La puesta a consideración de una investigación a funcionarios y ex funcionarios que obtuvieron recursos para invertir en sus propiedades, fue rebatida por legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, quienes se opusieron a que la ASF y la SFP revisen los montos asignados
El sector vitivinícola conformó un consorcio junto con instituciones de ciencia y tecnología para resolver problemas que permitan a empresarios mejorar los procesos de producción de vino.
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Los vinicultores tienen necesidades relacionadas con la calidad del vino y en la uva, aunado a los procesos de producción, sobre todo para mejorar las condiciones de la tierra, alternativas para obtener agua y cambio climático.
Para ello establecerán la vinculación entre productores, ciudadanos y sector académico. Colaboran El Colegio de la Frontera Norte; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo; así como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
Norma Borrego, gerente del Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vinícolas, informó que se trata de un proyecto en tres etapas que iniciaron en 2018 para concluir en 2021.
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Una de las condiciones, es que los proyectos deben tener un bien común. Un centenar de productores del Valle de Guadalupe en Ensenada, Sonora, Querétaro y Coahuila, están interesados en aplicar estudios y desarrollar tecnología.
El edificio se construirá en un terreno donado por la productora Natalia Badán en Rancho El Mogor, en el corazón de la Ruta del Vino. El costo total del proyecto se estima en 30 millones de pesos.
SENADORES FRENAN INVESTIGACIÓN
Senadores de la República rechazaron la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicien una investigación a ex funcionarios que usaron dinero público para construir vinícolas propias en el Valle de Guadalupe.
El debate sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por ex servidores públicos, se abrió el 3 de abril de 2019, tras poner a consideración el dictamen proveniente del oficio DGPL-1P1A.- 4267, presentado el 27 de noviembre de 2018.
De acuerdo con el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, el propósito era que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, realizara una auditoría al Programa de Fomento a la Agricultura, así como a los recursos del Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo Compartido “en torno a las irregularidades detectadas en la asignación de recursos públicos a empresas propiedad de servidores públicos en el Valle de Guadalupe”.
El Valle de Guadalupe es considerado la región vinícola de México más importante con más de 90 bodegas. Tan solo este año, al Ayuntamiento de Ensenada han llegado solicitudes para la aprobación de fraccionamientos cuyas residencias alcanzarán un valor de hasta 2 millones de dólares.
Los servidores públicos que presumiblemente se sirvieron del dinero público para construir millonarios negocios, como se ha publicado en medios de comunicación son, en el caso de Ensenada, Wenceslao Martínez Santos, quien en la anterior Legislatura representó al Partido Acción Nacional (PAN) con la vinícola Relieve. También fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.
Desde que se dio a conocer el posible ilícito, en 2017, Wenceslao mencionó que no teme una investigación, ya que afirma, sí accedió a recursos económicos, pero no en calidad de diputado federal.
En el caso de la vinícola Hilo Negro, propiedad del ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, este no respondió a los señalamientos. Sin embargo, la vinícola que hasta el año pasado era privada, sorprendió que fue abierta al público en general.
Otro gran negocio que desde el inicio de su construcción estuvo en medio de un escándalo no solo por construir con dinero público, sino por organizar conciertos en zonas de conservación, es la vinícola El Cielo.
El dueño es Gustavo Ortega Joaquín, ex alcalde de Cozumel que hace un par de meses contrató a la empresa Lazos para mejorar la relación con los medios de comunicación en Baja California.
COMENZÓ LA “REBATINGA”
A inicios de abril se dio la apertura de distintas convocatorias para acceder a créditos de inversión, con un interés menor al 2 por ciento, sobre todo apoyos a fondo perdido.
En un comparativo con las convocatorias, los apoyos para los valles bajaron considerablemente y, de 5 millones que en otros años se otorgaban a fondo perdido, ahora son de 1.5 o medio millón de pesos.
