El Consejo General del Instituto Estatal Electoral recibió 11 recursos de impugnación una vez que finalizaron los cómputos distritales de las elecciones del 2 de junio. En el caso de las diputaciones, los medios interpuestos se resolverán a más tardar el 13 de julio; en el de las alcaldías, el 31 de agosto y, tratándose de la gubernatura, cuyo dictamen fue impugnado por el propio gobernador electo, la resolución vendría el 22 de septiembre
El PAN, PRI y PBC se dieron a la tarea de rescatar el mayor número de votos de la pasada elección en Baja California para alcanzar una diputación o regiduría de representación proporcional, mientras que el partido Transformemos buscará mantener su registro como partido estatal, y el PRD, junto con Jaime Martínez Veloz, seguirá intentando tumbar el triunfo al gobernador electo, Jaime Bonilla; por lo que, entre todos, interpusieron un total de 11 recursos de impugnación ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
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En entrevista para ZOOM POLÍTICO, el secretario ejecutivo del IEEBC, Raúl Guzmán Gómez, informó que estos recursos de impugnación se presentaron una vez que finalizó el cómputo distrital el pasado 8 de junio y posterior a la entrega de las constancias de mayoría a quienes resultaron electos. Fueron dos impugnaciones para el cargo de diputados en los Distritos 9 y 10, ambos correspondientes a la ciudad de Tijuana, así como cinco recursos de impugnación para las elecciones municipales y cuatro en lo que respecta en la elección de gobernador.
“Lo que buscan los partidos políticos -impugnantes-, es que en el momento de hacer las asignaciones por representación proporcional -también conocidas como plurinominales-, busquen poseer un mejor porcentaje que les permita tener un mayor número de asignaciones”, indicó Raúl Guzmán Gómez, agregando que dichos cargos serán asignados por el IEEBC, hasta que los recursos de impugnación sean resueltos, a más tardar el día 13 de julio para el caso de diputados y el 31 de agosto para las impugnaciones a municipios, en donde los partidos están buscando regidurías adicionales.
Detalló que en el caso de las impugnaciones a las casillas del distrito 9, este recurso fue interpuesto por el Partido de Baja California (PBC), solicitando el recuento de los votos de tres casillas, recibiendo la aprobación por parte del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) y logrando sumar alrededor de 100 votos que no se habían contabilizado correctamente.
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Este hecho fue confirmado por el presidente del PBC, Mario Favela Díaz, quien destacó que se solicitó el reconteo únicamente como una cuestión de protocolo al confirmar que se les habían contabilizado incorrectamente estos votos. Agregó que la suma de los 100 sufragios no modificó en nada la posición de su diputado electo por mayoría proporcional, Rodrigo Otáñez.
Mientras que en el Distrito 10, fue la dirigente del partido Transformemos, Mayra Flores Preciado, quien solicitó se revisara el conteo de los votos en un importante número de casillas, además de la anulación de la alcaldía de Mexicali y la gubernatura en el estado. El caso particular de Transformemos radica en la necesidad de no perder el registro, puesto que no alcanzaron ni el 3% de los votos en ninguna de las elecciones para diputados, alcaldía ni gubernatura.
Con respecto a las impugnaciones en la elección de alcaldía, Guzmán Gómez aseguró que ninguno de los presidentes municipales electos podría ver afectado su triunfo, siendo la alcaldía de Tijuana la única exenta de algún proceso de impugnación.
“En las alcaldías recibimos cinco medios de impugnación, fueron tres del Partido Acción Nacional (PAN), una en el municipio de Ensenada, otra en Playas de Rosarito y una más en Tecate, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó la elección de Playas de Rosarito y el Partido Transformemos la de Mexicali. La única elección que no fue impugnada, y que ya para este momento causó estado fue la del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz”, explicó el secretario ejecutivo del IEEBC.
Aclaró que la solicitud interpuesta por el PAN en el municipio de Tecate, no fue para revisar el cómputo de la elección o la declaración de validez, sino para que se conceda la inelegibilidad de Dora Nidia Ruiz Chávez, registrada como suplente en el puesto de presidenta municipal y de Irlanda Adriana Andrade Hernández, suplente en la primera regiduría; quienes con base en el artículo 80, fracción cuarta de la Constitución Política de Baja California, no podrían ser elegidas para un cargo público, dado que dejaron sus empleos como maestras pasados los 90 días que dicta la ley, antes de que iniciara la jornada electoral.
Por otra parte, en el municipio de Playas de Rosarito, en donde tanto el PAN como el PRI solicitaron la revisión de la elección, esta petición fue para que se corroborara el conteo distrital, ya que se cuestionó si hubo un error en la sumatoria de los votos, destacando que, ambos partidos lo que buscan es alcanzar el número de votos necesarios para lograr un espacio adicional en las regidurías de representación proporcional.
Caso similar ocurrió en Ensenada, donde el PAN interpuso un recurso de revisión al igual que en Tecate y Playas de Rosarito, a través de Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante de Acción Nacional, ante del Consejo General del IEEBC, pidiendo anular algunas casillas, con la esperanza de recuperar votos que les permitan acceder a otra posición en el cabildo de dicho municipio.
Sobre el tema de la gubernatura, Raúl Guzmán Gómez compartió que de los cuatro procesos que siguen sin resolverse y que tienen fecha límite al 22 de septiembre, uno fue presentado por el partido Transformemos para intentar alcanzar un número de votos y continuar como partido político; otros dos fueron interpuestos por Jaime Martínez Veloz, candidato del PRD y el ciudadano Felipe Ruanova, al considerar que Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo, no cumplió con los requisitos para ser candidato y posteriormente haber sido votado. El cuarto medio de impugnación fue interpuesto por el propio Bonilla Valdez en contra del IEEBC y del Congreso del Estado, con el fin de aumentar la gubernatura a cinco años.
