La seguridad de tener un auditor superior que le cubra la espalda al gobernador y a los diputados de la XXII Legislatura, además de una promesa de impunidad, es lo que se puso sobre la mesa para aprobar la reforma constitucional del Artículo Octavo Transitorio, con lo que se modifica el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años. Para Joel Blas Pérez, representante del PRI ante el IEE y el abogado constitucionalista Daniel Solorio, el movimiento de los diputados no puede ser concebido sin la venia de Francisco Vega de Lamadrid, quien promete no publicar la reforma como un acto de contención, cuando en realidad es perjudicial para la acción de inconstitucionalidad que anunció el PAN, PRD, PBC y PRI. Empresarios, políticos a nivel nacional, consejeros del INE, todos expresaron su rechazo ante una atrevida reforma que -aseguran- “violentaría el Estado de Derecho”
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Baja California fue noticia nacional el lunes 8 de julio, por lo que mayormente se calificó como un acto inconstitucional. El sistema democrático mexicano fue violentado cuando diputados locales pasaron por encima del voto popular, incrementando el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años.
Pese a haber recibido y aceptado su acta de mayoría que lo acreditó como gobernador para un periodo de dos años, Jaime Bonilla Valdez, quien fue el candidato ganador de la elección del 2 de junio representando a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llevó su ambición política al Congreso local.
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Foto: Cristian Torres.- Manifestaciòn panista.
Poco más de un mes atrás, el propio presidente del Congreso del Estado, Benjamín Gómez, había denunciado públicamente que testaferros de Morena y empleados del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, habían ofrecido un millón de dólares a cada uno de los 25 diputados que componen la Legislatura bajacaliforniana para llevar el tema de la ampliación a la tribuna y aprobarlo.
Aquel 1 de junio de 2019, Macías dijo no haber aceptado, y responsabilizaba al Gobierno Federal de cualquier acción en su contra; 37 días después, cambió de opinión. Votó a favor de una reforma constitucional, junto con 20 diputados más, para darle al gobernador electo aquello por lo que lo denunció: una ampliación en el periodo de gobierno.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder moral de la izquierda mexicana fue más directo: “El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo”.
Hizo un llamado:
“Bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo y demandar a las autoridades, y al Congreso federal, sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de un mandato, así como la desaparición del Congreso local de Baja California. Aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”. La desaparición del Congreso no está contemplada en este marco legal.
Efectivamente, avalistas ven la intentona de Morena en Baja California, dado que un diputado de ese instituto político presentó la iniciativa de reforma que beneficia al gobernador electo emanado del partido, como un laboratorio para afectar la democracia en entidades federales y en el ámbito nacional.
Los diputados en el Congreso del Estado violaron la Ley al eludir su responsabilidad y no convocar al Estado, ayuntamientos y sociedad, a participar en esta propuesta de reforma a la Constitución, lo que hace posible que al no estar de acuerdo, los cabildos y el Estado puedan iniciar controversias constitucionales en contra de la decisión del Poder Legislativo.
La reforma se hizo simplemente en una sesión extraordinaria, con tratamiento especial y el voto de 21 diputados: nueve del PAN, cinco del PRI, tres de Morena; así como del Partido del Trabajo, Transformemos, Movimiento Ciudadano y PRD, con uno cada quien. De esta manera, el voto emitido por los electores de Baja California el domingo 2 de junio fue ignorado, violentado.
Tatiana Clouthier, diputada federal por Morena y quien fuera coordinadora de campaña de López Obrador en 2018, coincidió en redes sociales con la reflexión de Cuauhtémoc Cárdenas: “Nos sumamos al llamado al Congreso de Baja California a rectificar. El gobernador fue votado por dos años. No se puede más, muy claro”.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, también reflexionó: “La decisión de un Congreso local de ampliar una gubernatura de dos a cinco años después de la elección, vulnera la decisión de cada votante, revirtiendo el principio básico de nuestra democracia”.
El acto cometido en el Congreso de Baja California, dará origen a una serie de recursos de inconstitucionalidad que partidos políticos, organizaciones empresariales, ciudadanas, senadores y diputados federales, anunciaron se interpondrán en próximos días ante la SCJN, a la par que han iniciado procesos de expulsión de los diputados locales en los partidos PAN, PRI y PRD.
DISTRIBUIR FAVORES, UN PACTO DE IMPUNIDAD
Pero el agandalle de los diputados locales para beneficiar al gobernador electo emanado de Morena no fue gratuito, sino producto de lo que se asoma como un pacto entre el gobierno entrante y el saliente. Los legisladores cambiaron los cinco años por impunidad para ellos y el gobernador. En la ignominia política, todos los protagonistas políticos salieron ganando, menos la ciudadanía.
Bonilla sometió al Congreso: Jesús Ortega Martínez
En opinión del consejero y ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, “es aberrante que un individuo que es el gobernador electo (Jaime Bonilla Valdez), pueda someter a casi la totalidad del Congreso de Baja California para satisfacer sus egoístas pretensiones personales”, en aras de incrustarse en el poder estatal por un periodo ampliado a cinco años, tal como lo aprobó la XXII Legislatura local.
“Es un hecho inédito”, estimó el también ex senador de la República.
De acuerdo con Ortega, desde los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo como régimen político en el país, “no se veía un Congreso sometido”, el cual por lo visto ni siquiera responde a los intereses “del gobernador constitucional (Francisco Vega de Lamadrid)”, sino a la voluntad de quien habrá de sucederlo en el cargo.
“Cómo es posible que un individuo con mucho dinero como presume Bonilla que lo tiene, podría someter a casi la totalidad de los diputados y diputadas”, cuestionó el perredista, y observó: “Parecería que a través de sobornos o de chantajes”.
