Según sus consejeros, la paramunicipal vive del cobro de cartera vencida y los certificados de no adeudo. Pese a ya no ejecutar obra, gerente percibe entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales
Con más de 4 millones de metros cuadrados pavimentados en su historia e inversión hasta por 150 millones de pesos anuales, el Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME) ha sido desmantelado, no ejecuta obra, se mantiene del cobro de cartera vencida y los certificados de no adeudo, pero paga entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales a su gerente, Francisco Cota.
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Lo que una vez fue un exitoso modelo de obra por cooperación, con la participación de vecinos y gobierno, inclusive replicado en ciudades y estados como Tijuana, Mexicali, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, actualmente no tiene capacidad operativa.
La situación financiera de la paramunicipal, que hasta el último cuatrimestre de 2017 presentaba adeudos por 6 millones de pesos y un déficit de 7.5 millones de pesos, obligó a vender un terreno y planta concretera de su propiedad en 2018.
De acuerdo con ex empleados y consejeros de la paramunicipal, el terreno estaba valuado en mínimo 18 millones de pesos, sin embargo, fue vendido por 12 millones de pesos a un árabe que posee una maquiladora a un lado, ya que fue la única oferta y se hizo en efectivo.
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El CUME también se deshizo de tractores, silos, dos trascabos, una retroexcavadora, seis ollas mezcladoras, talleres y oficinas móviles. La venta fue aprobada por integrantes del Consejo precisamente para pagar pasivos y deudas, pero otra parte se utilizó para financiar los gastos operativos de obras que correspondían al Ayuntamiento y por las cuales la paramunicipal no obtuvo un solo peso, según denunciaron consejeros.
De acuerdo con al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCPE), la ciudad crece 180 mil metros cuadrados de vialidades anualmente, pero solo se pavimentan 50 mil metros cuadrados.
Según el propio PDUCPE, en la ciudad existe una superficie total de calles por el orden de los 13 millones 698 mil 689 metros cuadrados, de los cuales 9 millones 308 mil 459 cuentan con pavimento y 4 millones 390 mil 230 metros cuadrados no lo tienen.
Con las calles destrozadas y la necesidad de pavimentar esos 4 millones 390 mil metros cuadrados más lo nuevo, el CUME optó por deshacerse de su patrimonio.
ZETA solicitó a Comunicación Social una entrevista con el gerente general del CUME, Francisco Cota, pero no hubo respuesta y, de igual manera, con la coordinadora de la Comisión de Obras en el Cabildo, pero fue reprogramada por el paro de burócratas registrado el miércoles 22 de mayo.
CON HIRATA SE VINO ABAJO, NOVELO LE DIO LA PUNTILLA
Todo empezó cuando el Ayuntamiento dejó de darle obras que se podían hacer por cooperación, las quiso hacer a fondo perdido, sin tener la estructura. Al no darle obra le dejaron un hueco y no alcanzaba para el gasto corriente.
Acorde con los consejeros -bajo la condición de anonimato debido al proceso electoral en marcha-, el descuido del CUME comenzó en el trienio de Enrique Pelayo; sin embargo, “tuvimos un buen gerente con Ricardo Fletes, ahí la llevó, pero llegó Hirata y se acabó, llegó Novelo y peor”, opinó uno de los consejeros.
“Al presidente municipal Marco Novelo le hemos pedido una reunión con el Consejo, pero no nos da la cara”, acusaron.
En 2018, insistieron, se llegó al grado de no pagar aguinaldos al personal ni finiquitos a quienes fueron despedidos, tampoco se pagó Infonavit ni IMSS.
De ahí que algunos consejeros han sugerido al presidente de la paramunicipal, arquitecto Mario Cabrera -quien también se desempeña como coordinador general de Seguimiento Gubernamental-, cerrar las oficinas ubicadas sobre la calle Sexta, entre Ruiz y Obregón, para reubicarlas en Palacio Municipal para no pagar servicios.
Otro asunto que cuestionaron los consejeros, es el perfil del gerente Francisco Cota, abogado de profesión, en un puesto que requiere ser cubierto por un ingeniero o un administrador.
Pese a la crisis que enfrenta la paramunicipal, el Consejo no sesiona desde enero y, en abril, apenas fue entregada el acta de asamblea del primer mes del año. “Si no tienen nada que hacer y no pueden redactar un acta de enero, estamos jodidos”, sentenció uno de los consejeros.
