Resulta que en la campaña electoral de Baja California, los tres alcaldes panistas, Mirna Rincón por Rosarito, Gustavo Sánchez en Mexicali y Juan Manuel Gastélum en Tijuana, buscan la reelección consecutiva en sus cargos y prácticamente iniciaron sus campañas desde el 3 de enero, con anticipación, tranquilamente, con ventaja y sin problemas.
Lo hicieron gracias a la reforma política electoral que presentó precisamente el Partido Acción Nacional (PAN) en 2014, derivada del Pacto por México, y a las jurisprudencias emitidas en 2018 en salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales siguieron a impugnaciones promovidas por alcaldes de Sonora y el Estado de México que buscaron su relección en la jornada del 1 de julio.
Palabras más o menos, dictaminaron que los munícipes que quieran reelegirse “no están obligados a separarse (de sus cargos) 90 días antes del día la jornada electoral”, sólo les advirtieron que “…deberán observar los principios de equidad en la contienda y de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, a efecto de no obtener una ventaja”.
La exposición de motivos de la reforma política electoral panista, especifica que es básicamente como el modelo anglosajón, donde los relegibles no están obligados a retirarse de su cargo bajo ninguna circunstancia.
Sin embargo, a partir de la presión social, que acusó esta situación como éticamente incorrecta, “…el candado que se ha puesto en México y que pusimos también nosotros, es la autodeterminación de los partidos, que ajenos a los límites mínimos o máximos que te pongan las constituciones locales derivado de la federal, al disponer las reglas del juego en sus convocatorias, ellos deben decir ‘salte antes’, entonces se presentó la reserva de que abandone su puesto un día antes de que empiece la campaña”, recordó el diputado local priista Bernardo Padilla.
Además, advirtió que tanto la redacción de las leyes electorales, como las jurisprudencias, permiten a los candidatos que buscan la relección, continuar en sus encargos durante la campaña, con la posibilidad de impugnar incluso en el momento en que inicia la elección, “ahí ya es un tema de ética”, subrayó Padilla.
Menos pesimista, el líder el Partido de Baja California, Mario Favela Díaz, aseguró que si bien las reglas no son tan claras, eso no brinda a los reeleccionistas un salvoconducto, ni los justifica “de hacer actos de compaña abierta y descaradamente”.
El equipo de asesores y abogados pebecistas fueron convocados para analizar y detectar las acciones de los alcaldes que pudieran ser ilegales o incorrectas en campaña.
“Que se pongan hacer lo que no han hecho en casi tres años, que hayan guardado los recursos para gastarlos en esta época de campaña, que repentinamente empiecen con obras, inauguraciones y hablen del tema de la reelección”, ejemplificó.
A ese respecto, de la señora Rincón no se ha escuchado mucho. A diferencia del mexicalense Gustavo Sánchez, quien sí ha estado inusual y recientemente activo en los medios de comunicación. Primero anunció un programa de pavimentación de 43 colonias en Mexicali, y después de blindar la gestión de su amigo el ex alcalde panista Jaime Díaz (2010-2013), el 2 de febrero inhabilitaron a cinco ex funcionarios de ese ayuntamiento panista; dos de ellos deben regresar 2 millones 700 mil pesos por tratos irregulares con la empresa Grupo Racota. Lo curioso es que hace más de dos años, abrieron 22 carpetas de investigación a sus compañeros de partido, sólo han resuelto nueve casos y únicamente han sido inhabilitados seis directores.
Mientras un oportunista Gastélum, de plano tiene una deuda con los migrantes hondureños que lo revivieron políticamente en noviembre de 2018, cuando aprovechó para capitalizar la división del éxodo migrante ante las consecuencias negativas del éxodo de centroamericanos, con un discurso xenófobo que le funcionó y continúa explotando.
El político enfrentaba el desánimo social acumulado por casi dos años de un gobierno municipal incapaz de controlar la inseguridad, el servicio de recolección de basura, la carencia de luminarias con un impuesto al alumbrado -duplicado en costo- y esos recursos desviados al pago de rentas costosas por camiones recolectores y patrullas, pago de sueldo y gasto corriente, así como la asignación de recursos de manera directa a constructoras y organizaciones civiles de panistas.
Contratos similares al de 2 millones 600 mil pesos por siete meses de servicio, que su gobierno entregó a una empresa de difusión política en redes, a nombre de una ex empleada y con su hijo Juan Manuel Gastélum Rivera como representante.
En contextos diferenciados, el hecho es que llevan ventaja. Los tres panistas están disfrutando de tres meses y once días extra de campaña, y dado que no han sido los máximos representantes de valores éticos y morales, ahora se trata de cuidarles las manos para ayudarles a que resistan la tentación de politizar la aplicación de recursos. Después de todo, se trata de contribuir al respeto de los principios de equidad e imparcialidad.
Al final, la reelección de los panistas se trata de ganar con resultados. De que convenzan a la ciudadanía del éxito de los programas y políticas de sus gobiernos y del desarrollo social y éxito económico que éstos han generado, para que deseen y voten por la continuidad. Porque los creen capaces hacer en cinco años, lo que no han logrado en tres años.
