Desde agosto de 2018, CachanillaZ ha intentado tener acceso a los comprobantes de gastos de los 25 diputados del Congreso del Estado, como lo son de comidas, viajes, combustible, reparación de vehículos… en fin, todo lo que le hayan cargado al erario, y que finalmente se cubre con recursos públicos.
La solicitud de transparencia con folio UT/263/2019, realizada por esta casa editorial, requería copias digitales de los gastos facturados por los legisladores durante los primeros ocho meses del año. La primera respuesta fue sorpresiva, pues el documento firmado por la titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, Yabneth Leyva Flores, señalaba que la institución no contaba con recursos económicos para facilitar las 85 mil 512 fojas que conformaban la respuesta.
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Como ya se ha vuelto costumbre, CachanillaZ interpuso un recurso de revisión y, tras varios meses de análisis, los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) dieron la razón a la parte recurrente y exigieron al Poder Legislativo entregar los documentos relativos a la solicitud, reclamando que era información pública que debía estar en la página de internet. Aunado a que actualmente todos los negocios expiden facturas electrónicas.
Dicha resolución se firmó el 12 de marzo, y el 8 de abril, funcionarios del Poder Legislativo respondieron con otro intento de bloqueo a la información. La propia Leyva Flores indicó que por la excesiva cantidad de fojas, se verían en la necesidad de mostrar la documentación física en las instalaciones del Congreso y adelantó que bajo ninguna circunstancia podría acudir con equipo telefónico, cámara o cualquier medio que permitiera obtener una copia del documento.
Afortunadamente -léase con el mayor grado de sarcasmo posible- en el Poder Legislativo fueron piadosos, pues señalaron que podrían facilitar un total de veinte copias -de las 85 mil- para su revisión fuera del recinto.
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El oscurantismo con el que pretenden mantener esta información los diputados es evidente, pues dichos documentos deberían ser públicos de oficio y para consulta fácil. Estar disponibles para su revisión en la página electrónica. Además, la cantidad de facturas referida es notoriamente elevada.
Fuentes del Congreso del Estado señalaron que varios legisladores no quieren que se hagan públicos sus excesivos gastos con cargo al erario. Uno de ellos, al parecer contrató un equipo de asesores externo para realizar y analizar iniciativas de Ley, el cual cobró altos honorarios por un trabajo que no quedó justificado o evidenciado.
Dagal se niega a inspecciones
El alcalde suplente de Mexicali, Guillermo Galván Sariñana, es propietario, junto con varios integrantes de su familia, de la empresa gasolinera Dagal, SA de CV, inscrita como proveedora del Ayuntamiento, aunque se debe reconocer que no se ha detectado que tenga contratos vigentes con la administración.
Lo que sí puede comprobarse, es que el Gobierno Federal cuenta con un registro de estaciones de combustible, las cuales son inspeccionadas periódicamente por la Procuraduría Federal del Consumidor, entre estas, la empresa del también ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali.
Foto: Cristian Torres/Guillermo Galván y detrás Gustavo, alcalde en funciones
En total se cuenta con registro de 18 estaciones pertenecientes al grupo Dagal, SA de CV tanto en la Capital bajacaliforniana como en San Luis Río Colorado, Sonora, y como una conducta sistemática, en ninguna de las gasolineras de su propiedad se ha permitido la inspección de las máquinas despachadoras para determinar si ofrecen litros completos.
El primer intento de la Procuraduría Federal del Consumidor por revisar su funcionamiento se llevó a cabo el 1 de junio de 2014, mientras que el último ocurrió el 12 de octubre de 2018; en todas prevalece el mismo mensaje: “El proveedor se negó a ser verificado”. Esperemos que la poca transparencia en la empresa privada del alcalde no se traslade a la administración pública.
IPES
Lo que parecía broma se concretó. El 9 de abril fue inaugurado el Instituto Palaquense de Estudios Superiores (IPES), que en cuatro meses podría convertirse en la Universidad Autónoma de Palaco (UAPA).
Con tres carreras a cursar -Derecho, Educación y Administración de Empresas- y otras tres que podrían incluirse en el próximo cuatrimestre, el IPES comenzará operaciones en próximos días. De carácter privado, según el legislador José Félix Arango, la institución educativa es más barata que la mayoría de las escuelas de paga, con un costo de inscripción de 500 pesos y de mil 500 por mensualidad.
Foto: Cristian Torres/José Félix Arango inaugurando el Instituto Palaquense de Educación Superior
El diputado panista, quien se deslindó de su ex socio palaquense Francisco Rueda Gómez, ha navegado por sus propios rumbos durante gran parte de su encargo como legislador, apoyando al gobernador u oponiendo resistencia, según convenga a sus intereses.
A la par de la Universidad de Palaco, Félix Arango pretende municipalizar la delegación González Ortega. En caso de reelegirse tendría tres años más para concretar esta iniciativa que sigue avanzando, al grado que ya ha tenido varias sesiones de trabajo en el Congreso del Estado, pese al rechazo de diversos sectores, entre ellos el del actual alcalde con licencia, Gustavo Sánchez Vázquez.
