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martes, febrero 20, 2024
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Las OSC como subsidiarias del Estado

En febrero de 2019, a dos meses de iniciado su gobierno, Andrés Manuel López Obrador anunció el cese de recursos para las organizaciones de la sociedad civil. El argumento: que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos.

Entre los recortes, está el realizado al presupuesto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, lo que generó críticas instantáneas no sólo de parte de la población afectada, sino de especialistas. A través de este programa, el cual es reconocido por la ONU, se destinaban subsidios de 950 pesos para los servicios de cuidado y atención infantil. Para el año en curso, las estancias infantiles reciben sólo la mitad, pues en el presupuesto de egresos se destinaron 2 mil 41 millones de pesos para este programa, un 50 por ciento menos de los 4 mil 700 millones erogados en 2018.


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Esta semana, el presidente justificó que se hayan dejado de entregar 6 mil 200 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil, señalando presuntos actos de corrupción. Después matizó al aclarar que “no todas son iguales y que podrían analizarse algunos casos”.

Dicho planteamiento, tuvo en el mismo mes de febrero una respuesta enérgica de parte de 92 organizaciones ciudadanas.

En un pronunciamiento público las OSC calificaron la medida gubernamental como “equivocada e injusta en apreciación y generalización”. Al mismo tiempo que coincidieron que los actos de corrupción deben ser sancionados, independientemente de donde se susciten, enfatizaron que la historia de la ciudadanía organizada ha dejado más evidencia de una lucha por el bien común, una defensa activa y participativa de los derechos humanos, así como una presencia crítica que aboga por gobiernos que sirvan a la población.


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Otro pronunciamiento importante fue el hecho esta misma semana por parte de las integrantes del Consejo Social y Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes advierten un error en la retención de 86 millones de pesos destinados a financiar a organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las mujeres, por medio del fondo Proequidad.

Precisan además que el programa está sustentando legalmente en las leyes nacionales y en acuerdos internacionales firmados por México, aunado a las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), dirigidas al Estado mexicano en 2018, por lo que modificar el Proequidad en cualquiera de sus términos provocaría que el Instituto incurriera en la ilegalidad porque de acuerdo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, uno de sus mandatos es la promoción de la participación de las organizaciones civiles y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales reconoce la facultad de que los organismos manejen y eroguen sus programas y recursos propios.

Ante una realidad compleja y dinámica como la que se vive en México, es innegable que las OSC han realizado un gran aporte a las transformaciones sociales como las transiciones hacia la democracia, reformas políticas, han incidido en la política pública y en la legislación y, sobre todo, en el reconocimiento de los derechos humanos, principalmente a los grupos en contexto de mayor vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, población LGBTI, personas en contexto de movilidad y personas en situación de calle.

Mi participación, desde la adolescencia, en la defensa y promoción de los derechos humanos me ha permitido comprobar que en Baja California existe una amplia trayectoria de la sociedad civil organizada como subsidiaria de las obligaciones del gobierno. Como ejemplo, basta recordar la participación de estas organizaciones en las situaciones migratorias extraordinarias registradas en 2016 y 2018, sin la cual los tres órdenes de gobierno difícilmente hubieran podido hacer frente a estos fenómenos.

Hoy en día las organizaciones de la sociedad civil requieren, en vez del descrédito y el recorte a sus presupuestos, el reconocimiento y el respaldo, para seguir desempeñando una labor indispensable para acotar la brecha de desigualdades y que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Recordemos que gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y su participación en la gobernanza es que hoy se reconocen más derechos, incluyendo el de la libertad de expresión.

 

Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com

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Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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