Según advirtió, en caso que el Poder Judicial no rechace la modificación a favor de la cual votaron 21 diputados (dadas las impugnaciones que están en proceso de preparación), en lo venidero pudiera verse como algo normal que en cualquier entidad el mandatario estatal “salga de compras, se apodere del Congreso y cambie la Constitución para eternizarse en la gubernatura”.
En este sentido sugirió que desde la cúpula del poder federal se lanzó una sonda a Baja California para ver si la población en la entidad no se rebela ante la pretensión de pasar por encima de una disposición legal (en este caso el Artículo Octavo Transitorio, relativo a que la gubernatura a partir de 2019 debe ser bianual) “y también están sondeando para ver si el pueblo de México no se indigna ante este agravio”.
En alusión a la iniciativa votada el 8 de julio en la sala de sesiones de BC, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en conferencia de prensa que por lo que respecta al Gobierno de México no hubo línea para que esa disposición se aprobara. A propósito, el entrevistado sostuvo que “ante pregunta expresa”, lo que AMLO hizo “fue lavarse las manos”.
Arguyó que Bonilla fue el candidato del tabasqueño, quien bajo esos términos “le dio poder para que decidiera sobre asuntos importantes en Morena”. Ortega deploró que el Presidente no pueda decirle al tijuanense “que está atentando contra la Constitución General de la República, aparte de que está atentando contra la Constitución del Estado de Baja California”.
A decir de quien ha fungido en tres ocasiones como diputado federal, “el pueblo de Baja California no puede ser omiso y mantenerse al margen de este atropello de este individuo que se presume gobernador electo”, ni ante “la vergüenza que están ocasionando” para el Estado los legisladores locales.
Finalmente, Ortega Martínez sugirió que aparte de las acciones de inconstitucionalidad que se puedan promover ante la decisión que tomó el Congreso de Baja California, se debe poner a consideración la posibilidad de “juicio político contra los diputados” involucrados en el proyecto de reforma. Eduardo Andrade Uribe
Al decidir el tema de los cinco años, los últimos en aceptar los acuerdos fueron los diputados panistas, pues sabían que por lo menos cinco de ellos eran necesarios para alcanzar la reforma constitucional que requiere dos terceras partes de la totalidad de los representantes populares.
Militantes blanquiazules que pidieron el anonimato, aseguraron que el voto de los panistas fue producto de un acto de corrupción, pagados en montos que mencionaron entre los 3.5 y 5 millones de pesos para aprobar la reforma. Además, impunidad.
La aprobación del proyecto en el Congreso del Estado para extender el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, fue noticia en medios nacionales y motivó comentarios y críticas por parte de figuras del ámbito público mexicano.
Minutos después de que el lunes 8 de julio se avalara en sesión extraordinaria la iniciativa para revertir el Artículo Octavo Transitorio, relativo al periodo bianual de gubernatura, las consignas iniciaron. Aquí algunas de las reacciones:
“Nuestro total rechazo a la ilegal modificación del texto constitucional de BC que pretende alargar el periodo por el que fue electo Jaime Bonilla, presentaremos acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y expulsaremos a los legisladores que se corrompieron con Morena”.- Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional.
“Lo que hizo Morena en el Congreso de Baja California es ilegal y corrupto. La elección para gobernador fue por dos años y no cinco años. De no corregirse, es un antecedente muy peligroso. Espero que el TEPJF le dé marcha atrás”.- Rubén Aguilar, ex vocero presidencial.
“El góber electo de BC, Jaime Bonilla, fue corrido del Beisbol de por vida por corromper peloteros y arreglar partidos. Ayer compró legisladores para ampliar su mandato por el que fue electo. Una aberración, pero ayer vimos a López Obrador amenazar jueces. No lo permitamos”.- Fernando Belaunzarán, político.
“Lo que hizo el Congreso de Baja California, al aprobar la ampliación del período del gobernador a cinco años en favor de Jaime Bonilla, es absolutamente anticonstitucional: los ciudadanos votaron por un gobernador de dos años. Es una agresión al sistema democrático”.- Margarita Zavala, ex primera dama de México.
“La decisión del Congreso de BC de extender el periodo de gobernador de dos a cinco años, bajo el argumento de evitar una carga a las finanzas públicas y al desarrollo económico del Estado, no solo es anticonstitucional, sino que aplasta la voluntad de la población bajacaliforniana”.- Claudia Ruiz Massieu, dirigente del Partido Revolucionario Institucional.
“Nos sumamos al llamado al Congreso de Baja California a rectificar. El góber fue votado por dos años…no se puede más, muy claro”. Tatiana Clouthier, diputada por Movimiento Regeneración Nacional.
“Me da vergüenza enterarme q bancada Panista de BC amplió el mandato del gobierno electo de @PartidoMorenaMx a 5 años. No alcanzo a entender ninguna justificación. Solo atino pensar en corrupción. Gran daño a la democracia nacional. El otrora sólido bastión Panista, ahora postrado”.- Gustavo Madero, senador panista.
“El Congreso de Baja California amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla. ¿Es ensayo presidencial o se brincó las trancas? Lo que sea, es inconstitucional. Ni Santa Anna o Porfirio Díaz ampliaron su periodo de gobierno mediante un decreto legislativo”.- Guadalupe Acosta Naranjo, perredista.
“Lo bueno es que con la llegada de Morena al poder se acabaría la corrupción. Este es el caso más nauseabundo de los últimos años en México. Y sí, fue un acuerdo con los impolutos diputados locales de Acción Nacional. La SCJN debe echar abajo esta enorme gandallez. Bonilla”. Javier Lozano, ex panista.
“En Movimiento Ciudadano ya hemos iniciado un proceso formal de expulsión del diputado que la avaló y también promoveremos una acción de inconstitucionalidad”.- Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.
“El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo”. Cuauhtémoc Cárdenas, político.
