La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha adjudicado de manera directa sin licitación el 74 por ciento de los contratos; mientras que un 7 por ciento se han entregado por invitación restringida a un grupo determinado de empresas y sólo en el 18 por ciento ha habido un concurso público, según lo informó este jueves la organización no gubernamental Mexicanos con la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con base en información de Compranet, el portal de adquisiciones del Gobierno Federal.
A través de un comunicado, la ONG señaló que si bien saludan la intención del mandatario nacional de abatir la corrupción, la experiencia internacional indica que una de las formas de cerrar espacios a dicha práctica, es por medio de concursos transparentes y abiertos al escrutinio, tanto en proyectos de infraestructura como en compras gubernamentales. Asimismo, esta condición se encuentra establecida en la Constitución y en diversas leyes en materia da adquisición, arrendamiento, servicios y obras públicas.
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MCCI detalló que apenas el pasado 19 de marzo se llevó a cabo la adjudicación directa de tres contratos por un monto de 90 millones 870 mil pesos para la realización de los estudios de costo-beneficio, asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro del Tren Maya; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), instancia responsable de dicho proyecto, justificó esta decisión con el argumento de que tiene atribuciones legales para ello. Esto, advirtió, contraviene la norma y no es el único caso.
“En los 116 días que lleva este gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la constitución y sus principios –eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- y sus leyes secundarias”, indicó la ONG.
MCCI también mencionó en su reporte la adjudicación directa para la compra de 671 pipas por mil 765 millones de pesos a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas, por medio de una firma involucrada en la cuestionada obra de la Estela de Luz. La ONG recordó, además, la decisión de dejar en manos del Ejército la construcción y administración del proyecto aeroportuario de Santa Lucía.
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La organización abundó que para la construcción de la refinería de Dos Bocas se dispuso un mecanismo de invitación restringida a cuatro empresas que según investigaciones periodísticas, tienen en su haber investigaciones por corrupción. Asimismo, subrayó que la Secretaría de Energía, haya desdeñado los señalamientos al respecto aduciendo que “la selección no se hizo basada en que son la Madre Teresa de Calcuta, pues ninguna empresa constructora en el medio puede estar tan limpia”.
“Este patrón de comportamiento se ha justificado con base en argumentos ad hoc, de emergencia nacional, urgencia, prisa”, para sostener el ‘ritmo de la nueva estrategia del Gobierno por acelerar la producción nacional’ o, incluso, en la afirmación del Presidente de que actuamos de esta forma porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, capacidad económica y, sobre todo, que no sean empresas con dimensión ética”, concluyó MCCI.
