La designación de Omar José Curiel Villaseñor como magistrado anticorrupción recarga todo un sistema en una base frágil, o por lo menos eso consideran integrantes del Comité de Evaluación, quienes anunciaron que impugnarán su designación ante el Congreso del Estado. Francisco Fiorentini Cañedo, integrante del Comité, señaló que Curiel Villaseñor podría haber falseado información de su residencia, además de no declarar el conflicto de interés que tiene con algunos diputados del PRI, lo que a su juicio, podría ser suficiente para impugnar la designación
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Cuando Omar José Curiel Villaseñor salió del pleno del Congreso del Estado como primer magistrado anticorrupción, la tarde del jueves 9 de mayo, ZETA cuestionó si tenía apoyo de algún grupo político, a lo que respondió lo siguiente:
Votación en urna
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“Realmente no. Mis capacidades se han visto materializadas y específicas a lo largo de mi trayectoria; no he participado con ningún partido político de manera activa o aleatoria. Entonces llegamos con toda transparencia y sin ninguna presión de ningún tipo social o público administrativo”.
Curiel Villaseñor aseveró que el tema de la corrupción es delicado para los ciudadanos, y presumió que la sala de la que se hará cargo, tendrá total autonomía. Sin embargo, reconoció no saber la magnitud de la carga de trabajo que realizará, pues es un mecanismo totalmente nuevo.
Ese día, en la sala de sesiones Benito Juárez García, se encontraba Francisco Fiorentini, miembro del Comité de Evaluación. Sentado, veía cómo se llevaba a cabo la designación. Una vez que se definió la votación, el empresario se retiró del lugar tratando de pasar desapercibido.
El escenario se vislumbra distinto una semana después, sobre todo porque integrantes del comité evaluador encargado de calificar la terna enviada al Congreso del Estado, se manifestó inconforme por su designación.
De entrada refirieron una presunta relación de amistad -muy cercana- entre los diputados Bernardo Padilla y Alejandro Arregui, con Omar José Curiel, la cual no se hizo de conocimiento del comité evaluador, por lo que consideran que el sentido de la votación de estos legisladores representaría un conflicto de interés. Además, señalaron que previo a su designación, laboraba en Ciudad de México, por lo cual Curiel incurrió en falsedad respecto a su residencia en Baja California.
Además, los inconformes destacaron el hecho de que fue el aspirante peor evaluado de la lista enviada al Poder Legislativo, y con un resultado muy inferior al primero de la lista. También recordaron que su elección se llevó a cabo a través de votación por cédula, por lo que no hubo necesidad de justificar la designación de dicho perfil.
En voz de Fiorentini Cañedo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) e integrante del Comité de Evaluación, los diputados “mandaron al diablo” el trabajo realizado por los ciudadanos que regalaron su tiempo y esfuerzo, con el objetivo de obtener un sistema anticorrupción verdaderamente independiente.
EL PEOR EVALUADO
El trabajo de dos años y los intensos jaloneos para sacar adelante cada punto del Sistema Estatal Anticorrupción, terminan con un mal sabor de boca en la primera designación importante, o al menos esto considera Francisco Fiorentini Cañedo, uno de los empresarios más activos desde que surgió el tema a nivel nacional.
“Fue un arduo trabajo el del Comité Ciudadano Evaluador, definir los perfiles, criterios y todo lo referente al proceso de evaluación de los 12 aspirantes, de los cuales desistió la mitad, dijo.
Iván Curiel Villaseñor
El comité evaluador conformado por tres diputados y cuatro ciudadanos, entre ellos Fiorentini Cañedo, revisó experiencia, currículum del aspirante, su perfil y su desempeño en la entrevista. A través de estos puntos definían qué calificación final quedaría para cada aspirante, resultando el doctor Raúl Ballestero Gutiérrez Rubio, con 139 puntos; seguido de la licenciada Victoria Eugenia Guerrero Urquidez, con 133; Curiel Villaseñor apenas alcanzó 76.
Se buscaba un perfil experto en administración de justicia, con experiencia probada en temas administrativos y amplio conocimiento respaldado de manera práctica y académica, lo cual era perfecto para Ballesteros, quien era secretario de Acuerdos en un Juzgado federal.
