Son cargos públicos con fines nobles, el comisionado estatal de los Derechos Humanos; el titular del órgano interno de la misma Comisión; el auditor superior del Estado; el fiscal especial en el Combate a la Corrupción; y el magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero todos están pendientes de resolverse por parte de los diputados que integran la XXII Legislatura de Baja California.
Pese a que existen plazos plasmados en leyes y reglamentos para iniciar los procesos de designación de estos cargos, los actuales legisladores han decidido obviarlos, retardarlos y pervertir el proceso legislativo. Empezar con las negociaciones internas que, como en ocasiones anteriores, responden a los intereses de sus partidos y no a las necesidades de la entidad y su gente.
En uno de los estados cuyo desaseo financiero provocó que el gobierno dejara de pagar sueldos en noviembre y diciembre 2018, con un secretario de Finanzas que no se deja ayudar por las organizaciones de profesionales ni da explicaciones, un secretario de Desarrollo Económico que beneficia sus negocios y un empresario exitoso pero como gobernador está ranqueado entre los peores cinco del país, los legisladores de mayoría panista están buscando un auditor y un fiscal anticorrupción, leales al grupo del actual mandatario Francisco Vega para que lo protejan, para aniquilar el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) antes de que empiece a funcionar.
Como se trata de decisiones de mayoría calificada, requieren 17 votos, y para lograrlo, del partido en el poder, con 13 diputados-votos, están negociando con las minorías lo que consideran migajas. Quieren designar el fiscal y el auditor, y a cambio entregarán la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al titular de su respectivo órgano interno.
Presionados por la opinión pública, recién iniciaron los trámites para las convocatorias de comisionado de Derechos Humanos y de auditor. En el caso de la ombudsperson -será electa por siete años sin posibilidad de reelección-, la Ley marca que deben comenzar seis meses antes que la comisionada Melba Olvera concluya su período, el 31 de mayo. Pero ellos decidieron empezar sólo con tres meses de antelación, según porque todavía alcanzan y sale rápido.
Tratándose del auditor – durará siete años en el encargo sin que proceda ratificación- , el retraso ha sido más prolongado porque Manuel Montenegro, quien fuera por cuatro años titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado -nombre anterior de la Auditoría-, renunció al puesto hace ya dos años y siete meses, el 2 de agosto de 2016. A partir de esa fecha quedó como responsable el sub-auditor, Carlos Padilla Villavicencio, como encargado de despacho. Los diputados dijeron que sería una decisión “temporal” que casi cumple un trienio sin que nadie los cuestione al respecto. Este funcionario, denunciado por el Partido Revolucionario Institucional, solicitó licencia el 20 de noviembre de 2018 y regresó el 20 de enero de 2019.
En el caso de los funcionarios anticorrupción, el magistrado que será electo para seis años en el encargo con posibilidad de ratificarse por hasta 12 años, y del fiscal que será seleccionado para un período de cuatro años con posibilidad de ratificarse hasta por un máximo de ocho años, la dilación en el inicio de los procesos de selección en estos casos, ha sido atribuida por los diputados de las comisiones implicadas, al sector empresarial. Aseguran que ellos sí están interesados en avanzar, pero los cuatro representantes ciudadanos que integran la “comisión especial” responsable de la selección para estos dos nombramientos han saboteado al no asistir a las convocatorias de los tres diputados que también participan.
De hecho, existen versiones al interior del Congreso que consideran que la falta de respuesta de los consejeros ciudadanos de la comisión especial, ha sido para impedir que esta Legislatura de mayoría panista imponga su voluntad, con la idea de que sea un Congreso con una conformación partidista diferente la que decida estos nombramientos coyunturales.
Sin embargo, más allá de las sesiones formales donde se deciden los requisitos y formatos de las convocatorias, se están desarrollando esas otras reuniones y negociaciones menos transparentes, los integrantes de la XXII legislaturas están envileciendo de nuevo los procesos de designación.
Todavía no hay aspirantes oficiales, no ven currículums ni conocen merecimientos, desconocen cuáles serán los más probos, los perfiles más confiables, la persona con menos intereses externos, los más capaces para la investigación y persecución de delitos y violaciones a derechos humanos, pero ya quieren repartir por partidos.
Bajo estas condiciones, de nuevo será responsabilidad de la ciudadanía tratar de impedir que los legisladores vicien las designaciones. Ya sean las organizaciones civiles presentándose a las comisiones para atestiguar el correcto análisis de los convocados, o los consejeros ciudadanos integrados a las mencionadas “comisiones especiales” impidiendo que los utilicen para legitimar decisiones partidistas. Al final se trata de encontrar a las personas capaces de perseguir y castigar a los corruptos.
Porque si se permite nuevamente que el partido con más votos -propios y comprados- sea el que elija a su conveniencia a los responsables de cuidar el manejo correcto de los recursos y de paso entregue como moneda de cambio la defensoría de los derechos humanos, las reformas y sistemas anticorrupción serán dinero, tiempo y tinta tirada a la basura, mientras Baja California seguirá descendiendo en el tobogán de la corrupción que frena el crecimiento y desarrollo de su sociedad.