“Creo que Cárdenas tiene razón. Una decisión torpe e irresponsable la que tomó el Congreso de Baja California. Además, por decirlo suave, de dudosa legalidad”-. Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo.
“En Baja California el Congreso violenta el régimen democrático alargando el mandato de un gobernador electo que postuló Partido Morena. El Presidente López Obrador dice que no opina sobre la ilegal decisión que beneficia a un cercano amigo. ¿Así de firmes las convicciones?”.- Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Con un auditor a modo y una próxima legislatura de mayoría morenista, según un integrante del Comité Estatal del PAN, a los diputados que votaron a favor les garantizan no investigarles las cuentas, ni a familiares de los diputados ni al gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Fue el caso, explicó, de Iraís Vázquez, cuyo esposo fue recaudador de Rentas en Tijuana.
De acuerdo a lo dicho por este panista, los legisladores también solicitaron otro tipo de apoyos. Alfa Peñaloza pidió espacios para algunos allegados, incluidos familiares, y protección, luego que su nieto saliera de la administración municipal de Tijuana; Trinidad Vaca Chacón buscó acomodar a su hijo en el próximo gobierno; Benjamín Gómez Macías, del PRI, cubrió a Juan Valdés Moreno, actual aspirante a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y ex secretario técnico priista del Congreso.
Benjamín Gómez fue quien, en su calidad de presidente del Congreso, denunció el 1 de junio que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Alcalá, y el administrador de la Aduana en Mexicali, Alejandro Miramontes, le ofrecieron un millón de dólares por convocar a sesión de pleno, donde pretendían subir el tema de la ampliación de la gubernatura
Los nombramientos del auditor y los cuatro comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) también fueron considerados por los analistas como la confirmación de un pacto de impunidad a cambio de un acto de inconstitucionalidad.
Por un lado, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid colocó en la Auditoría Superior del Estado a un afín para protegerle las espaladas, y por el lado de Morena, Jaime Bonilla Valdez tendría lo que ha aspirado desde febrero, cuando una de sus seguidoras interpuso el primero de tres recursos para ampliar el mandato de gobierno de dos a cinco años, como sucedió en el Legislativo bajacaliforniano.
Ampliación de gubernatura fue responsabilidad del PRI y el PAN, “ellos están insistiendo”: Jaime Bonilla
Foto: Lourdes Loza Romero
La ampliación de la gubernatura de dos a cinco años en Baja California es un tema del que Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo, prefiere no hablar.
El tema, dice, lo deja en manos de sus abogados.
Mostrándose despreocupado por las reacciones locales y nacionales que ha generado la reforma a la Constitución local, aludió que no es un tema de caprichos, sino la consecuencia de la descomposición de cada uno de los partidos involucrados, especialmente el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
En entrevista para ZETA, Bonilla Valdez justificó el actuar de los 21 diputados que votaron para desechar el Octavo Transitorio del Dictamen 112, establecido en 2014, que dejaba la gubernatura de 2019 en dos años y realizaron una nueva reforma para que el plazo de este gobierno electo sea hasta 2024.
Indicó que los diputados son quienes representan a la población, aludiendo que fue una decisión tomada a partir de un análisis previo, desestimando que pudiera ser un acto anticonstitucional, pero siendo cauteloso en sus afirmaciones, acusó que es un tema en el cual no es un experto, por lo que prefirió dejarlo en manos de sus abogados, quienes le darán seguimiento.
Respecto a las declaraciones de sus compañeros de la coalición “Juntos Haremos Historia”, la diputada morenista Tatiana Clouthier Carrillo y el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quienes al igual que el fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, descalificaron el proceder del Congreso en Baja California al votar a favor de la ampliación, argumentó que ninguno de los tres actores políticos viven en la entidad, por lo que no le genera preocupación la opinión que puedan tener sobre la reforma del lunes 8 de julio por parte de diputados bajacalifornianos.
“Yo estoy en lo mío, estoy en la transición, ni si quiera lo tenía el tema -de la gubernatura de cinco años-, acabo de llegar anoche, pero es una cosa que tienen que decidir los legisladores y creo que ya la pensaron muy bien, y si no, pues si tienen que hacer correcciones, que las hagan, es tema de ellos, no es mío. Ellos son los que están insistiendo”, declaró el gobernador electo, quien en estos momentos también tiene ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California un juicio contra el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Congreso del Estado, para modificar la gubernatura que fue votada a dos años, acotando que es parte de la defensa de sus derechos políticos.
En este mismo tenor, fue claro al indicar que no se trata de un capricho como se le ha señalado después que se interpusieron varios recursos durante la campaña electoral para lograr la ampliación del mandato. Agregó que por ahora tiene cosas más importantes en que pensar.
Sobre las acusaciones hacia los diputados que votaron a favor de esta reforma porque fueron remunerados económicamente, invitó a que quienes tengan las pruebas de este hecho las presenten. Por otra parte, dijo que lo que se observó el lunes con la votación de militantes del PRI y el PAN, fue porque los líderes de estos partidos, no tienen control sobre su propia bancada.
“Es una vergüenza la institución del PAN en Baja California, ha destrozado nuestro Estado y se han destrozado a ellos mismos, al grado que ni siquiera se respetan entre ellos, es un partido desfundado igual que el PRI, esas son las consecuencias”, puntualizó Bonilla Valdez. Uriel Saucedo
NEGOCIARON POR CINCO DÍAS
Pese a los rechazos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en marzo, mayo y junio, por ampliar el periodo de dos a cinco años -incluso a seis-, el Congreso del Estado ignoró cualquier amenaza y cumplió al gobernador electo.