El ex presidente de Coparmex consideró que Ballesteros Gutiérrez Rubio tiene amplia experiencia en administración de justicia, además de cumplir con el perfil en su totalidad, mientras que Guerrero Urquidez deslumbró con su desempeño en la entrevista. Sin embargo, los diputados optaron por alguien que obtuvo casi la mitad de su calificación.
Desde el primer momento, Fiorentini Cañedo se dio cuenta que Curiel Villaseñor no podía ser electo, pues, pese a que dijo residir en Tijuana, aseguró desempeñar su profesión -director general de Quejas y Reclamaciones de la Procuraduría Federal del Contribuyente hasta diciembre de 2018- en Ciudad de México.
La convocatoria era clara al referir que el magistrado tendría que comprobar residencia de diez años consecutivos en Baja California al día de la designación. Aunque consideraron desechar su aspiración, el comité evaluador decidió no hacerlo, ya que temían que pudiera ampararse y retrasar la selección de manera intencional, por lo que simplemente lo castigaron en su evaluación.
Jamás se imaginaron que Curiel Villaseñor alcanzaría 19 de los 17 votos necesarios, mientras que Victoria Eugenia Guerrero obtuvo dos, mientras que María Luisa García Serrano y Raúl Ballesteros Gutiérrez Rubio -el mejor evaluado- apenas lograron un voto.
El presidente de la Coparmex en Mexicali, Ernesto Elorduy, calificó de lamentable que legisladores prácticamente hubieran usado de “adorno” al comité evaluador, pues, pese al resultado de especialistas, prevalecieron los intereses políticos.
BUSCAN IMPUGNACIÓN ANTE EL CONGRESO
Aunque el presidente de Coparmex considera en una primera instancia que no hay mecanismos de impugnación sobre el tema, Francisco Fiorentini anunció que pretenden impugnar ante el mismo Congreso del Estado la decisión, argumentando que Curiel Villaseñor no cumple con el requisito de residencia.
Fiorentini Cañedo aseveró que no pueden lucir como “dama de compañía” ante un tema tan necesario que requiere la participación de la ciudadanía, sobre todo en estos momentos que prácticamente “está la mesa servida”.
El jueves 16 de mayo presentaron un recurso de impugnación ante el Congreso del Estado, el cual se fundamenta en un documento entregado al Comité de Evaluación un día antes, el miércoles 15. Se trata del acta de divorcio de Curiel en la cual se mencionan dos residencias, el lugar de convivencia con sus hijos y otra personal, ambas ubicadas en la colonia Del Valle Centro, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 de la Ciudad de México. Un requisito para divorciarse en una entidad es comprobar la residencia.
El también empresario comentó que su intención no es tomar atribuciones del Poder Legislativo, pero sí que la ciudadanía sea tomada en cuenta en estas decisiones. Fiorentini Cañedo reiteró que no es nada en contra de Curiel Villaseñor, pues no es una persona intelectualmente inferior al resto y su currículum no es malo, pero para ser congruentes, se debe elegir al mejor perfil.
“Yo no me explico, el PRI y el PAN fueron en coalición para ese tema, ¿negociaron lo del magistrado? No sé, pero eligieron al sexto de seis, y cuando te van a operar el corazón y te ponen una lista a los doctores del mejor al peor, no elegirás al peor, ¿qué vamos a hacer? no lo sé”.
ES EL CANDIDATO CON EL QUE SE LOGRÓ CONSENSO: DE LA ROSA
Por su parte, el diputado Andrés de la Rosa Anaya, no tuvo inconveniente en referir que Curiel Villaseñor fue el único aspirante que obtuvo consenso por parte de la mayoría de las fuerzas políticas en el pleno.
Comentó que el magistrado no es una persona inexperta en el tema, y aunque se hizo una evaluación, al final el acuerdo decayó en esta persona, por lo que ahora queda revisar su desempeño y calificarlo por su trabajo.
Sobre los motivos que tuvieron para elegir al peor evaluador, De la Rosa Anaya expresó: “Reitero, es una cuestión de acuerdos y consensos, el acuerdo en una mayoría calificada, ocupábamos 17 votos y en esa persona recayeron los 17 votos”, mientras aseguraba que al momento de evaluar los perfiles, no se tenía información documentada sobre el incumplimiento de residencia en Baja California, o de la amistad que tenía con los diputados priistas, por lo que procedieron con lo que tenían en mano.
