El 31 de marzo iniciaron las campañas a gobernador en Baja California y los electores no la tienen fácil. Como pocas veces en la historia reciente del Estado, la vida pública – inexistente o liosa- de los candidatos o de sus partidos, la falta de congruencia, los señalamientos con y sin pruebas de uno contra otro, dificultan terriblemente la decisión de por quién votar.
Tratándose de diputados y alcaldes, las peticiones oficiales del voto iniciarán el lunes 15 de abril, en estos casos se estrenará la posibilidad de reelección legislada y aprobada con la intención de “dar continuidad a los proyectos”, obligar a estos funcionarios electos a “no desvincularse de sus votantes” y a “rendir cuentas” para ser premiados repitiendo en el encargo o castigados por el sufragio en contra.
Sin embargo, los antecedentes, la autoridad moral, la fuerza política, la rendición de cuentas, la no vinculación con las necesidades de la sociedad, las acciones de gobierno concretadas para favorecer a su gobernador, su partido o bolsillos de varios de estos personajes que pretenden permanecer, tampoco despiertan el entusiasmo ni invitan a la participación ciudadana.
Empezando por un puñado de diputados de mayoría -y partidos o diputados satélites- que han usado sus puestos para apoyar incondicionalmente al gobernador para endeudar al Estado y pervertir el modelo de las Asociaciones Público Privadas, convirtiéndoles en negocios que hipotecan el futuro bajacaliforniano. Y como el partido en el poder que los antecedió y tanto criticaron, han degenerado el sistema democrático basado en la división de poderes.
Continuando con alcaldes y regidores de los que habrá que preguntarse e investigar, ¿por qué usaron dinero público y asignaron contratos de obra directamente en lugar de concursar?, ¿por qué contrataron y pagaron millones a despachos externos para hacer su trabajo?, ¿por qué no investigaron los desvíos de recursos de los antecesores del mismo partido y recuperaron recursos públicos?, ¿por qué publicaron concursos a modo?, ¿por qué aprobaron el gasto de millones de pesos del erario en la renta de equipo que sale más barato comprado, o resulta menos oneroso si se adquiere en empresas que no son de sus amigos?, en estos casos ¿fue realmente la ciudadanía la más beneficiada?.
Para los representantes de Movimiento Regeneración Nacional, pareciera que da lo mismo si hay o no elecciones, ellos consideran que ya la hicieron, y por eso a los oportunistas propios, empresarios y políticos de derecha que repentinamente se convirtieron a la izquierda, se sumaron los del PT, Partido Verde y Transformemos.
Los morenistas bajacalifornianos le siguen apostando a la aceptación y popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador que incrementó en los primeros 100 días de sus gestión.
Consulta Mitofsky, la encuestadora más conservadora, asegura que su aprobación creció de 62.6 a 67.1 por ciento, en tanto otras publicaron cifras más altas que llegaron al 78, 85 y 86%. Tan es así que en la primera fase de su campaña en radio, solo destacaron las bondades de Morena. Como si los antecedentes, la experiencia, el perfil, las virtudes y los defectos de sus candidatos no fueran relevantes. En el mensaje parece ser que no habrá división de poderes, todos serán uno con el Presidente. En la segunda semana ya mencionaron al candidato Jaime Bonilla.
En el imaginario popular, el más cercano competidor de quienes iniciaron campañas como rémoras de López Obrador, asegurando que representan los mismos valores y convicciones, serían los candidatos de Acción Nacional, institución actualmente en el poder, sin embargo, su candidato a la titularidad del Estado, Óscar Vega Marín ya se dio cuenta que imitar anuncios publicitarios conocidos y bailar al ritmo de “Ni Parientes Somos” no ha sido suficiente para deslindarse de la sombra de corrupción y desgaste que le han generado los más recientes representantes y gobernantes del partido blanquiazul.
Detrás de ellos, con la derrota a cuestas, un PRI debilitado que en la pasada elección logró apenas poco más de 94 mil votos presidenciales, y su candidato Enrique Acosta Fregoso con una imagen impactada por su labor como abogado en litigios relacionados con ventas terrenos y de autos, y la defensa de criminales que ciertamente por Ley, tienen derecho a un abogado.
Igualmente se está sometiendo al escrutinio popular en la contienda, el ex priista, ex perredista y no sabemos si ex morenista -porque sigue hablando de ese partido- Jaime Martínez Veloz, quien regresó a Tijuana seis años después de trabajar fuera, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y al no ser favorecido en el partido guinda con la candidatura a la alcaldía de Tijuana, decidió regresar al PRD y lanzarse por la gubernatura.
También se registraron el ex alcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, quien repite que “siempre seré panista” y, aunque renunció a ese partido en 2014, va por Movimiento Ciudadano, y antes compitió por el PBC. Y el contador, empresario y alpinista Ignacio Anaya Barriguete, quien fue candidato del PVEM en la última elección y hoy representa al Partido de Baja California.
Ahí están, las ofertas son variadas, las buenas y malas experiencias en el Estado han demostrado que no se trata solo de partidos. Que los candidatos, sus antecedentes y sus resultados sí importan.
Los partidos eligieron y, de acuerdo a las leyes existentes, es lo que hay: candidatos buenos-malos, con defectos y virtudes, por lo que los electores participativos están más obligados que nunca a analizar, discernir más allá de descalificaciones y señalamientos.
Ahora andan en la calle como nunca volverán a hacerlo de ser electos, entonces, si los escuchan criticando algo, pregunten cómo lo harían ellos mejor, si ofrecen servicios gratuitos, que digan de dónde saldrá el dinero. No los dejen reciclar promesas, no permitan campañas huecas. Oblíguenlos a que se comprometan con todos los sectores, porque no pueden gobernar solo para los pobres o los ricos, no pueden proteger a unos peces y dejar morir a los pescadores.
Si existe, hay que pugnar por un candidato que ofrezca y pueda cumplir, en dos años, con un equilibrio que genere crecimiento, que obligue a los funcionarios que han saqueado al erario a regresar el dinero, que tenga propuestas concretas y la capacidad para sentar las bases del combate local a la impunidad y la corrupción, principales obstáculos del desarrollo.
Como electores, los bajacalifornianos tenemos de aquí al 29 de mayo para encontrarlos y votarlos el 2 de junio.
