defensora de derechos humanos “Al otro Lado” registró 9 mil 100 solicitantes de asilo en las listas que realiza Grupo Beta en la Garita El Chaparral, una cifra histórica para la ciudad; son personas que con la modificación al reglamento de solicitud de asilo que instrumentó Donald Trump y que entró en vigor el martes 16 de julio, los deja sin posibilidades siquiera de presentar sus casos.
Este cambio adoptado por los secretarios de Justicia y de Seguridad Interior del país vecino, establece que para quienes ingresen por la frontera sur de Estados Unidos y hayan transitado por algún otro país, solo podrán pedir el asilo si antes lo hicieron en otro país y les fue negado, a excepción de los mexicanos y quienes hayan sido víctimas de trata o hayan transitado por estados que no sean parte de la Convención y el Protocolo sobre Refugiados o la Convención contra la Tortura.
Una medida unilateral de Trump generada precisamente por el aumento de las solicitudes de asilo, lo cual deja en total desventaja a México porque, a decir de Soraya Vázquez, directora de Families Belong Together, esto es prácticamente como si México se convirtiera en un tercer país seguro, sin que se lo hayan consultado y sin contar con la capacidad, infraestructura y proyectos concretos para brindar la atención y operatividad que se requiere.
La activista tiene claro que se trata de una “medida ventajosa” del mandatario estadounidense para desalentar la migración y las solicitudes de asilo, sin embargo, cree que como muchos vienen huyendo de la violencia en sus países, no pensarán en regresar y solicitarán aquí el asilo, lo cual considera podría acrecentar la crisis, debido a que actualmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene más de 70 mil solicitudes de asilo sin resolver.
NECESARIO UN MEGA ALBERGUE; FEDERACIÓN DEBE ASUMIR RESPONSABILIDAD
La cantidad de migrantes complica el panorama para los albergues que los reciben y son administrados por organizaciones civiles, a las que la Federación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, les quitó el recurso del Fondo de Migración.
Lo que evidencia “incongruencia” de un gobierno mexicano que no tiene una propuesta contundente y solo “reacciona” a las acciones y políticas migratorias de Donald Trump, reclamaron los afectados.
Foto: Jorge Dueñes
Coordinadores de espacios de atención a migrantes y activistas, coinciden en la urgencia de que la Federación cumpla con su responsabilidad e instale el mega albergue del que se ha venido hablando por semanas para desahogar al resto de los alojamientos.
El lunes 15 de julio, Manuel Marín Salazar, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, confirmó ante medios de comunicación que en dos semanas se instalará el mega albergue con capacidad para tres mil personas, en un espacio ubicado entre los bulevares Insurgentes y O’Higgins, esto confirmado a ZETA por el súper delegado en el Estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
Sin embargo, este último no precisó cuándo iniciarán labores, “por lo pronto solo tenemos el espacio que podría albergar hasta tres mil personas, pero no hay claridad si el nivel de retornos será alto, y si es necesario el albergue porque hasta la fecha no son diferentes los números a los que maneja la frontera cotidianamente. Hasta ahora solo son amenazas”, dijo.
Tras siete meses de administración, la idea de un albergue federal sigue en el imaginario de las autoridades del Gobierno de la República.
SIN APOYO GUBERNAMENTAL
Además del hacinamiento, insuficiencia de recursos y la negativa de apoyo de la Federación, los coordinadores de albergues intentan prepararse para cuando empeoren las condiciones en que realizan su labor altruista, con la llegada de funcionarios del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a las alcaldías y el Estado, instancias de las que aún reciben apoyos que les serán retirados si los electos siguen la línea de López Obrador.
Consultadas, las organizaciones de apoyo a migrantes aseguran que la mayoría puede seguir adelante sin el apoyo gubernamental, siempre y cuando la Federación realmente atienda a los migrantes en crisis. Pero como varios de ellos pagaban los gastos fijos con fondos de gobierno, ya preparan propuestas para presentarlas a las autoridades y tratar de conseguir recursos.
Entre los planteamientos en preparación están considerando solicitar que el Servicio de Administración Tributaria reduzca las restricciones a los donantes que vienen de Estados Unidos a Tijuana, y que les otorgue permisos para colocar pequeños comercios en los albergues para vender productos que les generen una entrada de dinero extra, lo cual manejarían con los propios migrantes para su beneficio.