CURIEL VILLASEÑOR ES MI AMIGO: ARREGUI
Aunque reconoció que Iván José Curiel Villaseñor es su amigo, que fueron compañeros de universidad y ambos son abogados, para el diputado Alejandro
Se judicializa la Fiscalía General
En medio de la efervescencia electoral, dos fuerzas políticas del Congreso del Estado se enfrentan por una de las posiciones más importantes: la titularidad de la Fiscalía General.
El apuro de los diputados panistas es nombrar al próximo fiscal general antes del término de la Legislatura, pues el panorama político es bastante lúgubre, mientras Movimiento
Regeneración Nacional y sus aliados, pretenden retrasarlo hasta el arribo de la próxima Legislatura, donde estiman que podrían tener mayoría.
Ante esta situación, el 13 de mayo, el Juez Tercero de Distrito especializado en materia de amparos, con sede en Tijuana, otorgó una suspensión provisional a la diputada Victoria Bentley Duarte, derivada de la demanda de amparo 382-2019-VI-B, con la que pretendía “frenar” el proceso legislativo que reforma la Constitución y crea la Fiscalía, que en bien último tiene como intención nombrar a su titular.
Los argumentos para solicitar el amparo fueron que la dictaminación de esta reforma constitucional tenía que realizarse en Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, según lo ordenado en una sesión de pleno del mes de marzo, por la propia presidencia del Congreso. La última Comisión mencionada era entonces era presidida por Bentley.
Tras su salida del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el proceso se complicó, por lo que con la nueva presidencia, encabezada por el priista Benjamín Gómez Macías, se emitió un oficio para que solo la Comisión de Gobernación se encargara del tema.
Esto, a juicio de Bentley Duarte, es un hecho irregular que viola el proceso legislativo. Además, arguyó que existe un transitorio en dicho dictamen que pretende omitir la publicación en el Diario Oficial del Estado para poder emitir la convocatoria, lo que es un hecho irregular que puede ser combatido vía amparo.
Bajo el argumento de Victoria Bentley, la reforma no podría enviarse a los ayuntamientos para su estudio, ni promulgarse en el Periódico Oficial.
Sin embargo, el diputado Andrés de la Rosa Anaya difiere con lo anterior y, al ser cuestionado sobre la suspensión provisional, dijo que sus alcances no son los que presumió su contraparte, pues si bien impide emitir una convocatoria y elegir a un fiscal, el proceso permite que el acuerdo sea enviado a los cabildos y su publicación en el Diario Oficial, por lo que continuarán con el proceso hasta la última instancia.
De la Rosa Anaya aseveró que el tema ya fue politizado por la legisladora y su grupo parlamentario, quienes pretenden dilatar el proceso lo más posible, con la intención de que trascienda más allá de esta Legislatura.
Será hasta el 11 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia ante el Juzgado federal, donde se determinará si se otorga la suspensión definitiva o se revoca la medida cautelar. Eduardo Villa Lugo
Arregui es un acto tendencioso tratar de afectar la imagen de un abogado cuya trayectoria es respetable, con dichos como los vertidos por integrantes del Comité de Evaluación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Agregó que Curiel Villaseñor fue nombrado apto por el propio Comité, pues lo consideró dentro de la misma terna, además, su designación fue de 19 diputados y no solo de Bernardo Padilla y él, por lo que minimizó los señalamientos.
De igual manera, cuestionó el método de evaluación de los representantes honorarios, pues pese a su trayectoria, le otorgaron la calificación más baja de los aspirantes.
AUMENTARÁN LA PRESIÓN
Tanto Fiorentini como Elorduy, afirmaron tener aprendizaje sobre el tema, pues aparte de señalar esta irregularidad, estarán más atentos en las próximas designaciones, como lo son el fiscal anticorrupción, el auditor y los integrantes de los órganos de control interno de cada institución.
La intención es que los próximos nombramientos no sean tomados a la ligera y se logre obtener a los mejores perfiles, por encima de los “compadrazgos” que tan difícil ha sido erradicar.
La siguiente designación es el fiscal anticorrupción, cuya elección debe darse 30 días después del nombramiento del fiscal general, el cual forma parte importante en los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque no pertenezca directamente a este.