Desde el jueves 4 de julio comenzó la presión y la negociación por parte del diputado morenista Catalino Zavala, quien acudió al Congreso del Estado y comenzó a tocar las puertas de los diputados panistas previo a la sesión ordinaria a celebrarse ese día, donde desahogarían varias cuentas públicas de los años 2016 y 2017. Su papel, explicaron legisladores, no fue en calidad de un colega, sino como emisario del equipo de Jaime Bonilla Valdez. Cabildeaba para el cambio a la Constitución.
En el panismo se enteraron de la intentona y respondieron amagando a sus legisladores con la expulsión, lo que fue suficiente -en ese momento- para contener el “coqueteo” entre los diputados, sobre todo el de Carlos Torres Torres, quien se identificó como uno de los puentes de la negociación, dada su reciente relación sentimental con la alcaldesa electa de Mexicali, la representante de Morena, Marina del Pilar Ávila. Al final, los temas importantes de fiscalización quedaron fuera del orden del día y se desahogaron iniciativas y decretos de poca repercusión. No entraron a la reforma constitucional.
El 5 de julio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Raúl Castañeda Pomposo, citó a sus compañeros en el recinto legislativo con la intención de desahogar el nombramiento del auditor superior.
LA VOTACIÓN DEL “DÍA D”
Así llegaron al lunes 8 de julio, por la tarde, minutos antes de bajar de sus oficinas a las instalaciones del pleno, la diputada Victoria Bentley, Catalino Zavala y Víctor Manuel Morán, bajo el mandato de Amador Rodríguez Lozano (próximo secretario de Gobierno), quien vía telefónica monitoreaba y afianzaron los acuerdos ya sugeridos a sus compañeros; extraoficialmente mencionaron que algunos diputados solicitaron dinero, otros, impunidad.
Las puertas del Congreso se cerraron al público, los diputados descendieron y comenzaron la sesión. Avalaron rápidamente el orden del día, para después anunciar la votación secreta en torno a la gubernatura de cinco años.
Pese a que habían sido vistos en el pleno, los diputados Eva María Vásquez y Andrés de la Rosa,
no acudieron en un primer momento, mientras que Miguel Osuna Millán fue el único que se inconformó por la sesión y adelantó su rechazo a la pretensión de la mayoría.
El diputado de Morena Víctor Manuel Morán, fue invitado a exponer los motivos de la iniciativa de carácter urgente. Once páginas conformaban el proyecto que desahogó, primero desde su lugar, luego desde la tribuna, a petición del resto de sus compañeros.
Los nervios le impedían hablar con soltura y generaban un lenguaje atropellado; no estaba cómodo, le urgía concluir. Lo que para los presentes fue una lectura de minutos, para Morán parecían horas. Mientras sus compañeros mantenían la cabeza abajo o la distanciaban del público -salvo Raúl Castañeda y Carlos Torres Torres, pues el primero no temía dar la cara y el segundo sonreía y escribía en su celular-, sólo algunos compartían impresiones con su compañero adyacente. La tensión era generalizada.
Foto: Cristian Torres.- La farsa
Votaron 22 diputados y sólo hubo una abstención, la cual fue anunciada previamente por Osuna Millán. Con ello es posible establecer que los diputados panistas que votaron la reforma fueron:
* Raúl Castañeda Pomposo
* Iraís Vázquez
* Alfa Peñaloza
* Mónica Hernández
* Carlos Torres Torres
* José Félix Arango
* Sergio Tolento Hernández
* Ignacio García Dworak
* Trinidad Vaca Chacón.
Por parte del PRI:
* Alejandro Arregui
* Marco Antonio Corona Bolaños Cacho
* Patricia Ríos
* Benjamín Gómez Macías
* Bernardo Padilla.
Además, Rocío López Gorosave por el PRD; Job Montoya de Movimiento Ciudadano; Claudia Agatón del PT; José Antonio Casas, de Transformemos; y Catalino Zavala, Víctor Manuel Morán y Victoria Bentley, por Morena.
Al término de la sesión, militantes panistas encabezados por Carlos Aguirre, secretario del Comité Directivo Estatal y los regidores Héctor René Ibarra y Diego Echeverría, endurecieron su protesta afuera del recinto. Gritándoles “traidores”, “vendidos”, “sinvergüenzas”, los blanquiazules acosaron a sus todavía correligionarios, quienes debieron salir de edificio por accesos alternos.
Ex candidatos a la gubernatura hablan: pandillas y delincuencia organizada, el tema de los cinco años
Óscar Vega Marín (PAN), quien en la elección de mandatario estatal quedó en segundo lugar, planteó que “Jaime Bonilla y su pandilla pudieron haber esperado tres semanas ante la mayoría de Morena (en la siguiente Legislatura) para tomar esta decisión; lo hacen ahora para poderse lavar las manos de una decisión ilegal”.
El ex contendiente aprovechó para hacer un llamado a Carlos Montejo Oceguera, de manera “que no acepte el nombramiento que recibió como auditor superior del Estado” en la sesión en que se aprobó la prolongación del mandato del gobernador electo, “porque ese nombramiento (efectuado a propuesta del PAN) está tocado de corrupción, de un ambiente de duda respecto a las decisiones que se tomaron”.
Héctor Osuna Jaime (Movimiento Ciudadano) no descartó la posibilidad de que los diputados en cuestión hayan sido sobornados, pues “la forma (en que se llevó a cabo la votación), por cédula, hace pensar en que había un asunto de dinero de por medio”. Y observó: “Este es un tema de clara delincuencia organizada, donde más de dos personas hacen un contubernio para hacer fraude a la Ley, fraude al Estado y a los ciudadanos, a cambio de dinero de procedencia desconocida”.
Agregó que de confirmarse tal escenario, “más allá de expulsiones de partidos, debe levantarse una denuncia penal para establecer culpabilidades”.