SOBREVIVEN DE DONATIVOS
Actualmente existen 21 albergues registrados en Tijuana, uno de ellos es la Casa del Migrante en la colonia Postal, con 32 años operando de manera ininterrumpida.
Cuenta con capacidad para 150 personas y desde un inicio, el objetivo fue brindar protección y atención a migrantes mexicanos y varones deportados. Actualmente recibe a madres, mujeres y niños, lo cual para su administrador, Gilberto Martínez, da un amplio panorama de la situación en que ha entrado la ciudad y lo urgente que es contar con recursos.
La plantilla de trabajadores que se encarga de toda la operatividad es de 23 personas, entre ellos especialistas psicólogos y jurídicos que ayudan a reinsertar en la sociedad a los migrantes, a adaptarse a su nueva etapa y asesorarlos para hacer valer sus derechos. Cuentan con un equipo de 46 voluntarios y 26 cocineras que se rotan los siete días de la semana.
Mantener este equipo, cubrir los servicios, comidas, ropa, material y demás elementos que se requieren para brindar una atención integral y de calidad, genera un gasto corriente anual de 6.5 millones de pesos, que en conjunto con otros gastos alternos, asciende a 15 millones de pesos.
De la Federación no reciben un solo peso, del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, perciben un apoyo mensual de 25 mil pesos y la condonación del servicio del agua, que asciende a 30 millones de peso al año; del Municipio reciben un apoyo mensual de 4 mil pesos en especie, ya sea material para aseo personal o productos no perecederos.
Como este albergue, la gran mayoría de los entrevistados por ZETA coinciden en que sobreviven principalmente de los donativos de las personas y otras organizaciones civiles nacionales e internacionales, además de los convenios que generan con empresas y supermercados, quienes donan alimentos y otros artículos de uso diario.
Foto: Tomada de Internet.- Área donde sería instalado el mega albergue federal para tres mil migrantes, donde se encontraba anteriormente el Bazar Insurgentes.
Sin embargo, no todos tienen la misma suerte de recibir recurso del Estado. No el albergue Juventud 2000 en la Zona Norte, quienes solamente reciben lo del Municipio -que se entrega a todos los albergues- en especie.
Ellos atienden un total de 140 personas, tienen una plantilla de siete personas sin goce de sueldo y su gasto promedio oscila en 50 mil pesos solo por pago de servicios: agua, luz, internet, renta del espacio; y cada día invierten alrededor de 12 mil pesos para cubrir el gasto de las comidas.
Ante estas circunstancias, han optado por medidas alternas como vender ropa en los mercados sobre ruedas, pedir cooperación o la colaboración de quienes les brindan los servicios para saldar sus adeudos en tiempos extemporáneos.
EN RIESGO DE CERRAR POR FALTA DE RECURSOS
Pese a que el albergue para mujeres y niñas y niños Ejército de Salvación “Casa Puerta de Esperanza”, ubicado en la colonia Libertad, sí cuenta con apoyo del Municipio y del Estado -7 mil pesos mensuales-, su continuidad está en riesgo desde que la Federación retiró el recurso que en 2018 fue de 450 mil pesos, el cual cubría gran parte de lo que correspondía a su operatividad.
En el albergue cuentan con seis empleados y 18 voluntarios especialistas en diversas áreas, quienes atienden en promedio a 40 personas continuamente, en su mayoría madres y niños deportados, e invierten 4 mil 700 dólares mensuales (unos 84 mil 600 pesos mexicanos); la renta mensual de la casa es de 4 mil dólares.
Hace cuatro años, cuando abrieron el albergue, se empeñaron en realizar una labor integral, y de manera muy profesional, pensaron en la posibilidad de hacerse autosustentables, pero el alto crecimiento en el flujo migratorio, la xenofobia que alejó a los patrocinadores y el recorte federal, han propiciado que su continuidad esté en duda y, de no cambiar la situación en febrero o marzo de 2020, o estarían cerrando.
Isaac Olvera, director del albergue Ejército de Salvación, compartió a ZETA que lastimosamente el Gobierno Federal está “cortando a todos los albergues con la misma tijera”, sin importarle que algunos realicen una labor muy profesional, de ahí que piensen en cerrar, porque pudieran recortar su personal, pero la atención no sería la misma para los migrantes hasta el próximo año, a razón de que “no podemos irnos cuando más nos necesitan”.
