Los líderes de las principales empresas concesionarias del transporte público acusan al Ayuntamiento de Tijuana de permitir la prevalencia del desorden dentro de este servicio, afectando no solo a los prestadores sino también al propio usuario.
La mañana del miércoles 6 de febrero cientos de choferes, de taxis de ruta y taxis libres, suspendieron el servicio por unas horas para ser parte de una caravana que se trasladó desde la Tercera Etapa del Río Tijuana hasta las inmediaciones de Palacio Municipal.
La intención, de acuerdo con la declaración del líder transportista Baltazar Gómez, fue presionar a la autoridad para que prestara atención y resuelva las irregularidades que desde hace dos años están afectando al gremio.
“El mal más grande son las unidades irregulares, que calculamos andan en unas 3 mil 500 unidades. A parte de ser una competencia desleal, es ‘ruinosa’, porque nosotros cumplimos con todos los requisitos que marcan la ley y el reglamento”, señaló Gómez.
La mayoría de este tipo de unidades, explicó, son vehículos que no están importados, algunos con reporte de robo y tienen un número económico duplicado o clonado, no cuentan con un seguro y son usadas para cometer delitos como robo, violaciones o reparto de droga.
“Esto también afecta al usuario, porque ignora qué unidad es irregular o no. Muy poca gente se fija si el taxi trae placas, si el chofer trae gafete o seguro, ellos solo reconocen los colores de la unidad y se suben, poniéndose en un grave riesgo”, dijo.
La segunda irregularidad que consideran grave, es la supuesta preferencia que ha mostrado la autoridad municipal hacia empresas de transporte masivo como Altisa, 24 de febrero, Calfia, Calafia, Tijuanenses y Transportes Tijuana, al permitirles usar unidades tipo Urban que eran exclusivas para los taxis de ruta y bajar sus tarifas oficiales en varias rutas.
Al llegar a Palacio Municipal, los transportistas exigieron que el mismo alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, los atendiera, sin embargo éste se encontraba encabezando un evento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Fue entonces que aceptaron que Leopoldo Guerrero, secretario de Gobierno, y Daniel Rivera, secretario de Movilidad, los recibiera y por más de una hora mantuvieron una reunión en la que establecieron que a partir del lunes 11 de febrero iniciarían con mesas de trabajo presididas por el alcalde.
Tras finalizar la reunión, Leopoldo Guerrero explicó que en estas mesas de trabajo se van a revisar los resultados de los operativos que se han aplicado con la finalidad de regularizar al transporte público, también se aceptó un acuerdo para cambiar el esquema de taxi de sitio a taxi de ruta y descartó la invasión de rutas por parte del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
Al respecto del señalamiento que hacen contra el regidor Arnulfo Guerrero, presidente de la Comisión de Transporte dentro de Cabildo, de permitir que empresas del transporte masivo bajen sus tarifas, el Secretario de Gobierno expresó que “el dueño de la tienda puede decidir si quiere regalar su mercancía, tiene todo el derecho de hacerlo”.
“Lo que no puede hacer es, que si hay una tarifa establecida, no podrá elevarla más para allá. Pero tienen el derecho a hacer todos los descuentos que quieran”, añadió el funcionario
AUTORIDAD MUNICIPAL LLEVA DOS AÑOS SIN RESPETAR ACUERDOS
La expectativa de los líderes transportistas es que a partir del próximo 11 de febrero se aplique el orden en el servicio del transporte público, “no debe haber una reunión en la que salgamos sin soluciones para este problema”, declaró Gabriel Lemus, presidente del Frente Transportista de Tijuana.
Establecer mesas de trabajo para el reordenamiento del transporte y el compromiso de respetar los acuerdos que obtienen de éstas son dos situaciones que los transportistas exigen a la autoridad.
“Llevamos dos años en reuniones tras reuniones, y pues lo que vemos en las calles es que el desorden prevalece. Esto es precisamente porque no hubo respuesta a los acuerdos que sacamos de cada reunión”, expresó.
La manifestación realizada el pasado 6 de febrero, señaló, fue un ultimátum hacia la autoridad para que respete las fechas acordadas para darle solución a las irregularidades que persisten y que fueron denunciadas por los transportistas.
Las irregularidades señaladas son que la autoridad municipal permite la invasión de rutas por parte de empresas de transporte masivo que aprovechan la aplicación del esquema de “taxi de sitio”, que bajan sus tarifas sin regularización y utilizan vehículos que no corresponden a sus concesiones.