SE PAGARON GASTOS DE OBRAS QUE NO LE CORRESPONDÍAN
El terreno y la planta concretera se vendieron para pagar pasivos, porque era un bien y se vendió la idea al consejo que ya no era operativa, además, se tenía una oferta en efectivo.
La idea se llevó a los consejeros y se aceptó, con el compromiso verbal que el Ayuntamiento le iba a dar obras como antes, pero no fue así. Al no recibir obras, Jesús Soaje renunció como presidente.
Con el recurso obtenido, cuya cantidad se mantiene en la opacidad -se calcula entre 18 y poco más de 20 millones-, se pagó parte de los adeudos que correspondían entre catorce y quince semanas de sueldo a los empleados.
Pero no se pudo continuar con la esencia del CUME porque lo pusieron a hacer obras del Ayuntamiento sin darle cuando menos los gastos de operación, el dinero obtenido por la venta del terreno y la planta financió los gastos operativos de obras que le correspondían al Ayuntamiento; esa fue la inconformidad en su momento, indicaron.
“Si el CUME no tenía ingresos y estábamos haciendo obra que no nos correspondía, gastamos en administración con dinero del CUME, dinero que debió haber pagado el Ayuntamiento”, afirmaron los entrevistados.
De acuerdo con la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, los consejos de Urbanización se integran por una persona designada por el alcalde, quien tendrá el carácter de presidente del Consejo.
Participan el oficial mayor del gobierno estatal, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Planeación y Finanzas, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, el titular de Obras Públicas del Ayuntamiento, el director de la Junta de Urbanización o quien designe.
También participan representantes de los siguientes organismos que operen en el municipio: Inmobiliaria del Estado; entidades de la administración pública estatal que tengan por objeto realizar obras de urbanización en los términos de la Ley y que guarden relación con la acción de urbanización que se vaya a realizar; Instituto de Vivienda en el Estado de Baja California; Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos; Cámara Nacional de la Industria de Transformación; Centro Empresarial; Colegios de Ingenieros y Arquitectos; Centro Bancario; Colegio de Abogados; Colegio de Contadores Públicos; Colegio de Licenciados en Administración de Empresas; Unión de Propietarios de Bienes Raíces o la Junta General de Vecinos constituida ante la autoridad municipal.
De igual manera, la Unión de Contribuyentes y Asesorías de Servicios Públicos; cada una de las tres organizaciones obreras mayoritarias a juicio de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado, y de cada una de las tres organizaciones campesinas mayoritarias.
Los consejos de urbanización municipal tienen las siguientes atribuciones:
- Realizar estudios sobre la conveniencia, necesidad, viabilidad, costo, financiamiento y demás pormenores respecto a la ejecución de obras de urbanización, sometiendo los proyectos correspondientes a la consideración de las autoridades para la aprobación en su caso
- Ejecutar directamente o mediante contrato, las obras de urbanización una vez aprobadas por las autoridades
III. Promover el interés de los sectores, cuya cooperación sea necesaria para realizar las obras de urbanización
- Gestionar la ayuda de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de instituciones privadas, organismos descentralizados y personas físicas, en todo lo que implique mejoría en la urbanización del municipio
- Formular las bases, expedir las convocatorias y adoptar las decisiones relativas al concurso para la contratación de obras y servicios en el municipio que vayan a ser realizados bajo el sistema de cooperación, conforme a la Ley de Obra Pública correspondiente
- Formular proyectos de financiamiento de las obras a realizar y las bases de los empréstitos y contratos relativos. Los consejos podrán contratar directamente los financiamientos y suscribir los títulos de crédito y demás documentos necesarios para la realización de las obras, así como dar en fideicomiso o constituir en garantía las cuotas de cooperación
VII. Suscribir los contratos para la realización de las obras, fijando las garantías que deban otorgar los contratistas y supervisar la ejecución de las mismas
VIII. Deducir las acciones sobre responsabilidades derivadas de los contratos que celebren
- Efectuar por sí o con el auxilio de las autoridades hacendarias, estatales o municipales, la recaudación, guarda e inversión de los fondos destinados a obras de urbanización
- Realizar directamente la ejecución de obras cuando el monto y magnitud de las mismas no justifique su contratación con terceros
- Formular su Reglamento Interior
XII. Cobrar el costo de las obras
XIII. En general, ejecutar los actos necesarios para el mejor cumplimiento de sus
fines.
