Amador Rodríguez Lozano logró lo que ni Enrique Peña Nieto pudo en 2013 con su famoso pacto. Que todas, todas las fuerzas políticas en el Comisión Permanente del Congreso de la Unión, incluidas las de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), estuvieran de acuerdo.
Todos, de todos los colores y antagónicos ideológicos y políticos, especialmente desde el triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieron de acuerdo en firmar un acuerdo para solicitar al Congreso de Baja California dejar sin efecto el cambio a la Constitución local para ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobierno que encabezará Jaime Bonilla Valdez.
Rodríguez Lozano fue quien con los casos en contra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo públicamente que si era necesario, una vez que tomara posesión la siguiente Legislatura, de mayoría absoluta de Morena y sus aliados, cambiarían la Constitución para darle tres años más de gobierno a Bonilla, electo el 2 de junio de 2019 para un mandato por dos años.
Pero quien ha sido anunciado como el próximo secretario general de Gobierno del Estado se adelantó. No aguantó la espera hasta el 1 de agosto, cuando tomarán posesión los nuevos diputados, y con la ayuda del poder absoluto que parecen tener los representantes de Morena en Baja California, negoció cargos, puestos, nómina y otras dádivas políticas con legisladores locales de mayoría panista para que el 8 de julio hicieran el cambio constitucional.
Entonces se desató la hecatombe política hacia el gobernador electo de Baja California en toda la República. A excepción del Poder Judicial encarnado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los otros sectores dela vida pública y política del país se han expresado de manera contraria al que consideran un acto antidemocrático en Baja California, un experimento de reelección sin el voto popular para ampliarle el tiempo de gobierno.
Con esa acción que han condenado líderes de partidos, los representantes de Morena en las dos cámaras, líderes morales de la izquierda, sectores sociales y empresariales, incluso ciudadanos que han dado su opinión en encuestas como la del diario capitalino Reforma, donde los bajacalifornianos dijeron mayoritariamente no estar de acuerdo con la ampliación de mandato por parte del Congreso local, Jaime Bonilla Valdez pasó de ser el primer gobernador de Morena en la entidad, a un político hambriento de poder que, a como dé lugar, quiere gobernar por más tiempo del que fue votado.
Entre más tiempo tarda el Congreso en recular en la reforma constitucional, Bonilla va perdiendo su papel histórico de haberle arrebatado al Partido Acción Nacional el Estado que gobernó durante 30 años, para ser recordado como quien quiso pasar por encima del voto popular y agandallar tres años más de administración pública.
Y quien puso los cimientos para que esa concepción se generalizara en el país, fue precisamente Amador Rodríguez Lozano. Ya hay quienes le dicen el tóxico que llevó a Jaime Bonilla a un papel que históricamente no le correspondía. Conocido por su mapachismo electoral en los tiempos en que fue priista de hueso colorado, Rodríguez Lozano está siendo identificado como quien gusta de mancillar constituciones para adecuarlas a sus intereses. Refieren que lo hizo en Chiapas y ahora en BC.
La otra estrategia que había seguido Bonilla en su intento por ser gobernador más tiempo del determinado en la convocatoria del Instituto Nacional Electoral, era la de los tribunales electorales. Esa era propuesta, hechura y proyecto del abogado Guillermo Ruiz Hernández, mejor conocido como “El Titi”. Ahí los procesos iban lentos, pero iban.
Aun cuando ya se habían perdido tres recursos, uno de la esposa del diputado Víctor Morán (el inicialista para el cambio a la Constitución el 8 de julio), otro del propio Jaime Bonilla y un tercero de los diputados locales, quedaba un recurso pendiente que presentó el gobernador electo para contravenir el dictamen del Instituto Estatal Electoral que dio origen a la constancia de mayoría que recibió y lo acreditó como gobernador electo para un periodo de dos años.
Ese recurso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo regresó al Tribunal Electoral de Baja California, y estaba en etapa de análisis cuando decidieron irse por la estrategia legislativa de Amador Rodríguez Lozano y acabar con las loas por el triunfo legítimo en las urnas.
A Bonilla Valdez le ha salido caro seguir la estrategia de Rodríguez Lozano, tanto que ha llegado a afectar a su amigo, Andrés Manuel López Obrador, quien con calzador y sin éxito, ha intentado públicamente deslindarse del tema sin afectar a su mecenas.
Seguramente no imaginaron la ola de rechazo que se alzaría en el ámbito nacional y por supuesto en el local. Ahora los diputados se esconden para no dar la cara y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien estuvo de acuerdo en el pacto que dio pie a la reforma, se niega a publicar la misma y arenga con la presentación de una controversia constitucional para meter reversa.
Al final, la estrategia legislativa de Amador Rodríguez Lozano salió mal. Ha llevado al propio Bonilla a suavizar su discurso no solo contra Vega, sino con la posibilidad que sean dos (como fue votado) años de gobierno y nada más.
De seguir en la lucha por validar la reforma legislativa de Baja California, incluso peligraría lo que ya estaba confirmado: que el Presidente de la República vendría a la toma de posesión de Jaime Bonilla Valdez, el primer gobernador de Morena en la entidad, pues con un acto tachado de antidemocrático como fue el cambio a la Constitución, se trastoca la ideología democrática y de respeto al voto que pregona el Ejecutivo nacional.
Por eso dicen que en ese contexto, Rodríguez Lozano se vuelve cada día más tóxico. Con su estrategia está logrando no solo unir a todos los partidos y sectores políticos, sociales y económicos de México en contra de la medida, sino quitarle el histórico triunfo a Bonilla, para sumirlo en una actitud antidemocrática por la que será más recordado que por ser el primer gobernador de la izquierda, que acabó con tres décadas de panismo en Baja California.
