El holding Odebrecht SA, núcleo del conglomerado que se extiende desde la construcción hasta el petróleo y gas, se declarará en quiebra en Brasil este lunes, en medio de la creciente presión de los acreedores, según le dijeron al medio estadounidense Bloomberg, dos personas con conocimiento directo del asunto.
Según el mismo medio especializado en negocios y finanzas, la empresa busca proteger 20 mil 500 millones de dólares de deuda, garantías y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores, que incluye a bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros, dijeron las fuentes.
Según Bloomberg, ésta sería la quiebra corporativa más grande de Brasil y América Latina, por encima de los 19 mil millones de dólares de deuda que la compañía de telecomunicaciones Oi SA tenía en 2016.
El holding privado, que pretendía reestructurar cerca de mil 300 millones de dólares de su propia deuda, pero se vio afectado por tensiones a principios de junio cuando la unidad de etanol del grupo solicitó protección por bancarrota y las conversaciones con LyondellBasell Industries NV sobre la unidad petroquímica Braskem SA colapsaron.
Bloomberg recordó que el conglomerado intentaba recuperarse de las consecuencias de la investigación por corrupción Lava Jato en Brasil, cuyas indagatorias comenzaron en 2014, detuvieron la industria de la construcción, ya que se cortó el acceso a los proyectos gubernamentales y se encarceló a los ejecutivos.
Odebrecht pagó millones en multas en otros países latinoamericanos y su cartera de nuevos proyectos ha disminuido, lo que se suma a la crisis de efectivo.
Los bonos emitidos por Odebrecht se han negociado durante mucho tiempo en niveles difíciles, y las notas perpetuas se cotizan ahora a 6 centavos por dólar, señaló el medio.
En México, los sobornos de Odebrecht para fines políticos electorales, son algunas de las principales acusaciones contra Emilio Lozoya Austin, ex director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendientes de judicializar.
Asimismo, cuatro empresas que han ganado contratos de Pemex, fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para trabajar con cualquier dependencia gubernamental en los próximos dos años y medio, por presuntos actos de corrupción.
La SFP inhabilitó, también, a la empresa brasileña, por un presunto cobro indebido por 2.5 millones de pesos por trabajos realizados en la refinería de Tula, Hidalgo.
En cuatro circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 6 de junio, la dependencia informó a las entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas productivas del Estado del impedimento a partir de este jueves para contratar a Construcciones Industriales Tapia, Global Offshore México, Technip de México y su subsidiaria Technip Stone & Webster Process Technology.
Por otra parte, el pasado 23 de mayo, la constructora Norberto Odebrecht denunció ante la SFP a dos ex funcionarios de Pemex por presuntamente prefabricar un documento que fue utilizado para inhabilitar a la empresa brasileña por cuatro años y demandarla por mil 200 millones de pesos.
Los ex funcionarios son Jorge Eduardo Kim Villatoro, ex director Jurídico de Pemex, y Martha Elvia Rodríguez Violante, ex titular de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, contra quienes Odebrecht pide iniciar una investigación y sancionarlos por la vía administrativa.
Según la denuncia, tanto la inhabilitación de 4 años como la demanda civil de Pemex contra Odebrecht se basa en un dictamen contable del 21 de agosto de 2017 aparentemente encargado por la empresa productiva del Estado al despacho Enrique Estrella y Asociados S.C.
El dictamen concluye que Odebrecht recibió un pago en exceso de 119 millones 718 mil 663 pesos por concepto de costos indirectos en el contrato para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Con base en ese documento, el 1 de octubre de 2018 Rodrigo Loustanau Martínez, gerente jurídico de Derecho Privado de Pemex, presentó una demanda civil contra Odebrecht por el monto de dicho pago indebido.
Según la empresa brasileña, Pemex contrató al despacho contable el 16 de agosto de 2017, sin embargo, en las respuestas que dio a solicitudes de información de la propia constructora Pemex desconoció ese documento.
En una de las solicitudes de información, que el diario Reforma reportó, la SFP reconoció que la Unidad de Responsabilidades de Pemex, entonces a cargo de Rodríguez Violante, sí requirió el dictamen, pero no contaba con facultades legales para la licitación, adjudicación o contratación de un servicio de estos con un despacho contable.
Por la misma vía, Odebrecht también pidió a Pemex Transformación Industrial aclarar la adjudicación del contrato, pero la respuesta fue que en esa área específica era inexistente un contrato para dicho dictamen que consta de 3 mil 610 hojas.
Odebrecht apunta que Kim Villatoro y Rodríguez Violante habrían violado cinco artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos relacionados con el abuso de funciones al ejercer atribuciones que no tenían conferidas o incluso haberse valido de las que tenían para realizar o inducir actos arbitrarios.
Además, Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la constructora brasileña presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja contra tres magistrados de un tribunal colegiado por presuntamente desechar en forma ilícita los recursos contra las inhabilitaciones administrativas.
Pablo Domínguez Peregrina, María Elena Rosas López y Marco Antonio Bello Sánchez, adscritos al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, son los magistrados denunciados por denegación de justicia.
En particular, la constructora reclama la resolución que tomaron el pasado 6 de marzo, cuando desecharon el amparo en revisión que la firma brasileña promovió contra la inhabilitación de dos años que les impuso la Secretaría de la Función Pública.
“No queda duda alguna de que la sentencia analizada, hecho generador de la presente queja administrativa, se trata de una simulación. La materialización de la denegación de justicia formalizada en sentencia. Una maquinación jurídica con fachada de legalidad que conllevó a la ausencia total de estudio de la controversia planteada”, señaló la empresa
La queja presentada el pasado 21 de mayo,cuestiona a los tres magistrados por desechar el amparo sin considerar a la propia ley en la materia.
Uno de los argumentos de la sentencia del colegiado es que Odebrecht debió agotar todos los recursos legales para impugnar la inhabilitación y, en ese orden, primero debió recurrir al juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después al amparo.
En este caso, la SFP emitió su fallo de inhabilitación el 7 de febrero de 2018 y la empresa brasileña no presentó el juicio de nulidad, sino que recurrió al amparo el día 28 del mismo mes y año.
Odebrecht alega en su denuncia contra los magistrados que la propia Ley de Amparo y criterios de la Corte han establecido que no existe la obligación de agotar todos los recursos cuando se trata de impugnar la inconstitucionalidad de una norma, como ocurre en este caso.