Ignacio Anaya Barriguete (Partido de Baja California) expuso que la pretensión formal de extender la etapa gubernativa a beneficio de Jaime Bonilla, “viene a desenmascarar verdaderamente el atraso político en el que nos encontramos. Cuando ves una elección donde participan dos partidos fuertes, Morena y Acción Nacional, y pierde el segundo y los legisladores del segundo partido apoyan una reforma aberrante a la Constitución para facilitarle un mayor ejercicio del cargo a quien originalmente era su contrincante, en este caso, el candidato o ahora el gobernador electo de partido Morena, pues dices, cuál democracia; esto es una simulación”.
Enrique Acosta Fregoso (PRI) deploró que la totalidad de los diputados priistas emitieran su voto a favor de la propuesta legislativa, “ya sabíamos de Marco Antonio Bolaños, de Bernardo Padilla, pero teníamos reservas y siempre se había cuidado que Alejandro Arregui y Patricia Ríos siempre se mantuvieran en la institucionalidad del PRI; a ellos se les indicó desde un principio que el PRI no iba con esa circunstancia de ampliar la gubernatura a cinco años”, y “al final de su carrera, porque ahora sí terminaron su carrera política, deciden mejor, sacar su bono de marcha y votar (por la ampliación)”. Al igual que el presidente del Congreso, según el ex contendiente al Gobierno del Estado.
No fue posible la entrevista con Jaime Martínez Veloz (PRD), quien respecto al tema, recordó en sus redes sociales que el diputado Benjamín Gómez Macías denunció que lo habían tratado de sobornar con un millón de dólares para apoyar esa iniciativa, así que el ex candidato asumió que cada uno de los votantes, incluido el tecatense, sucumbió “a tan atractiva y corrupta oferta (relativa a la consabida cifra monetaria)”. Eduardo Andrade Uribe
DESIGNACIÓN DE AUDITOR, SEGUNDO PASO DE UN REPARTO IMPUNE
El nombramiento del auditor también se concretó el lunes 8 de julio, fue el segundo tema en votarse, pero el proceso inició desde la mañana. La Comisión de Fiscalización hizo entrevistas, dictaminó e incluyó el tema en las votaciones del día de una manera inusitadamente rápida, antes del pleno.
El jaloneo empezó una hora antes de comenzar con las entrevistas, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jorge Topete Calvario, Francisco Fiorentini y Edgardo “Chito” Silva, arremetieron contra el Congreso y acusaron de intentar una ilegalidad en el nombramiento del auditor superior, pues para ello debían participar por lo menos cuatro representantes de la Comisión Especial de Evaluación -nombrados por el SEA- que analizarían los perfiles; para ello necesitaban ser convocados y recibir previamente los expedientes de cada uno.
Fiorentini Cañedo adelantó que el próximo auditor ya estaba pactado y sería Carlos Montejo Oceguera, hijo del primer presidente municipal panista de Tijuana, Carlos Montejo Favela -quien trabajó en las administraciones de Ernesto Ruffo y Héctor Terán- en las áreas de Contraloría, además de ser director administrativo de la Auditoría Superior e incluso titular interino de la misma durante la actual gestión. Fiorentini lo ubicó como panista y gente allegada al gobernador del Estado.
Los tres acudieron al Congreso para entregar un documento sobre su rechazo a la intentona, pero fueron ignorados por diputados, quienes comenzaron las entrevistas alrededor de la una de la tarde. En un periodo de
cinco horas terminaron con las comparecencias, prepararon el dictamen y lo avalaron en la Comisión de Fiscalización como único punto, para luego presentarlo a la Junta de Coordinación Política e incluirlo en el Orden del Día. Fue plasmado en la convocatoria como el tema número dos.
Una vez concluida la votación de los cinco años, el diputado Andrés de la Rosa Anaya apareció en el pleno y se unió al resto para participar en el tema del auditor y los consejeros -Eva María permaneció afuera del recinto con un grupo de panistas-. En la segunda votación, Carlos Montejo Oceguera fue electo por 22 votos a favor para encabezar la Auditoría Superior por los próximos siete años.
Así llegó la tercera votación, la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP):
* Lucila Ariana Miranda, propuesta por Morena
* Jesús Alberto Sandoval, propuesto por el PAN
* Denisse Gómez, propuesta por el PRI.
Ellos permanecerán en el Instituto de Transparencia por cinco, cuatro y tres años, respectivamente. Como suplente fue nombrado José Rodolfo Muñoz.
Foto: Cristian Torres
AUDITOR “A MODO” Y VENIA DEL GOBERNADOR
El empresario Francisco Fiorentini Cañedo fue el primero en declarar que Carlos Montejo Oceguera sería electo por el Congreso del Estado como auditor superior. Vaticinando una negociación que beneficiaría al PAN, afirmó que no permitirían que ocurriera lo mismo que con la designación del magistrado Anticorrupción, Omar Curiel Villaseñor -impuesto por el priismo- y recurrirían al amparo en caso de designar auditor el día lunes, lo cual ocurrió.
Montejo Oceguera fue director Administrativo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, además de auditor superior interino. Cuando regresó a la titularidad Carlos Padilla Villavicencio, permaneció como funcionario del órgano dependiente del Congreso.
Fue electo de una lista en la que también se encontraban Carlos Enrique García Lazcano, Mario Alzate Cruz -el único que criticó abiertamente que no hubiera representantes ciudadanos en las entrevistas-, Miguel Ángel Jiménez Guzmán, Víctor Manuel Cortés Rodríguez, Ismael Arturo Osuna Rivera, Mario Beltrán Zárate, Mario Adolfo Jaime Jáuregui y David Gutiérrez García. De estos, solo Alzate y Jaime Jáuregui fueron definidos totalmente como ciudadanos, el resto tenía vínculos con el PRI y el PAN en mayor o menor medida.