Octavio, un productor en Francisco Zarco, habló sobre su experiencia en los últimos años con los apoyos a fondo perdido. Afirma que gestionar recursos económicos ante el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura y la Secretaría de Economía, es difícil porque él es un empresario común, sin “conectes” en el gobierno.
“Nosotros ya nos vamos por los programas grandes, de 5 millones para arriba, los demás no nos sirven porque la competencia es muy grande en el Valle”.
Describió que comenzó con un par de hectáreas sembradas, después vino el “boom” de las salas de degustación, cabañas y ahora el crecimiento le exige la construcción de un restaurante. Todo con dinero que le ha facilitado el gobierno a través de las diferentes convocatorias. Este año espera solicitar la misma cantidad de por lo menos 1.5 millones a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
ZETA consultó a Gabriel León, vocero a nivel nacional de la Sader, para conocer los candados que habrá en los programas federales para evitar ilícitos en el uso de recursos este año, pero no hay una estrategia.
MORENA LOS LLAMA “PAYASOS”
Durante el debate, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, quien firmó a favor del dictamen y posteriormente se retractó y sufragó en contra, tomó la tribuna y aclaró que no llamarán a investigación solo porque un medio de comunicación ventile un acto de corrupción “por un simple capricho, estoy de acuerdo que vengan y que se aclaren cosas que haya que dejar en claro, pero digo que seamos más claros nosotros”.
Y planteó:
“¿Qué cosas queremos saber? Con contundencia, pruebas, porque lo que estoy viendo en realidad en esta (sesión) es una oposición tóxica, pues nomás están fregando, así nomás de estar fregando”.
Después reclamó a la oposición tener mala actitud, tachándolos de “payasitos”: “Se trata de una minoría que perdió el 1 de junio que ahora nos quiere dar clases”
El representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo un llamado a la congruencia, “que no es otra cosa que seguirle abonando a las buenas prácticas de transparencia”.
Por su parte, el legislador Clemente Castañeda opinó:
“El voto en contra de que se investigue el posible mal uso del recurso público, es también un voto en contra de la transparencia y la rendición de cuentas”.
El rechazo a este exhorto por parte del grupo mayoritario de Morena en el Senado, fue un acto de incongruencia a una lucha que presumen dar contra la corrupción y la impunidad.
En el análisis y discusión, dijo, se consiguió el consenso y aprobación del dictamen con los senadores de los diferentes grupos parlamentarios.
Independientemente del rechazo de la mayoría, esperarán que las instancias involucradas, como la ASF y SFP, hagan su trabajo y deslinden responsabilidades sobre estos actos.
“Era hacer una investigación al gobierno anterior, ni siquiera de este gobierno por presuntos desvíos de recursos documentados en medios de comunicación y malversación de recursos, sin ningún argumento lo votaron en contra”, subrayó.
VACÍAN OFICINAS DE EMPRENDEDORES
La ventanilla de apoyos productivos de la SE, cerró en Ensenada. Una asesora financiera aceptó revelar información sobre lo que está sucediendo con los fondos en el Valle de Guadalupe, a cambio de reservar su identidad.
Según la fuente, a finales de diciembre de 2018 se enteraron que las políticas cambiarían.
Añadió que en años anteriores sus clientes, a quienes ayudaban a conseguir créditos y apoyos económicos a fondo perdido, les ponían “las mil y un trabas” para recibir los trámites.
“Para nosotros no había posibilidades casi, nos decían que la convocatoria solo se abrió una hora y en ese lapso permitimos la posibilidad de participar, o entregamos el proyecto y nos decían que el dinero de la bolsa se había acabado”, describió.
Una de las irregularidades que más afectó el trabajo de los llamados gestores de proyectos, fue que llegaron a meterlos sin recibir apoyo, pero meses después encontraron el mismo proyecto con nombres cambiados.
“De la Secretaría de Economía metían los apoyos y cobraban por ellos”, recordó, para finalmente declarar que, si bien creyó que su trabajo como gestora acabaría, lo que ha encontrado son más oficinas vacías tanto la SE, como de Sader y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.
