Los presidentes de la Coparmex en Mexicali, Tijuana y Ensenada solicitaron al Congreso del Estado abrir un juicio político a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado Baja California Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores por in-aplicar el artículo 8vo transitorio del decreto 112, en el que quedó establecido que el periodo gubernamental de Baja California a entrar en vigor en 2019 sería de dos años.
A decir de los líderes empresariales, a saber: Ernesto Elorduy Blackaller, Roberto Rosas Jiménez y Marco Isaack Navarro Steck, los magistrados del TJEE, quienes el 7 de mayo fallaron a favor de un recurso interpuesto por el candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, con esa sentencia provocaron “un trastorno en el adecuado funcionamiento de la próxima elección” y generaron “incertidumbre jurídica respecto al periodo o duración de la Gubernatura del Estado”.
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La resolución del TJEE, por la que a diferencia de Loaiza Cervantes y Vargas Flores, la magistrada Elva Regina Jiménez votó en contra, arrojó que la siguiente gubernatura deberá extenderse del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2025.
A la demanda contra Leobardo Loaiza y Jaime Vargas, se sumaron por “propio derecho” Francisco José Fiorentini Cañedo, Rodrigo Llantada Ávila, Armando León Ptacnik, y Juan Manuel Hernández Niebla. En el documento de denuncia, los demandantes arguyeron que ambos magistrados violaron la Constitución Federal, así como la local y las leyes electorales.
Justificaron que los dos pueden ser sujetos de juicio político con base en los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones contempladas en la Constitución Política de Baja California, y las Leyes estatales del Tribunal de Justicia Electoral, de Responsabilidades Administrativas y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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También consideraron que “con su actuar”, los integrantes del TJEE atacaron al Congreso de la Unión lo mismo que a la Cámara de diputados local, en vista de que ambas instituciones “realizaron múltiples trabajos, invirtieron tiempos, esfuerzos, recursos públicos, como un sin fin de debates públicos para llegar a un consenso, que tuvo como fin lograr el empate de elecciones locales de los estados con las elecciones federales”, para lo cual el periodo gubernamental en cuestión quedó establecido en 2 años desde 2014 en virtud de las Reformas federal y local “en materia político electoral”.
En el documento dirigido al presidente de la XXII Legislatura de Baja California, Édgar Benjamín Gómez Macías, los empresarios solicitaron tener por interpuesta la denuncia de juicio político, emitir resolución que contemple sanciones de Ley correspondientes, así como dar vista al Agente del Ministerio Público correspondiente ya al Senado de la República.