Para el empresario Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali y el abogado Daniel Solorio, el sentido de los sufragios y los resultados de la sesión sugieren que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid participó en la negociación y respaldó a los diputados que realizaron esta reforma.
En el mismo sentido respondió el representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral, Joel Blas Ramos, quien aseguró que los diputados votaron en todo momento las iniciativas del gobernador, por lo que no puede entenderse esta decisión sin su venia.
Morena: dos, cinco o seis
En tan solo un año, el periodo de la próxima gubernatura de Baja California se ha modificado por breves periodos de tiempo, en cinco ocasiones. Todas originadas por integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, conformada por Morena, PT y Transformemos.
La primera inició con el recurso interpuesto por la abogada morenista Blanca Estela Favela el 23 de enero, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Baja California (TSJEBC), mismo que resolvió el 24 de febrero con un voto de 2 a 1 en favor de la parte recurrente, argumentando que era más viable una gubernatura de cinco años a una de dos años.
Prácticamente todos los partidos políticos impugnaron la sentencia y, el 27 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvió la gubernatura a dos años, afirmando que el recurso había sido interpuesto fuera de tiempo, además que el Tribunal local –cuyo proyecto fue realizado por el magistrado Leobardo Loaiza- excedió sus facultades al modificar un periodo de gobierno establecido por el Congreso del Estado, que es el único con facultades.
Apenas fue nombrado formalmente candidato a la gubernatura por parte de la coalición, Jaime Bonilla Valdez presentó un recurso de impugnación el 3 de abril ante el Instituto Estatal Electoral, con el argumento que una gubernatura de dos años violaba sus derechos político-electorales. Fue turnado nuevamente al TSJEBC, que de forma insospechada modificó su decisión y otorgó a Bonilla un periodo de seis años. El 29 de mayo, el Tribunal federal nuevamente dio palo a la sentencia de su homólogo local y devolvió el periodo a dos años.
Entonces, Bonilla Valdez impugnó nuevamente el periodo de la gubernatura, pero directamente ante el Tribunal federal, pero este lo devolvió a su homólogo local, donde permanece en análisis.
Y el 8 de julio, a propuesta de Morena con 21 votos a favor los diputados del Congreso local, reformaron el Octavo Transitorio constitucional para que la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, sea de cinco en lugar de dos años, como fue votada por el electorado el 2 de junio.
TRES MUNICIPIOS A FAVOR, DOS EN CONTRA
Como parte del proceso legal para validar el cambio a la Constitución que amplíe el período de gubernatura a cinco años, los cinco ayuntamientos deben votar respecto a la reforma y lo hicieron en un lapso de tres días. Los ayuntamientos de extracción priista de Ensenada y Tecate votaron a favor, así como el panista de Rosarito, mientras que los dos albiazules, Mexicali y Tijuana, lo hicieron en contra.
Salvado ese proceso, el jueves 18 de julio el tema será llevado una vez más al Congreso del Estado, donde los diputados avalarán la reforma a partir de emitir la declaratoria y turnarla al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y con ello entre en vigor.
Sin embargo, tanto Vega de Lamadrid como el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, adelantaron que no enviarían la reforma para su publicación. A partir que la declaratoria de validez llegue al Poder Ejecutivo, este cuenta con 15 días hábiles para publicarla y, de no hacerlo, desde el Congreso del Estado se puede iniciar un recurso para que el propio Legislativo sea la instancia que publique la reforma en el Diario Oficial.
Por los tiempos programados, esto correspondería a la siguiente Legislatura que tomará posesión el 1 de agosto, donde Morena cuenta con 17 diputados, lo que significa la mayoría absoluta.
“La resistencia del Poder Ejecutivo es irrelevante, toda vez que, según el Artículo 34 de la Constitución local, respaldado por el 112 y el Artículo 4BIS de la Ley del Diario Oficial del Estado, cuando se emita la declaratoria por el Congreso, se le otorgarán diez días al Poder Ejecutivo para publicarla y, en caso de no hacerlo, será el propio presidente del Congreso del Estado quien solicite su publicación”, expuso el priista Blas Ramos.
PLAZOS
A partir de su publicación, los interesados -en este caso los partidos políticos- tienen un plazo de 30 días naturales para interponer el recurso ante la SCJN, la cual determinará -con base a su calendario- el periodo que será sometido a su análisis. Abogados consultados establecieron que esto puede ocurrir entre 45 días y cuatro meses, dependiendo la urgencia.
Por la naturaleza del recurso y la necesidad de dar respuesta al mismo, el abogado Daniel Solorio considera que sería muy pronto. Tanto él como Pamela San Martín Ríos y Valles, del Instituto Nacional Electoral, confiaron en que se dé marcha
atrás antes que Jaime Bonilla Valdez tome posesión, pero afirmaron que si esto ocurre después del 1 de noviembre, sería decisión de la SCJN establecer si es un acto irreparable o si da marcha atrás.
LAS RAZONES DE MORÁN PARA REFORMAR
El diputado promovente, Víctor Manuel Morán, no expuso argumentos legales para sustentar la iniciativa, el único sustento leído en la exposición de motivos fue la crisis financiera que enfrenta el Poder Ejecutivo y la urgencia de ahorrar el mayor recurso posible. La lógica del de Morena que fue apoyada por 20 diputados, es que si Jaime Bonilla se queda tres años más, en 2021 se “ahorrarán” el gasto de la elección a gobernador.
Sin embargo, en 2021 sí habrá elecciones, pues los periodos de alcaldes y diputados no fueron reformados, por lo que se respeta el mandato popular de que estos durarán en el cargo únicamente dos años. De esta forma, Baja California tendría elecciones en 2021 y 2024.
