Durante un motín de niños y adolescentes ocurrido el domingo 10 de marzo, dos jóvenes de entre 15 y 16 años escaparon del albergue temporal del DIF Estatal de Tijuana, y hasta el cierre de edición no habían sido localizadas por parte de las autoridades.
María del Carmen Sánchez Arias, coordinadora estatal de la Procuraduría para la Defensa del Menor y de la Familia, relató que el domingo se reportó alrededor de las 7 de la tarde una situación de mal comportamiento entre un grupo de 15 menores entre los 11 y 17 años, que se amotinaron de tal manera, que solicitaron apoyo a la Policía Municipal para contener la situación.
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“Estaban enojados, estaban gritando, estaban sin atender las instrucciones que les daba el personal de la institución para sus cuidados, y en lo que esto sucedía, pedimos el apoyo de la unidad de Bomberos porque había unas chicas en el techo intentando escapar”, declaró la funcionaria.
El motín fue a causa del hartazgo que tienen por estar ahí, sobre todo el de una menor que fue abandonada por sus padres de manera voluntaria desde un año atrás, y por querer regresar con sus familia creó revuelo con el resto de los jóvenes que tienen el mismo pesar, comentó.
“Ya que logramos contener la situación y hablar con ellos, uno nos manifestó que simplemente ya no quería estar ahí. Incluso se les cuestionó si estaban inconformes con los tratos o alimentos que se pudieran dar, pero dijeron que no, incluso me lo manejó como un berrinche”, dijo.
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En el motín cuatro jóvenes lograron escapar, pero sólo dos fueron capturadas, mientras una joven de 15 y otra de 16, lograron eludir a los oficiales y huyeron hacia la canalización del Río Tijuana que se encuentra a unas cuadras del lugar.
“Ellas estaban ingresadas en nuestro albergue temporal, una de ellas desde el 2017 y la otra en 2018, las dos son mexicanas. Y debo destacar que las dos son muy amigas, así pensamos que podrían estar juntas”, añadió Sánchez.
Una vez que se escaparon, el personal del DIF acudió al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) como marca el protocolo, para iniciar la búsqueda, además presentaron denuncias ante la agencia del Ministerio Público.
La funcionaria destacó que la adolescente de 16 años fue abandonada por sus padres en 2018, quienes regresaron a su natal Sinaloa sin proporcionar una manera de localizarlos. En el caso de la otra muchacha existe una denuncia pendiente en el Ministerio Público así como un proceso penal que no permiten su reintegración con la familia.
“La familia está notificada de la situación con esta menor. Sí existe una sensación de preocupación, y nosotros igual les hacemos saber a ellos que estamos llevando todos los procedimientos necesarios que podemos tener para su localización, incluso se les comenta que si ellos tienen conocimiento de algún lugar donde pudiera estar, que nos lo notifiquen para también hacer lo conducente”, dijo.
Sánchez Arias aclaró que el DIF no es un centro de tratamiento de los menores, existen reglas de seguridad y personal capacitado para su atención, sin embargo, cada menor tiene su historia y alcances distintos y lo que sucedió el 10 de marzo fue un evento extraordinario, fuera de lo cotidiano.
CEDH abre expediente de queja
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC) abrieron el expediente 1039/19 para investigar lo ocurrido en el albergue de DIF, sin embargo, personal del organismo declaró que es una de las instituciones que más quejas presenta.
En el 2018 se reportaron 49 quejas contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado; 29 de ellas en Tijuana, 11 en Mexicali, 6 en Ensenada, 2 en Playas de Rosarito y una en Tecate. En lo que va del 2019 se han registrado 12 quejas ante la institución; 5 en Tijuana, 4 en Mexicali, y 3 en Ensenada.
Los principales derechos vulnerados son el derecho a la seguridad jurídica, al trato digno, a la igualdad, a la integridad, a la seguridad personal; además, entre los hechos violatorios, se destacan acciones y omisiones que transgreden los derechos de los menores como prestar indebidamente el servicio público y separar al menor de sus padres de manera arbitraria.
