La sociedad bajacaliforniana, harta y cansada de muchos males que le acompañan desde hace tiempo, pide a gritos ser salvada. En momentos coyunturales y de decisiones de gran trascendencia, parece que se escuchan gritos de auxilio al mismo tiempo que discursos que prometen paz, bienestar y justicia (o venganza).
Pareciera que la sociedad suplica ser salvada de males que vienen de “fuera”. Muchas personas se encuentran desesperadas ante los constantes embates de las violencias, incluida la violencia de género. Evidentemente la población se cansa, se enoja y se desespera de que le roben el tanque de gas, el carro, su habitación o una propiedad, su libertad, su tranquilidad, así como que priven de la vida a tantas personas cada semana.
Resulta alarmante, independientemente de los intentos de justificar esas muertes con la relación a la delincuencia organizada, que hombres y mujeres, de diferentes edades, se reporten como “no localizadas”. Esto también abona a la angustia social.
La impunidad en más del 90% de los delitos generaliza la sensación de impotencia y de escaso acceso a la justicia.
Ante este panorama pareciera que antes que buscar respuestas sustentadas en un análisis científico y con perspectiva de derechos humanos, se formulan soluciones con base a fórmulas antiguas que, sexenio tras sexenio, han demostrado su ineficiencia.
En 1999 el entonces presidente Ernesto Zedillo publicó la ley para la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), como parte de la Secretaría de Gobernación. Este cuerpo policial tenía facultades y atribuciones de prevención integrando en un solo organismo a las antiguas policías federales de caminos, fiscal y de migración.
Durante el siguiente sexenio, Vicente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública, separando a la Segob de estas labores, y aglutinando a la PFP con el sistema penitenciario mexicano.
En 2009, Felipe Calderón publicó una nueva ley que ampliaba las facultades de la Policía Federal a las de investigación, bajo el argumento de que era necesario contar con un brazo operativo en la lucha contra la delincuencia organizada, ante el alarmante incremento de violencia, secuestros y casos de corrupción y complicidad de los elementos policiacos con grupos delictivos.
Lo anterior, sumado a la estrategia denominada “Guerra contra el Narcotráfico”, en la que también se contempló la participación de la milicia en las labores policiales, constituyó un momento crítico para la seguridad dentro del territorio nacional, además de que polarizó más a la ciudadanía en una lucha entre “buenos y malos”.
Los resultados de esta estrategia han sido catastróficos. Durante el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron más de 120 mil homicidios. Durante el de Enrique Peña Nieto más de 150 mil. Y durante el primer trimestre del gobierno federal actual esta cifra se mantiene a la alza.
Pero ya antes, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1989, fue creado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), institución de inteligencia civil adscrito a la Secretaría de Gobernación, encargado principalmente de labores de espionaje y represión política bajo la justificación de preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Bajo estas tónicas, el gran pendiente de las instituciones no sólo ha sido la incapacidad del Estado para mantener la paz social en territorio nacional, sino el apego a los derechos humanos en el actuar de las corporaciones.
Estas lecciones de la historia no han sido han sido aprovechadas por el actual gobierno federal, por el contrario, con la creación de la Guardia Nacional y con la consecuente militarización de las acciones de seguridad, se sigue una ruta que cada vez demuestra más sus deficiencias.
Es importante recordar que entre 2000 y 2018, fueron interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) más de 24 mil quejas relacionadas a detenciones arbitrarias y tratos crueles o degradantes.
Si revisamos a detalle la historia, parece que a todos los gobiernos les ha resultado atractivo crear superestructuras federales y anunciarlas como la panacea contra los males sociales, adoptar posturas mesiánicas y hacernos voltear para afuera y para “arriba”, lo que nos ha alejado de revisar lo que hay adentro, de nuestras sociedades y de nuestras propias psiques. Las causas son endógenas, los “males” no vienen de otro planeta.
Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