Momentos después de la votación, el legislador morenista conversó con representantes de los medios de comunicación, asegurando se trataba de un clamor popular y que su iniciativa se basó en un reclamo de diversos sectores sociales, pues una gubernatura de dos años no alcanzaría para nada, y representaría un gasto sustancial. Al preguntarle por los ahorros que esta medida generaría, señaló no tener los datos, pero justificó que en redes sociales podía palparse la simpatía de la sociedad por ampliar el periodo de la gubernatura.
Foto: Cristian Torres.- Llamadas en el pleno.
Ante la insistencia del reportero de ZETA, aseveró:
“Habrá una reducción en ese caso, no la he valorado todavía, eso va a corresponder a que lo valore la gente, esa es la iniciativa, la hice para beneficio de toda la entidad, es un beneficio. Habrá elecciones para presidente municipal y diputados, pero no en la misma cantidad, ponle que sea de los 600 mil (quiso decir millones) que fueran, unos 200 millones”.
Sobre los motivos de la votación por cédula, indicó que así podría emitirse una votación libre, sin presiones de ningún tipo. En el mismo sentido, negó que hubiera una negociación con las otras fuerzas políticas, sino que cada quien recapacitó su voto por encima de partidos.
Agregó que todos los organismos ciudadanos pueden opinar lo que deseen y que todo se decidirá en la SCJN, pero adelantó que permanecerá sólida, debido a que está bien sustentada.
Entrevistada vía telefónica por ZETA, Pamela San Martín Ríos, consejera del Instituto Nacional Electoral, aseguró que no se puede poner un tema de recursos por encima del derecho de los ciudadanos, los cuales ya emitieron su sufragio y que la Ley establece que toda reforma de esta naturaleza debe realizarse para el próximo proceso electoral, no el anterior.
“El argumento de ahorro no es una razón para suprimir un derecho, la renovación de los poderes en México se da a través del voto, libre y secreto, y es a través de los procesos electorales”, agregó.
A FAVOR
Los partidos políticos no deben ofenderse ni intervenir en la vida al interior de un Congreso local, según comentó el súper delegado federal de Bienestar, Alejandro Ruiz Uribe, quien respaldó la decisión de ampliar la gubernatura.
A título personal, señaló que ningún partido debe mostrar una intervención de esta naturaleza en las decisiones del Congreso, y descartó que él haya intervenido de alguna forma -a través de sobornos- en el Poder Legislativo.
“Eso es tan de locura, que por ahí circuló un video que yo estaba involucrado en ese tema, yo al presidente del Congreso no lo reconozco, si es güero, moreno. Es más, reto a que cualquiera de ustedes saque una foto con él; no le puedo dar credibilidad a este tipo de cuestiones”, planteó el funcionario federal.
Por su parte, la ex diputada federal y local por el PRI convertida al morenismo, Nancy Sánchez Arredondo, arremetió contra el PAN al asegurar que un mandato de dos años fue operado por ellos con una “acción corrosiva que manipuló al Congreso”.
Agregó que en ningún momento se rompe el esquema del empate de las elecciones, lo cual es el fin superior, y prácticamente laureó a Bonilla con la frase “Esta de cinco, vale diez. Es por Baja California”.
LOS RECURSOS EN CONTRARIO
Líderes morales y políticos, consejeros electorales, a nivel nacional y local, condenaron lo que consideraron una violación al Estado de Derecho. Los presidentes nacional y local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther y Ernesto Elorduy Blackaller, respectivamente, mostraron su rechazo a la decisión del Poder Legislativo.
Para los abogados Daniel Solorio y Joel Blas Ramos, representante del PRI ante el IEE, un movimiento de esta naturaleza no podía hacerse sin la venia del gobernador del Estado, cuyo titular, mientras se llevaba a cabo la reforma, presumía en un boletín de prensa una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos consideran -al igual que el presidente de Coparmex Mexicali- que Vega de Lamadrid estuvo involucrado.
Por su parte, algunos allegados a Jaime Bonilla Valdez lo respaldaron, mientras que el Presidente de la República aseguró que no intervendría en la política interior de una entidad.
Al cierre de esta edición, jueves 11 de julio, cuatro partidos políticos se sumaron a la inconformidad generada por la reforma constitucional al Artículo Octavo Transitorio que modifica el periodo de la gubernatura en Baja California.
El más enérgico fue el PAN, cuyo dirigente local José Luis Ovando y el nacional, Marko Cortés, anunciaron la expulsión de los nueve diputados “traidores”, además de la judicialización del proceso a través de una acción de inconstitucionalidad.
A la inconformidad se sumaron el PRI, que como vocero tuvo al representante de su partido ante el IEE, Joel Blas Ramos; el PRD, cuyo anuncio corrió por cuenta de su dirigente Abraham Correa; y el Partido de Baja California, que según el diputado Jorge Eugenio Núñez, el tema está siendo evaluado en el seno del partido.
Movimiento Ciudadano se ha limitado a informar que abriría un proceso interno contra Job Montoya Gaxiola, diputado que avaló la reforma, pero este renunció al día siguiente de la sesión.
Quien también se dijo molesto por el proceso es el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, el cual anunció que buscaría algún recurso legal para combatirla, pero no cuenta con personalidad jurídica.
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Según el Artículo 105 de la Constitución federal, solo cuatro entes están facultados para interponerla: el Presidente de la República, a través de su consejería jurídica; el 33 por ciento del Congreso local o federal que corresponda; los partidos políticos y la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, cuando sea un evidente acto de violación a los mismos, tal y como según Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera del INE, esto ha ocurrido.
San Martín Ríos y Valles dijo no poder asegurar que de tomar posesión Jaime Bonilla Valdez con la reforma vigente, esta pudiera revertirse, toda vez que sería analizado en el seno de la SCJN. Sin embargo, aseguró que sería desastroso para la sociedad bajacaliforniana que no se respetara la decisión popular que eligió un gobernador por dos años.
