La resolución del Tribunal de Justicia Electoral en Baja California (TJEBC) al ampliar la gubernatura a seis años, tomó por sorpresa a varios actores políticos, entre ellos a los dirigentes del PAN, quienes cuestionaron la decisión de los magistrados al haber cambiado el plazo que desde un principio se había establecido en dos años, así mismo informaron que impugnarían dicha resolución.
A través de un comunicado, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, José Luís Ovando Patrón, denunció que, “Los magistrados Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, han pasado de ser cómplices de Bonilla, a ser bufones serviles de un candidato que va a perder la elección, legislando para darle plazos a modo, sin importarles incurrir en un desacato a las sentencias de la Sala Superior”.
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En el escrito se agregó que, el PAN interpondrá un recurso de impugnación para que se revierta esta sentencia, según la reforma que se había hecho en 2014, e indicó que buscarán la manera de que los magistrados se logren sancionar.
Por su parte, la dirigente del PRI en Tijuana, Edna Pérez Corona, destacó que el proceso electoral fue convocado para dos años, y no para seis, por lo que, opinó que el candidato que buscó la ampliación de la gubernatura tenía conocimiento de esta situación, ya que todos los candidatos se registraron por dos años.
“Es a menos de un mes de distancia de las elecciones, estamos a escasas tres semanas y que se cambien las reglas en un proceso electoral, no habla bien de ninguna de las autoridades”, puntualizó Pérez Corona.
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Uno de los candidatos que expresaron su malestar fue Ignacio Anaya Barriguete, candidato a la gubernatura por el Partido de Baja California (PBC), quien lamentó que el tribunal trabaje para cumplir el capricho del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”.
“Le están concediendo su caprichito de que sea una gubernatura de seis años, rompiendo con el orden constitucional dentro del proceso electoral, lo cual es verdaderamente preocupante”, además, manifestó estar en contra de que en medio del proceso electoral se dicten nuevas reglas y se modifiquen disposiciones que pueden afectar la expectativa para ocupar un cargo público.