SCJN Y EL CASO VERACRUZ
De 2006 a la fecha se lograron identificar tres incidentes -además del de Baja California- donde
Partidos políticos y Coparmex interpondrán recursos para impugnar ampliación de gubernatura
Uno de los impugnantes a la reforma que amplía el mandato de dos a cinco años para la próxima gubernatura en Baja California, será el Partido Acción Nacional (PAN). Presentarán tres recursos distintos: un acto de inconstitucionalidad, una controversia constitucional por parte de los ayuntamientos y algunos amparos colectivos, según lo informado por el presidente del Comité Directivo Estatal en Baja California, José Luís Ovando Patrón.
Informó que esta semana se presentará la controversia constitucional por parte de los municipios y el acto de inconstitucionalidad, los cuales se entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que existen antecedentes que han logrado ser revocados.
Las expresiones del PRI se dieron a nivel nacional. La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu, reprobó la votación de los 21 diputados en Baja California en favor de ampliar el mandato del gobierno entrante, por lo que, dijo, acudirán a los tribunales para defender el Estado de Derecho de los ciudadanos afectados.
Mientras que el PRD, a través de su dirigente nacional, Ángel Ávila, informó que interpondrán una acción de inconstitucionalidad por la flagrante violación a la Constitución y a la Ley por parte del Congreso de Baja California y de algunos de los cabildos que han avalado este hecho.
“Tengo toda la confianza de que la Suprema Corte de Justicia, les dará la razón a los partidos políticos y sobre todo a la ciudadanía que no voto por una gubernatura de cinco años”, agregando que presentarán esta controversia una vez que sea promulgada.
Del Partido de Baja California, el presidente estatal Mario Favela Díaz compartió que su equipo de abogados ya se encuentra trabajando en un recurso de anticonstitucional para combatir la reforma del Congreso local. En su caso, se mantendrán a reserva de que esta reforma sea publicada el Periódico Oficial del Estado, ya que es lo que su equipo les ha recomendado, mostrando su sorpresa ante la rapidez en que tres de los cinco municipios aprobaron esta reforma para la ampliación.
En el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana, su titular en Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, explicó que la reforma aprobada contraviene el Estado de Derecho de los bajacalifornianos, por lo que interpondrán un juicio de amparo tanto en Tijuana, Ensenada y Mexicali, buscando integrar a todos sus miembros y a la sociedad civil.
Expuso que la iniciativa votada tenía inconsistencias de forma y fondo, dejando a un lado la importancia de un dictamen y un análisis que indique si es una reforma viable, en cambio se votó sin tomar en cuenta este tipo de cuestiones. Uriel Saucedo (con información de Eduardo Andrade Uribe)
congresos locales intentaron ampliar el periodo de un gobierno, ya sea estatal, municipal, e incluso de los propios legisladores
Los tres escenarios que tuvieron un rechazo unánime por parte de la SCJN, cuyas sentencias han priorizado el principio de certeza, además del derecho de los ciudadanos a elegir por quién será gobernador y por cuánto tiempo. Sin embargo, ninguno de estos ocurrió entre el día de la elección y la toma de protesta.
El caso más significativo fue la acción de inconstitucionalidad con número 13/2015 interpuesta por Movimiento Ciudadano en Veracruz, que pretendía dar marcha atrás a una reforma emprendida por el ex gobernador priista –hoy preso- Javier Duarte, la cual fue avalada por el Congreso local, donde se ordenaba que la próxima administración fuera de dos años, con el objetivo de empatar las elecciones con las presidenciales en 2018.
Movimiento Ciudadano recurrió a la SCJN argumentando que la gubernatura por dos años “contraviene el sistema de planeación democrática del Estado, pues no permite acción pública del Poder Ejecutivo, impactando en la planeación, programación y ejecución de los programas de desarrollo regional, prestación de servicios, así como la correcta capacitación, formación y resultados de los servidores públicos”, según consta en una solicitud de la SCJN al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que esta brinde su opinión técnica.
El encargado del proyecto fue el ministro José Fernando Franco González Salas, el cual consideró parcialmente procedente, pero infundada la acción de inconstitucionalidad, toda vez que el Congreso actuó conforme a una disposición establecida en la Constitución federal. La reforma electoral de 2014 instruyó a los congresos locales para que definieran los periodos de gobierno, a fin de homologar los comicios en todo el país con los procesos federales.
Además, los gobiernos locales tienen derecho a definir de qué manera modificar los periodos para su homologación con los procesos electorales federales, y ponderaron que los ciudadanos deben tener certeza del periodo por el que elegirán a sus respectivos funcionarios.
Referente al tema financiero, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -hoy presidente de la SCJN- se pronunció de acuerdo con el proyecto, apartándose de la afirmación alusiva a que los costos y la afectación al gasto público que genera una elección adicional constituyen cuestiones hipotéticas que no se pueden analizar en una acción abstracta, pues podría realizarse un análisis de razonabilidad.
Luego de definir algunos detalles de forma, no así de fondo, los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea con matices, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y el presidente Aguilar Morales aprobaron por unanimidad –once votos- el proyecto.
Sin embargo, cuatro de los ministros que respaldaron esta votación ya no forman parte del pleno, pues Olga Sánchez Cordero –hoy secretaria de Gobernación- fue sustituida por Norma Lucía Piña Hernández, mientras que Juan Silva Meza fue cubierto por Javier Laynez Potisek; ambos cambios ocurrieron en 2015.
En 2018 y 2019, ya durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, se eligió a dos nuevos miembros del máximo circuito jurisdiccional, donde se erigieron Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos.
El primero fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno, y la segunda es esposa de José María Rioboó, por lo que se consideran cercanos al Presidente de la República.
